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Un juicio es inevitablemente un recorte de los hechos, y las razones procesales para justificarlo pueden ser variadas. Con el inicio del proceso oral y público por la masacre de diciembre de 2001, una mirada hacia lo que quedó afuera completa la visión del momento histórico que se pretende juzgar. Son sucesos y protagonistas que no formarán parte del debate que emprende el Tribunal Oral Federal 6, a 12 años de aquella represión con la cual el gobierno de la Alianza se despidió en forma abrupta del poder. Como botón de muestra: estarán ausentes del banquillo tanto el jefe máximo del Estado en aquel momento, el ex presidente Fernando de la Rúa, como la mayoría de los ejecutores directos de los homicidios. Tampoco se debatirá sobre las detenciones ilegales ocurridas bajo el amparo de un estado de sitio, medida que enardeció aún más a la población y no tuvo legitimación parlamentaria. Claro, las puertas del Congreso ya estaban cerradas, y pocas horas después en el frente baleaban a los manifestantes.

Cuando aún no se había disipado del todo el acre olor de los gases de la plaza, intervenía la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, que se mandó apenas con un custodio y casi la pisan los caballos de la Montada. La primera decisión nada inocente fue la de quedarse con la investigación de las responsabilidades políticas y delegar en la fiscalía federal a cargo de Luis Comparatore y Patricio Eversla la reconstrucción de los hechos para dar con los autores materiales. Es decir, jueza con funcionarios y fiscales con los policías que dispararon y mataron a seis manifestantes entre el 19 y el 20 de diciembre. Con el paso de los años, y cuando ya el caso no ameritaba el interés mediático, se fueron produciendo más desmembramientos y quedó dividido en un mosaico de anexos referidos a situaciones diferentes. Servini de Cubría aprovechó una movida de las defensas de los funcionarios delarruistas para sentirse “afectada en lo moral” y se desprendió de la causa madre, que pasó a manos de su colega Claudio Bonadío. Ahí comenzaba la historia de la dilación, pruebas que había que repetir, aunque también la oportunidad (no aprovechada) de hacer las cosas mejor.

Luego de una década los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con Rodrigo Borda a la cabeza, comenzaron a ejercer presión para que sea elevada a juicio oral. Bonadío finalmente lo hizo pero pasaron seis años más hasta que el TOF 6 fijara fecha para el juicio. Algunos de sus miembros, aduciendo que son subrogantes y tienen otras “prioridades” se negaban a encarar el juicio. En octubre pasado, la Cámara de Casación también evitaba ponerle el cascabel al gato porque no definía sobre el reclamo de la querella de fijar fecha en forma inmediata con la conformación actual del TOF 6 o con la original, ni tampoco resolvía los planteos de esos magistrados que se negaban a abordar el tema.

Por ejemplo, el juez Rodrigo Giménez Uriburu aducía que debía ocuparse de la causa por la masacre de Once, y Casación le terminó diciendo que haga las dos. El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, dijo en conferencia de prensa, rodeado de los familiares de las víctimas, que la demora no tenía que ver “con la complejidad de la causa sino con la forma de trabajo de los jueces, que no pusieron límite a las chicanas de las defensas”. Parecía que se cumplirían los doce años sin juicio a la vista, pero finalmente llegó.

Al borde de lo absurdo, los primeros en ser excluidosde ninguna manera debían ser dejados de lado, como María Arena, viuda de Gastón Riva, Marta Almirón, madre de Carlos “Petete” Almirón, y Hebe de Bonafini. Tras la queja de la querella, el Tribunal Oral subsanó la mayoría de los “errores” y resolvió también la consideración de la prueba. “Lo enmendaron a medias porque los equívocos eran groseros y quedaron afuera algunos testigos presenciales. El tribunal hizo un recorte pero no fue lo preciso y prolijo que el caso ameritaba, aunque es mejor que el juicio se haga con estos problemas a que no se haga”, dijo Rodrigo Borda hace un mes a Página/12.

Una investigación inconclusa

Las razones del recorte pueden ser arbitrarias, como lo fue establecer que serán juzgados los hechos ocurridos a partir del 20 de diciembre de 2001 a la mañana, tras la orden presidencial de “despejar la Plaza de Mayo”, lo cual dejó afuera del juicio, como informó Infojus Noticias en diciembre, al asesinato del manifestante Jorge Demetrio Cárdenas, baleado el 19 en las escalinatas del Congreso. Otros motivos de la delimitación pueden tener más que ver con el sentido común: varios casos que quedaron afuera aún están en etapa de investigación (cabe preguntarse por qué esos expedientes fueron por el carril más lento), y esperar su evolución implicaba seguir demorando el inicio de este juicio, algo ya insostenible incluso para el propio sistema judicial, que, con la Cámara de Casación a la cabeza, bastante poco contribuyó a que hubiera celeridad.

