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Los padres de Alejandrina Barry, Susana Mata y Juan Alejandro, fueron asesinados en diciembre de 1977 durante un operativo conjunto en Uruguay entre fuerzas armadas locales y argentinas. Alejandrina, de 3 años, vivía con ellos y quedó huérfana: los militares la entregaron a sus abuelos en el puerto de Montevideo. Sin embargo, la dictadura argentina aprovechó la oportunidad y la niña se convirtió en botín de guerra. En complicidad con la empresa periodística Editorial Atlántida, se redactaron tres notas entre diciembre de 1977 y enero del ’78 donde se construyó la falsa verdad de “una hija del terror abandonada a su suerte”, con una "madre que la dejó sola tras suicidarse" y un "padre que murió en un enfrentamiento".

Tanto en el juicio “Plan Cóndor” como en la causa “Pozo de Banfield”, se investigan la desaparición de los ex militantes montoneros: Alejandro era estudiante de derecho y Susana, maestra. Pero hay una tercera querella que Alejandrina presentó en 2010 contra Atlántida y que no avanzó como esperaba. Hace unos días, junto a organismos y personalidades vinculadas a la defensa de derechos humanos, presentaron ante el juez federal Sergio Torres un pedido para constituirse como “amicus curiae” con la idea de reflotar el expediente. “El juez no nos atendió pero dejamos el documento porque queremos que se activen una serie de causas que están paralizadas y que involucran a sectores económicos y empresariales”, dijo Alejandrina Barry, que también es integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH).

El escrito toma la causa contra Empresa Atlántida como la punta del iceberg y muestra preocupación porque “los juicios por los temas de complicidad civil en el Terrorismo de Estado siguen recibiendo frenos en los tribunales federales”. Los casos de Pedro Blaquier en Jujuy, de Vicente Massot en Bahía Blanca, y Papel Prensa en Buenos Aires, entre los más resonantes, despertaron también la preocupación de amplios sectores civiles y de la justicia, como la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que organizó jornadas de debate con fiscales de todo el país. “Nos juntamos para promover avances en el juzgamiento de empresarios que fueron parte del plan genocida. No es sólo por un caso en particular como el de Alejandrina sino que es un reclamo del pueblo argentino. La justicia no es de una persona, es de todos. No podemos seguir cruzado de brazos viendo cómo un sector de los responsables del genocidio sigue con total impunidad”, dijo a Infojus Noticias Enrique “Cachito” Fukman, ex detenido-desaparecido de la ESMA que integra desde 1985 la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos.

Los tres artículos periodísticos que Alejandrina denuncia como complicidad civil salieron en Somos el 30 de diciembre de 1977 bajo el título “Los hijos del terror”; el 5 de enero de 1978 en Gente, que informó “Esto también es terrorismo. Alejandra (sic) está sola” y Para Ti cerró la serie de notas el 16 de enero de 1978 con el título “A ellos no les importaba Alejandra”. En su denuncia, Barry dijo que “‘las notas periodísticas’ que me involucran marcaron gran parte de mi vida, fraguaron mi historia personal y afectaron mi identidad”. Tal vez el dato más contundente que aportó está relacionado con la velocidad con que se produjeron los hechos: “el asesinato de mis padres, la restitución a mi familia y la publicación de estas notas se dan en menos de un mes, incluso cuando parte de los hechos se desarrollan en el país vecino”. Por estos hechos, espera ver procesados y condenados a los editores de Somos, Gente y Para Ti, las revistas que utilizaron su tragedia para hacer acción psicológica. Barry se enteró de que era hija de desaparecidos a los 13 años. Fue después de una desagradable anécdota doméstica en una familia dividida: “La esposa de mi abuelo muy enojada, vaya a saberse por qué, me gritó que yo era hija de terroristas”, dijo en una entrevista periodística. Desde ese momento, Alejandrina sepultó la creencia de que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico. Se enteró, tiempo después, cómo había circulado la versión oficial de que fue abandonada por sus padres montoneros cuando éstos, en verdad, habían sido asesinados.

