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En la ciudad de Belén, a 300 kilómetros de  la capital de Catamarca, la familia Borda dormía después de festejar un cumpleaños familiar. Era la madrugada del 27 de enero de 1977 y en la casa de Lavalle al 100 se habían tirado colchones para hospedar a parientes. La “Yoli”, como le decían a Yolanda Borda, estudiante de Química en la Universidad Nacional de Tucumán y militante del Partido Revolucionario Trabajadores (PRT), pernoctaba en su habitación cuando sintió unos ruidos extraños. Creyó que habían entrado a robar. Un grupo de hombres, con las caras tapadas con medias, entró violentamente y apuntó a los familiares con armas largas. A los pocos minutos, después de preguntar los nombres de cada uno, encontraron a quien fueron a buscar. El reloj marcaba las 5.30 de la madrugada y Yolanda Borda, que estaba en pijama y descalza, fue secuestrada en un auto que esperaba en la puerta. Nunca más la volverían a ver.

El operativo fue uno de los blancos de inteligencia que los represores catamarqueños ejecutaron entre gallos y medianoches. Y forma parte, junto a otros hechos, del tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Catamarca, que empezó hace unos días. Allí se investiga, también, la desaparición de Julio Genaro Burgos y de los hermanos Francisco Ponce y Griselda Ponce. “Es la segunda parte del primer juicio. Y es el más grande porque se llegó a juicio con seis imputados, desde Luciano Benjamín Menéndez hasta el jefe de Policía. Lo importante es que cinco de los seis acusados no tienen condena previa, o sea que es la primera vez que están sentados en el banquillo”, dijo a Infojus Noticias Guillermo Díaz Martínez, abogado querellante. El letrado aclaró, sin embargo, que Menéndez fue apartado finalmente de este juicio porque está imputado, al mismo tiempo, en dos juicios en forma paralela, en Córdoba y La Rioja. “Tenemos la expectativa de hacer un nuevo juicio con él y nuevos imputados, después de este proceso”, adelantó.

Los acusados, que llegaron a debate oral por “privación ilegítima de la libertad” y “asociación ilícita”, son los ex capitanes del Ejército Darío Otero Arán y Jorge Isaac Ripoll –oficiales de Inteligencia del Regimiento 17 Aerotransportado de Catamarca–; el ex mayor del Ejército, Enrique Henzi Basso; el ex jefe de la Sección Tiradores de la misma unidad, Rodolfo Sergio Mujica; y el jefe de la Policía provincial en los primeros cincuenta días posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Carlos Ricardo Ruiz. Otero Arán es el único de los imputados que se encuentra detenido en la actualidad. Basso no estuvo presente en la jornada pero la siguió por videoconferencia desde Buenos Aires. A pesar del pedido de las querellas de detener a todos los acusados, el Tribunal –integrado por los jueces Jaime Díaz Gavica, Julián Falacci y Hugo Cataldi– no dio lugar al requerimiento.                 

La inteligencia, en primer plano                   

Para entender cómo funcionó el circuito represivo en Catamarca, este juicio apunta a remarcar la singularidad del terrorismo de Estado en la provincia, que estaba bajo el dominio del Tercer Cuerpo de Ejército, al mando de Menéndez. Había un patrón que se repetía de forma sistemática: se secuestraba en Catamarca y luego se llevaba a los detenidos hacia Tucumán. Los centros clandestinos locales, como la jefatura policial, eran sólo de tránsito. “En este juicio tenemos los casos de Yolanda Borda y de Griselda Ponce, por ejemplo, que fueron llevadas afuera de la provincia. Tucumán estaba liderada por Antonio Bussi y tenía un poder específico porque dependía directamente de la Cuarta Brigada”, precisó Díaz Martínez. Detrás de los secuestros de los militantes, hay un rasgo que se aclarará en el transcurso del juicio: cómo operó la inteligencia represiva en la zona y de qué modo coordinaron las fuerzas represivas la aniquilación del enemigo en la “lucha contra la subversión”.  

Las audiencias suceden todas las semanas y la ronda de testigos empezará el próximo viernes. En la primera jornada, se presentaron las cuestiones preliminares y declararon los imputados Ruiz y Mujica. Ninguno de los acusados tiene problemas de salud. “No nos quedó ninguna duda sobre su responsabilidad porque no supieron revertir las pruebas presentadas en su contra. El Tribunal, además, rechazó los pedidos de nulidad contra este proceso. Es importante tener en cuenta que son represores jóvenes que se enfrentan por primera vez a la justicia”, remarcó el querellante.

En la primera parte del juicio ("Ponce-Borda I”), ocurrida en junio de 2012, los represores Juan Daniel Rauzzino y Juan Carlos Lucena fueron condenados a 10 y 16 años de prisión. En aquella ocasión, el ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, no pudo ser juzgado debido a un problema de salud que lo alejó un tiempo de los tribunales federales. En tanto, el segundo juicio fue por la denominada "Masacre de Capilla del Rosario", donde los represores Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta fueron condenados a prisión perpetua por fusilamientos clandestinos en agosto de 1974.

Secuestros a la luz del día y en el silencio de la madrugada

El 6 de abril del año 1976, entre las calles Güemes y Rivadavia de la capital catamarqueña, Francisco Gregorio Ponce conducía su camioneta cuando se le cruzó un Fiat 1500 blanco. Eran las tres de la tarde. Una persona bajó con un revolver en la mano y lo obligó a que levantara las manos. Se lo llevó detenido, sin darle ninguna razón. A Ponce, dirigente gremial de SMATA, un par de testigos lo vieron en agosto en la Jefatura de Tucumán. Su hermana Griselda y su sobrino, Julio Burgos Ponce, fueron detenidos–desaparecidos meses después. 

El 15 de diciembre, a las tres de la mañana, los represores inaugurarían un método que luego repetirían en casos como los de Yolanda Borda. Un grupo de cinco o seis personas de civil, con los rostros cubiertos de pañuelos y antifaces, golpeó la puerta de la familia Ponce, en calle 9 de Julio 1276. Eran liderados por alguien que vestía uniforme militar y tenía una peluca. Sin ninguna orden judicial, entraron a la fuerza. Con armas largas, amenazaron a la señora Felicinda Santos Ponce y a una sobrina de ella, a quienes trasladaron al patio. A Griselda Ponce se la llevaron hacia un dormitorio mientras despertaban a su sobrino, Julio Genaro Burgos. Minutos después, se llevaron a ambos en dos vehículos, que esperaban en la puerta. El sobreviviente Pedro Cerviño vio a Griselda en la Brigada de Investigaciones de la Policía de Tucumán, en febrero de 1977. Ambos continúan desaparecidos. 

JMM/LL