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El fallo no es sino uno más de los numerosos episodios de la deuda externa que se generó en el país a partir de la última dictadura militar. La Argentina vivió en situación de endeudamiento permanente entre 1977 (reforma financiera de Martínez de Hoz) y 2001 (derrumbe de la “convertibilidad”). En ese período la deuda externa creció tanto por tomar créditos malamente utilizados, como por acumulación acelerada de intereses, producto de un sistema financiero internacional perverso. De la herencia neoliberal quedaron empresas públicas privatizadas, servicios públicos concesionados, deudas financieras impagables y juicios en diversos tribunales reclamando “derechos” que el establishment argentino concedió generosamente a los intereses extranjeros.

La enorme deuda externa, contraída para financiar la fuga de capitales y no para modernizar el aparato productivo, no podía ser pagada a fines de 2001, y ni siquiera los intereses devengados podían ser afrontados. El default fue la consecuencia de esa situación y abrió paso a lo que usualmente se hace en todo el planeta ante casos de insolvencia (tanto pública como privada): renegociar las condiciones de pago, para que se vuelva factible cumplir con los compromisos. La renegociación no solo alivia al deudor: es útil para que el acreedor pueda cobrar, al menos, parte de lo prestado. Es una práctica habitual y normal. Lo de los fondos buitres, en cambio, es otra cuestión. No es un “préstamo que salió mal”, sino una operación económica hecha específicamente con papeles derrumbados, para ser perfeccionada en los estrados judiciales. Los buitres operan como un puente entre el negocio financiero y el judicial.

Se trata de comprar activos financieros a precio de ganga, y de reclamar el pago completo del valor nominal de los mismos. Como esos precios irrisorios no son producto del azar, sino de un mal devenir económico del deudor, reclamar el pago completo es, por supuesto, un gesto formal que preludia el accionar judicial contra el caído. Y allí cobra especial importancia el perfil ideológico de los estrados judiciales en los que se radicará la demanda. La aceptación de los tribunales neoyorquinos, tan cercanos a Wall Street, como lugar para zanjar las controversias entre deudores y acreedores es partir de una cancha judicial inclinada a favor de los actores más influyentes, que por otra parte accionan un conjunto de mecanismos para que las afinidades ideológicas-políticas-culturales-ideosincráticas actúen plenamente en la decisión de los magistrados.

Además, el negocio es tan jugoso que, por ejemplo en el caso del fondo NML, representa más de 1.200 millones de dólares netos de ganancia por sobre lo “invertido”. Sobra dinero para estimular la vocación jurídica por hacer “respetar los derechos de propiedad”.

El gobierno nacional se ha hecho cargo, a lo largo de la última década, de un conjunto de pesadas cargas dejadas por las lamentables administraciones neoliberales. Juicios en el CIADI (Banco Mundial) entablados por empresas privatizadas o concesionadas contra el Estado Nacional, por incumplimiento de los grotescos contratos firmados en los ‘90, renegociación de la deuda con el sector privado, cancelación de la deuda eterna con el FMI, arreglo con REPSOL por la expropiación luego de la ruinosa gestión española de YPF, renegociación de la añeja deuda con el Club de París. El último tramo de este proceso de normalización de los numerosos pleitos heredados, era el tema de los “fondos buitres”. Y aquí se emitió el peor fallo posible para la Argentina.

Se abren a partir de esta situación un conjunto de nuevos escenarios. Argentina deberá “desenganchar” el pago al fondo NML de los compromisos con otros acreedores del país, para que no se genere un movimiento acumulativo de demandas, en reclamo de similares condiciones a las obtenidas gracias al fallo norteamericano. En materia de creatividad, el mundo financiero ha demostrado en las últimas décadas posibilidades ilimitadas. Si lo que les interesa a los fondos especulativos es simplemente cobrar, se pueden buscar y encontrar las formas para evitar que esos pagos terminen arrasando las reservas del Banco Central. Esa es la “línea roja” que el gobierno argentino no está dispuesto a traspasar. Y está muy bien que no lo haga, ya que los actores internos (bancos, grupos empresarios, sectores agrarios) han mostrado a lo largo de estos años una fuerte vocación especulativa, incluso al costo de arriesgar una crisis económica.

Resguardar las reservas del BCRA es preservar la normalidad económica y la paz social. La expectativa de que se logre un acuerdo aceptable con el 7% restante de los acreedores, radica en que en el período reciente, los acreedores externos se han mostrado, por lo general, más razonables y más pragmáticos que grupos locales embarcados en una cerril estrategia opositora (al gobierno, pero también al país).

Lo más difícil parece ser convencer a ciertos argentinos que, para ganar, hay que producir riqueza, y no golpes financieros.