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El 90 por ciento de las inhabilitaciones del año pasado para tenencia y portación de armas de fuego fueron para agentes exonerados de las fuerzas de seguridad y para personas imputados en causas de lesa humanidad. Se trata de 5848 personas, de acuerdo a los datos del Registro Nacional de Armas (RENAR). Contar la historia de estas estadísticas es contar la historia de este organismo, que en 2006 pasó de la órbita del Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ese mismo año puso en marcha el Plan de Desarme Voluntario. Y se empezaron a restringir los requisitos para acceder a la condición de legítimo usuario de armas.

Hasta la mitad de la década de los ’90, las policías provinciales se encargaban de registrar a los legítimos usuarios. La nueva política del RENAR permitió centralizar toda la información dispersa y ordenarla. Hoy se sabe que en los últimos diez años la portación y la tenencia bajaron un 50 por ciento. En 2003 se otorgaron 8 mil permisos de portaciones y en 2012, sólo 600. Es un 92 por ciento menos. Además, se logró que el 80 por ciento de la producción argentina de armas fuera para exportación.

“Lo primero que hicimos fue contactarnos con el Ministerio Público Fiscal y la organización H.I.J.O.S”, explicó a Infojus Noticias Matías Molle, titular del RENAR. “Ellos –dijo- nos dieron la información de las personas que estaban procesadas por delitos de lesa humanidad y con esa información empezamos a trabajar. Una vez que ordenamos el material que nos dieron empezaron las inhabilitaciones y las disposiciones de decomiso del material”.

Para el seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, el RENAR también recibe de la Procuración General un listado de condenados, procesados o prófugos en el marco de esas causas.  

“Empezaron a venir las esposas a entregar las armas”, contó Molle. “Por lo general se trata de gente a la que le gustan las armas. A veces no las usan, pero les gustan como objetos y se vuelven fanáticos”.

“El kirchnerismo vino a cambiar la política de armas del Estado argentino”, afirma Molle. “Es el único país de Latinoamérica donde el organismo encargado de controlar las armas está a cargo de un civil”.

Agentes exonerados de las Fuerzas

El trabajo coordinado entre el organismo, las organizaciones de la sociedad civil y la Justicia permitieron que el año pasado las inhabilitaciones a personas involucradas en delitos de lesa humanidad llegaran a 1014. Y otras 4834 inhabilitaciones para personal exonerado de las fuerzas armadas o  de seguridad. Es un total de 5848 personas.

El RENAR recibe una lista, de cada fuerza, del personal puesto a disposición de la Justicia. Con ese material se abre un expediente por cada agente y se ordena el decomiso. Los inhabilitados tienen algunas opciones: pueden vender el arma a un comerciante inscripto, donarla al Estado o entregarla al Plan de Desarme Voluntario.

El promedio de entrega voluntaria fue inferior a las que requirieron órdenes de decomiso, donde la Justicia fija una fecha para la entrega y, cumplido el plazo, una fuerza de seguridad realiza un allanamiento en la casa para secuestrar el armamento. Las armas decomisadas se ponen a disposición de la Justicia.

Los trámites judiciales y administrativos para la exoneración son largos, pero existe la posibilidad de inhabilitar por prevención. Ante la información de que algún agente estuvo involucrado en situaciones de violencia, incluso con notas periodísticas, se pueden tomar medidas. 

Darío Kosovsky, abogado e investigador, es uno de los fundadores de la Red Argentina por el Desarme. “También se derogó el derecho a quedarse con el arma de dotación. Antes no se devolvía, era un obsequio tradicional al agente que se retiraba. Eso se modificó, porque el arma es un recurso del Estado. También se trabajó sobre la portación de armas fuera del horario de servicio”, explicó a Infojus Noticias.

Desde el RENAR se intenta que la política de destrucción sea rápida. Porque buena parte del mercado ilegal se alimenta de armas que entraron al circuito legal primero, fueron incautadas y después se desviaron hacia el comercio ilegal. Es necesario que la Justicia ordene rápido la destrucción para que el  arma no esté años esperando en un depósito.

Kosovsky afirma que “en los últimos años la política de armas cambió”. “Sin embargo –advirtió- el RENAR sigue siendo un registro y eso genera limitaciones institucionales. Es necesaria una reforma para que el RENAR se transforme en una Agencia Nacional de Prevención de la Violencia Armada. Su producción de políticas públicas son de alcance nacional y requiere prevención, control del mercado legal y persecución del mercado ilegal”.

La lupa sobre las agencias de seguridad

Molle reveló que se está realizando una investigación sobre las agencias de seguridad. “Se están centralizando todos los datos de personal exonerado de las fuerzas armadas, de seguridad o personas procesadas por delitos de lesa humanidad y se cruza con las nóminas de personal de las agencias”, dijo. Las agencias suelen toman como empleados –no solo personal de calle sino también asistentes o directores técnicos, apoderados- a exonerados de las fuerzas. “Revisamos cada organigrama de las empresas y los cruzamos con nuestra base.

Los primeros pasos de esta investigación encontró 22 exonerados en la lista de personal de 23 empresas de seguridad privadas o comercios de armas. Además de presentar la denuncia en la Justicia, el Estado inicia un expediente administrativo contra la empresa por ser responsable de la contratación.

Kosovsky asegura que en nuestra cultura “el arma está relacionada con el poder, desde una óptica machista y fálica. El Estado debería ser quien cuente con el monopolio de las armas de fuego”. En un trabajo en coordinación con el Ministerio de Seguridad, el RENAR empezó a inhabilitar a agentes de las fuerzas que tuvieran denuncia por violencia de género. Desde Seguridad les sacan el permiso para el arma de dotación y le informan al Registro para que se lo inhabilite en su tenencia personal.

En este mismo sentido el “Sistema de Proposición” obliga a que se publiquen todas las solicitudes de tenencia o portación de un arma por 15 días –pueden encontrarse en la página web del RENAR- y cualquier persona puede realizar una oposición a la entrega del permiso a un usuario.

“Uno de los requisitos para ser legítimo usuario es no tener antecedentes penales –explicaron desde el área de legales del RENAR a Infojus Noticias- pero a veces hay denuncias en el ámbito civil o denuncias por violencia de género que todavía no llegaron a ser una causa penal y entonces esa información no llega de inmediato al Registro. Por eso es importante el Sistema de Proposición”.