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Cuando el equipo del departamento histórico de la Fuerza Área Argentina logró abrir, el jueves pasado, la caja fuerte y los armarios que estaban en una pequeña habitación abandonada del subsuelo del edificio Cóndor, se encontraron con 1500 biblioratos fajados con una fecha:1998. El material había sido enviado a depósito por orden de la Secretaría General de la Fuerza Aérea ese año. Así lo señalaba la cinta que rodeaba la documentación: Archivo de la Secretaría General.

Siguiendo los protocolos, el jefe de estado mayor general  de esa fuerza, el brigadier Mario Callejo, llamó al ministro de Defensa Agustín Rossi y, de inmediato, intervino el equipo del Plan de Modernización del Sistema de Archivos de la Defensa, que depende de la dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de esa cartera y funciona desde 2011. Ellos serían los encargados de decidir si el material se destruía o se recuperaba. Treinta personas están catalogando y clasificando todo.

Por la fecha con la que se había fajado el material, creyeron que se encontrarían con archivos de la historia reciente de las fuerzas, pero lo que descubrieron documentaba en actas originales nada menos que 280 reuniones de la Junta Militar entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Una palestra de información relevante relacionada a la última dictadura.

“Esta es la primera vez que aparece un archivo que fue entregado por la propia Fuerza siguiendo toda la normativa”, destacó Stella Segado, la titular de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, en diálogo conInfojus Noticias.

Según lo que informó Rossi ayer, dentro de las 280 actas que registran y documentan reuniones de la Junta Militar durante el período 1976-1983, estaban las listas de perseguidos políticos. También aparecían actas con "hipótesis del plan de gobierno". El ministro de Defensa hizo hincapié en dos documentos clave: un acta en la que se demuestra que ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos)  hacía sus aportes económicos a la Junta Militar y 13 actas en las que aparece información relacionada a la apropiación ilegal de Papel Prensa.

Para Segado el hueso del material se encuentra en todo lo relacionado a delitos económicos. “Todos los archivos que tienen que ver con la CAL (Comisión Asuntos Legislativos) dan cuenta de informes pormenorizados relacionados a las privatizaciones”, expresó.

Ayer Rossi puso de relieve que el material estará a disposición de la Justicia. Los archivos serán indexados y enviados a los juzgados de oficio donde tramitan juicios de lesa humanidad. Desde el jueves pasado, cuando se encontró la documentación, los profesionales del Plan de Modernización de los Archivos, conformado por 30 personas organizadas en equipos de archiveros y conservadores divididos en las tres fuerzas, trabajan en la clasificación y catalogación del material. El trabajo, estiman, se extenderá por seis meses. En paralelo, también se está digitalizando. “La intención es ponerlo en condiciones para que sea puesto de acceso al público en el Archivo de la fuerza”, explicó Segado.

Los archivos secretos estaban en un cuarto por el que transitaban más ratas que personal del edificio. El material histórico estaba rodeado de agua acumulada producto de las inundaciones y el abandono. Para entrar, las personas que abrieron con una amoladora la caja fuerte tuvieron que usar barbijos.

“Desde hacía un tiempo nadie sabía de quién dependía esa habitación pequeña en el subsuelo del edificio Cóndor. Por eso el jefe de la fuerza mandó a abrir los candados para ver qué había. Según lo que pudimos reconstruir quien manda a depósito el material fue un secretario general de la fuerza de ese momento”, explicó Segado.

Para la funcionaria el material es valioso en su conjunto: “Tiene un valor documental, histórico y judicial único. Es una unidad documental con un criterio administrativo burocrático que le da una unidad lógica”, dijo.

Para quienes tuvieron acceso al archivo, el valor jurídico de los archivos secretos en relación a las causas de lesa humanidad es indudable. “Si bien todavía no hemos revisado exhaustivamente el material, estamos trabajando en ello, es probable que esta información relacionada a las privatizaciones sea útil para la Unidad Fiscal que investiga delitos económicos durante la dictadura y se pueda avanzar sobre la connivencia de civiles”, dijo la directora de Derechos Humanos.

Segado también destacó actas en las que se hablaba de detenidos legales y la Junta discutía sobre a quienes brindarle permiso para salir del país.

El área de Derechos Humanos de Defensa trabaja en conjunto con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal Jorge Auat y coordinada por Carolina Varsky. El área colabora con las causas judiciales que investigan delitos de lesa humanidad. A partir del material que van reconstruyendo, elaboran informes de las estructuras represivas.

“El trabajo siempre fue de reconstrucción. Por ahí aparecía un documento que era una perlita y a partir de ese documento tirábamos del hilo pero nunca un material de este tipo”, dijo Segado. Esta vez el material emergió literalmente desde las catacumbas y había mucho más que una piola de la cual tirar.