Infojus Noticias

La actividad en los tribunales federales de Retiro se concentrará desde febrero en el inicio de juicios orales de trascendencia: la causa AMIA y las iniciadas en esta feria judicial de enero, a raíz de los cortes de luz.

Para febrero y marzo, según informó la Agencia Telam, está programado el inicio de dos juicios orales que acapararán la atención en el reinicio de la actividad judicial: el de la represión policial del 2001 que precedió a la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa y el de la tragedia del tren de Once con 51 muertos en febrero de 2010.

El 24 de febrero el Tribunal Oral Federal 6 dará inicio al juicio al ex secretario de Seguridad de la Nacion, Enrique Mathov, al ex jefe de Policía Federal Rubén Santos y a otros ex miembros de jerarquía de esa fuerza por cinco homicidios de manifestantes en diciembre de 2001.

Y el Tribunal Oral Federal 2 estará a cargo del juicio por la tragedia del tren de Once que causó 51 muertos y tiene fecha de inicio prevista para el 18 de marzo, cuando se sentarán en el banquillo los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, los empresarios Cirigliano, ex directivos de TBA y el maquinista Marcos Córdoba, entre otros.

Para el 6 de febrero se programó el reinicio del juicio por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención ESMA durante la última dictadura cívico militar, que lleva más de un año y por el que ya pasaron 268 testigos ante el Tribunal Oral Federal 5.

En cuanto a causa judiciales, en febrero se activarán las denuncias presentadas en enero por los cortes de luz que afectaron a miles de personas, con la mira puesta en las empresas Edenor, Edesur y en autoridades del ENRE, luego de definirse qué juzgado quedará a cargo de todas las presentaciones.

También seguirá el desfile de testigos en la causa por supuestos delitos cometidos en el levantamiento d ela quiebra y venta de la ex Ciccone Calcográfica ante el juez federal Ariel Lijo.

La Cámara Federal de Casación resolvería en febrero un planteo de falta de acción del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, quien pide ser sobreseído en esta investigación por inexistencia de delito.

Por otra parte, en agenda de la Cámara Federal porteña está tratar -durante febrero- la apelación presentada por AMIA y DAIA a la decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien rechazó una acción de amparo contra la puesta en vigencia del memorandum de entendimiento entre Argentina e Irán por el atentado del 18 de julio de 1994 a la mutual judía.

La sala I del tribunal de apelaciones requirió ya a las partes que presenten sus argumentos, con miras a no demorar una decisión, explicaron fuentes judiciales.

En la causa central por el atentado, a fines de diciembre ese tribunal ratificó también que el procesado Carlos Telleldín debe ser sometido nuevamente a juicio por haber sido el último poseedor de la camioneta Trafic que según la causa se usó como cochebomba en Pasteur 633.

Ante esto Canicoba Corral debería ya dar por cerrada la instrucción y enviar el caso a un tribunal oral.

También en relación al ataque terrorista, que causó 85 muertos, el Tribunal Oral Federal 2 sigue en la búsqueda este año de un tercer juez para integrarse y encauzar el juicio por irregularidades en la pesquisa donde están acusados el ex presidente Carlos Menem, el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y ex funcionarios judiciales, entre otros.

En este proceso todas las partes hicieron sus pedidos de prueba pero no hubo ninguna decisión ante la falta de constitución del tribunal para el juicio que sigue sin fecha de inicio.

El juez federal Sebastián Casanello tiene a estudio la elevación a juicio de la causa donde está procesado el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri por presuntas "escuchas ilegales" a empresarios y legisladores, entre otros afectados.
También deberá resolver situaciones procesales de Leonardo Fariña y Federico Elaskar, los únicos indagados hasta el momento en la causa que investiga por presunto "lavado de dinero" al empresario santacruceño Lázaro Baez.

Otra causa que se reactivará en febrero es la abierta a fin de año por un supuesto pedido de sobornos al dueño de una "cueva" financiera de parte de policías en un procedimiento ordenado por el juzgado federal de Norberto Oyarbide.
La Cámara Federal porteña abrió un sumario al magistrado a raíz de la denuncia que aludió a uno de sus secretarios, Carlos Leiva.