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Hace 25 años, el presidente Carlos Menem decretaba los primeros cuatro indultos de una serie de diez que se completó en diciembre de 1990. En ellos eximió de responsabilidad penal a líderes militares no beneficiados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de 1987, a las cúpulas militares enjuiciadas en el Juicio a las Juntas de 1985, a los líderes del levantamiento carapintada de ese mismo año y a los ex líderes durante la guerra de Malvinas por los delitos en la conducción del conflicto. También fueron indultados líderes guerrilleros como Mario Firmenich y personas acusadas de “subversión” (incluyendo muertos y desaparecidos), además del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz por secuestro y torturas a los empresarios Guthein.

Los indultos se inscribieron en el contexto de la llamada “conciliación interepocal”, una lectura nacional del fin de la guerra fría y de la misma historia, según el historiador Francis Fukuyama. Esta conciliación se plasmó en gestos concretos, como los indultos, y otros simbólicos, entre ellos repatriar los restos de Juan Manuel Rosas (que descansan en Recoleta junto a su enemigo Sarmiento), compartir un palco oficial con Isaac Rojas (militar baluarte del antiperonismo y artífice de los bombardeos a Plaza de Mayo de 1955) o nombrar a una autopista Arturo Illia, presidente radical bajo la proscripción peronista.

Cuando fueron derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003, miembros del Poder Judicial comenzaron a declarar inconstitucionales los indultos: así lo hizo la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal de ese fuero, en 2006, y lo confirmó la Corte Suprema en 2010. De esta manera, las condenas anuladas por los indultos debían ser cumplidas efectivamente.