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Un funcionario del gobierno de José Manuel De la Sota, Alberto Luis Devoto, fue detenido hoy por delitos de lesa humanidad. Una comisión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llegó a su casa de la ciudad de Córdoba con una orden de allanamiento firmada por la jueza federal de San Martín Alicia Vence. La medida la concretó su par cordobés, Alejandro Sánchez Freytes, que recibió el exhorto de la causa Santiago Riveros, una de las tantas que investiga los crímenes ocurridos en el centro clandestino de Campo de Mayo, donde se calcula que pasaron unos 5.000 detenidos desaparecidos.

Devoto era trasladado hoy en un celular del Servicio Penitenciario Federal hacia Buenos Aires. Cambiará su despacho en la Dirección de Policía Ambiental del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos del gobierno de Córdoba, por un calabozo en alguna de las cárceles federales. “Se la veía venir”, desliza a Infojus Noticias una fuente de la PSA. En su casa, los investigadores no encontraron papeles fundamentales.

Devoto cumplió funciones en la Guarnición militar de Campo de Mayo, donde además funcionó una maternidad clandestina. Difícilmente se podrá acusar a la jueza Vence de una caza de brujas: los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes se han quejado de las demoras y dilaciones en las causas que se instruyen en su juzgado.

En 1982, cuando se declaró la Guerra de Malvinas, Devoto fue uno de los ocho efectivos del Personal Superior que formaron una suerte de Estado Mayor del gobernador militar de la isla, el general Mario Benjamín Menéndez. Después de su incursión administrativa por la guerra, el coronel dejó con discreción las Fuerzas Armadas y se dedicó a urdir una larga y silenciosa reconversión democrática, siempre a la sombra del patrón de la política cordobesa de las últimas tres décadas.

Fue asesor José Manuel de la Sota cuando el caudillo fue electo senador. Después, a lo largo de los años, recorrió casi todas las estructuras y los poderes provinciales siempre cerca de De la Sota. Fue Secretario de Emergencia Provincial hasta que la ex ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, le pidió la renuncia. También fue secretario privado del gobernador, secretario de Defensa Civil, director general de Coordinación y Hábitat Social del Ministerio de Solidaridad, y asesor del Poder Ejecutivo.

Devoto no ocultaba, ni siquiera en la función pública, su nostalgia por los años de la dictadura. En enero de este año, fue uno de los ex militares que firmó una solicitada en contra de la inauguración de un sitio de la memoria en la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires. “Las parodias que son los mal llamados juicios de lesa humanidad, que violan la totalidad de los derechos de los imputados y, lejos de buscar justicia, buscan venganza, tal como viene siendo denunciado, desde hace tiempo, por abogados defensores, personalidades y distintas ONG relacionadas con el Derecho”, decía el texto.

En un comunicado, después del arresto, De la Sota se despegó del pasado militar de su asesor. “Recibí con sorpresa y desconcierto la información hecha pública hoy, acerca de la detención del coronel (R) Alberto Luis Devoto”, dice el escrito, antes de destacar “su ejecutividad, transparencia y solidaridad social”. El comunicado termina con una frase rayana a la humorada: “Pero como defensor de los derechos humanos, es mi deber no juzgar a nadie a priori, ni promover ninguna caza de brujas”.

LB/RA