Ahora bien, estos “casos” son nada menos que las lesiones que sufrieron las Madres de Plaza de Mayo lastimadas por la Policía Montada, y el legislador porteño (FpV) Juan Carlos Dante Gullo y su hijo (el primero en hacer la denuncia y quien identificó durante la represión al comisario Jorge “Fino” Palacios), entre otros. También siguen en la etapa de instrucción en la fiscalía federal 5 los policías imputados por homicidio culposo, es decir, los ejecutores directos, los que habrían matado a los jóvenes Gustavo Benedetto, Diego Lamagna, Gastón Riva, y Carlos Almirón. El subcomisario Omar Bellante va a juicio pero sólo por el encubrimiento del asesinato de Benedetto, en tanto el coronel retirado Jorge Varando ya ni siquiera está acusado: su caso se abrió en un legajo aparte por abuso de armas y prescribió. El policía Víctor Belloni sigue acusado en instrucción por el homicidio de Riva, Lamagna y Almirón, pero en el juicio sólo deberá responder por la tentativa de asesinar a los manifestantes, Marcelo Dorado y Sergio Sánchez. Su foto apuntando directo hacia la multitud con una Itaka formó parte de la muestra de Argra a 10 años de la masacre.

En el juicio será utilizado como prueba un complejo peritaje del equipo de físicos forenses del Instituto Balseiro, que durante meses analizaron las imágenes de aquella jornada, y permite a la querella fundamentar la acusación contra la policía: evidencia que cuando De la Rúa llega a la Casa Rosada comienza el ataque contra los manifestantes en forma coordinada. Sin embargo, las miles de horas de videos y centenares de fotos aportadas no fueron suficientes para identificar a los asesinos porque aparecen disparando pero protegidos por sus cascos “cabeza de tortuga” y sus escudos.

Dicen que soy responsable

También hubo una causa anexa que quedó “abajo” en instrucción, referida a la ilegalidad y abuso de autoridad que cometieron De la Rúa y sus funcionarios al dictar el decreto 1682/01 de estado de sitio, en el cual pusieron los nombres de 29 personas, entre ellos el del defensor Gustavo Lesbegueris, que habían sido detenidas con anterioridad, fueron llevadas a la comisaría 2da, y al momento de la firma del decreto ya había recuperado su libertad. “El entonces Presidente convalidó con su firma las 29 detenciones, desinteresándose sobre la arbitrariedad o no de las mismas”, dijeron en su apelación los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers, con la intervención del secretario Sebastián Basso. El Cels aún batalla en la Corte Suprema para intentar enjuiciar a De la Rúa con este argumento, entre otros. “El PEN no dispuso ninguna medida concreta para implementar de manera racional y prudente una medida de las características excepcionales como el estado de sitio”, dijeron ya en 2002, y enfatizaron que en ese momento había centenares de detenidos y el Presidente y sus ministros sabían que los 29 habían sido arrestados al azar.

La única ausencia justificada es la del fallecido ministro del Interior Ramón Mestre, cuya imputación cayó por razones obvias. ¿Y De la Rúa? En este tiempo cosechó sucesivos sobreseimientos porque la justicia en primera y segunda instancia, como así también en la Cámara de Casación, le creyó que no sabía nada sobre lo que pasaba en la calle, el país se incendiaba y el Presidente estaba mirando otro canal. El Cels insiste ahora en la Corte Suprema con que “era el garante del accionar policial, y él dispuso el estado de sitio que permitió el operativo represivo”. Aún en el caso de que el Máximo Tribunal se expidiera ahora sobre el asunto, los tiempos procesales no permitirían que integre la lista de acusados en el juicio oral.

¿Será este el caso en el cual lo que quedó afuera tenga peso suficiente para generar un juicio por la masacre de diciembre de 2001, parte dos? Quienes conocen a fondo el devenir de todos esos anexos que quedaron “abajo”, es decir, en etapa de instrucción o primera instancia, temen que el paso del tiempo los haga quedar por el camino, por prescripción. Ni con Jorge Sobisch por el crimen del maestro Carlos Fuentealba, ni con Eduardo Duhalde con la masacre de Puente Pueyrredón se pudo avanzar en las responsabilidades políticas.

Este juicio en cambio --aunque llegó muy demorado, sin el protagonista principal de la trama y casi sin autores materiales directos de los asesinatos-- tiene como imputados a un ex funcionario delarruista y a la cúpula de su policía. Se acusarán entre sí, dirán que estaba en juego la gobernabilidad, que sólo recibían órdenes los unos, que fueron unos locos sueltos quienes dispararon, los otros. Y seguramente quedará bien claro que todos sabían y le pusieron límite a la protesta social con balas de plomo.