El 29 de diciembre de 1977 el comunicado Nª 1380, emitido por “las Fuerzas Conjuntas” uruguayas informó que la pequeña Alejandrina “fue entregada en el puerto de Montevideo a sus abuelos paternos en presencia del Juez Militar de 2do. Turno”. En realidad, según la crónica publicada por el diario La Mañana en su edición del 30 de diciembre, la entrega se hizo en medio de una conferencia de prensa a la que fue expuesta la niña hasta que una mujer uniformada la cargó en brazos y la subió al barco donde la esperaban sus abuelos. La última foto de Alejandrina publicada por los diarios uruguayos es la de la niña en brazos y en la escalera rumbo a Argentina. La revista Somos muestra la foto de Alejandrina junto a la de un auto acribillado a balazos. La revista Gente tituló: “Alejandra está sola”. Muestra fotos de la casa donde se produjeron los secuestros y de un supuesto botín de guerra, con grandes ametralladoras, “que se encontraba a pocos metros de la cuna de Alejandra”. La revista Para Ti, en tanto, la presenta jugando con su muñeca, cabeza gacha. El título: “A ellos no les importaba”.

Otros casos de complicidad civil

En el “amicus curiae” aparecen las firmas del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), de Graciela Rosenblum (LADH), Elia Espen (Madres-Línea Fundadora), Patricia Walsh, Miguel Bonasso, Pablo Pimentel (APDH-La Matanza) y María del Carmen Verdú (Correpi), entre otros. Fukman aclaró que alguno de esos organismos son parte de las querellas en causas por delitos económicos contra “grupos de poder que aún siguen concentrando influencias en amplios sectores civiles”. El caso de Alejandrina, a su vez, está vinculado con el de Thelma Jara de Cabezas, madre de Plaza de Mayo. Agustín Botinelli, ex jefe de redacción de Para Ti, fue imputado por haber armado una entrevista apócrifa con Thelma, a la cual se la presentó en libertad cuando estaba secuestrada en la ESMA. Fue en 1979, como parte de una operación con la Armada. Pero la justicia le dictó falta de mérito. “ Esta presentación es para darle mayor fuerza a la pelea por juicio y castigo a todos los responsables civiles", explicó Alejandrina Barry. "Hace muchos años que vengo peleando por encarcelar a los asesinos de mis viejos, a los que me secuestraron a mí y a los civiles que me utilizaron para justificar los más atroces crímenes de lesa humanidad. A pesar de todas las pruebas ofrecidas y los testimonios de decenas de testigos prosigue la impunidad. No sólo hay falta de mérito contra Botinelli sino que el resto de la causa continúa paralizada", agregó Barry.

Además de la falta de mérito para Botinelli, otros fallos recientes beneficiaron a empresarios que habían sido imputados por crímenes de lesa humanidad, como Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma en Jujuy, y Vicente Massot, del diario La Nueva Provincia en Bahía Blanca. Para Fukman, la maniobra no fue algo casual. “Los sobreseimientos fueron parte de una seguidilla que también incluyó a Papel Prensa. Cuando las pruebas estaban arriba de la mesa y todos esperábamos verlos sentados en el banquillo de acusados, la justicia dio la espalda a un reclamo de la sociedad. Estamos hablando de hechos que sucedieron hace 37 años. Solamente terminan siendo juzgados los represores que marcamos en los testimonios, pero queremos condena para todos los responsables”, dijo.

¿Qué es un Amicus Curiae?

El amicus curiae -que puede ser traducido como amigo de la corte o amigo del tribunal- es una expresión latina que significa “amigo de la corte o amigo del tribunal”. Es una herramienta jurídica que suelen presentar terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado para colaborar en la resolución de un proceso. La decisión sobre la admisibilidad de dicho recurso queda al arbitrio del respectivo tribunal. “Realmente es indignante y una provocación para los hijos, familiares y organismos que venimos luchando y presentando pruebas. Con la presentación que haremos este miércoles queremos decir también que no vamos a aceptar que permanezca la impunidad a los civiles que fueron quienes idearon y sostuvieron el plan genocida”, dijo Barry.

Además, Myriam Bregman abogada de la causa y fundadora del Ceprodh, agregó que el recurso también servirá “para reclamar que se avance en el procesamiento y juzgamiento de todos los que fueron parte del genocidio en nuestro país, tanto en las causas que están frenadas como las que están por instruirse”, y para que, en esta causa, “los que idearon los operativos de prensa no queden impunes”.

Fukman destacó que, cuando se bloquea un expediente de lesa humanidad que indaga el rol de sectores civiles, es porque “un poder se cubre con otro”. Dijo que, en su opinión, hay que repensar el concepto de complicidad. “En el amicus dejamos claro que acá no hubo complicidad civil, sino que los grupos económicos, mediáticos y corporativos fueron participes activos del genocidio y los ideólogos del golpe. No es que estuvieron ayudando, ellos lo llevaron adelante. Lo pensaron desde la época de Onganía, el objetivo no era sólo aniquilar a sectores políticos sino imponer un modelo económico y social”, concluyó.