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Uno de los principales canales de interacción entre los desarrollados y  los “en desarrollo” son las deudas soberanas. En el caso de América Latina, este canal toma especial importancia, ya que la práctica de tomar empréstitos son tan viejas como los países mismos, comenzando en el financiamiento por parte de Inglaterra a las repúblicas recientemente independizadas en los 1820. Así de viejas y persistentes han sido también las crisis financieras, la mayoría han sido producto de crisis de deuda externa – un estudio de la CEPAL muestra que, de las 940 crisis financieras que han sido registradas en la historia de la región, 576 han sido de deuda externa. Éstas crisis se han dado por ciclos históricos, siendo  el último el que comenzó con el endeudamiento de la década del 1970, donde la deuda pasó de representar el 22% al 45% del PBI. En 1979 la Reserva Federal de Estados Unidos subió unilateralmente las tasas de interés e hizo que estallara la crisis de la deuda en 1982, de la que todavía quedan secuelas. Este hecho dio lugar a “la década perdida”, tal como se denomina a los 1980, donde la región retrocedió del 121% de promedio del PIB per cápita mundial al 98%, y del 34% al 26% del PIB por habitante de los países desarrollados.

Este no fue un hecho aislado, puesto  que afectó a todo el mundo “en desarrollo”, lo que significó una enorme transferencia de recursos a los países centrales. Entre 1980 y 2006 los países en desarrollo devolvieron 12 veces lo debido en capitales e intereses de la deuda, y aún así en la actualidad se sigue debiendo cinco veces más de lo que se debía al comienzo del período. Para tener una referencia, Eric Lecompte, director de Jubilee Network, sostiene que “hoy de cada 10 dólares que el mundo desarrollado brinda en asistencia a los países pobres, éstos gastan 50 dólares en servicios de deuda”.

Lo notable es que a pesar del peso de las crisis de deuda en la historia de los países emergentes, y de lo crucial que éstas son al mediar las relaciones norte-sur, todavía no existe una arquitectura multilateral que regule las deudas externas, ni a nivel regional, ni a nivel internacional.

Aquí entra a cobrar importancia el conflicto entre la Argentina y los denominados “Fondos Buitre”, que  debe entenderse como un capítulo más de ésta historia en Latinoamérica y los países emergentes. La diferencia es que, y a pesar de la situación delicada en la que se encuentra el país sudamericano, por la magnitud del caso, se ha puesto de manifiesto en la agenda internacional la necesidad de instalar un sistema que no deje a los países en desarrollo a la merced de poderosos. No casualmente que el Financial Times lo ha nombrado como “el caso del siglo”.

La reciente cumbre del G20 en Australia significa un paso más en la misma dirección que viene tomando el G77  más China y diversos pronunciamientos, declaraciones y resoluciones adoptados en organizaciones internacionales multilaterales y regionales, entre ellos, las Naciones Unidas, la OEA, MERCOSUR, ALBA y CELAC.

A nivel de la Asamblea General de la ONU- el foro pertinente para la discusión y adopción de este tipo de cuestiones de acuerdo con la agenda de trabajo de la organización - se adopto hace apenas unas semanas una resolución por medio de la cual se llama a la adopción de marco multilateral. Todavía no se sabe qué forma tomará tal régimen o si existirá, pero sí está en claro de un debate que de cuenta de la co-responsabilidad de los países e instituciones acreedoras, los mecanismos para reestructurarlas en casos de crisis, y la contemplación de los impactos sociales del sobreendeudamiento.

Mecanismos de reestructuración

Si una empresa entra en bancarrota, hay mecanismos para resolver estos conflictos, pero si un país entra en bancarrota no hay mecanismos multilaterales para resolver el conflicto. Señala José Antonio Ocampo, ex secretario ejecutivo de la CEPAL, que la principal enseñanza del manejo de la deuda en los años 1980, y que hundió a América Latina en la peor crisis de su historia, fue la creación de un “eficaz cartel de acreedores, apoyado por los gobiernos de los países industrializados” que forzó a los países a condicionalidades crediticias que exigían adoptar políticas recesivas. La falta de mecanismos multilaterales en el manejo de problemas de sobreendeudamiento ha forzado a que los países deban emprender las negociaciones por su cuenta, quedando a la merced de los acreedores.

Con un mecanismo tal se prevé también evitar otro aspecto fundamental del proceso de reestructuración: evitar la excesiva litigiosidad. Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente de la Naciones Unidas sostiene que “los fondos buitre no dan créditos, sino que compran deudas para comenzar el proceso de litigio, allí radica su negocio”. Es así como en el caso de Argentina, estos fondos especuladores, que representan menos del 2% de la deuda, han logrado un fallo favorable por parte de un juez del Estado de Nueva York que, al hacer una innovadora interpretación jurídica, pone en riesgo todo el proceso de reestructuración que lleva casi una década.

El encuentro del G20 esta semana en Australia tomó nota de algunos aspectos e incluyó en su documento final la importancia de contar con "procesos de reestructuración de deuda soberana ordenados y previsibles", y en el anexo, se refirió a la "litigiosidad" y la necesidad de "dar previsibilidad" a las procesos de reestructuración de deuda.

Coresponsabilidad y legitimidad

Un segundo aspecto que se encuentra en debate, es la corresponsabilidad de los acreedores. Las crisis de deuda más fuertes que se han producido en América Latina, han sido luego de fuertes entradas de capitales promovidos por un excedente internacional que muchas veces ha usado la fuerza o la influencia para la toma de empréstitos – la revolución industrial inglesa en los años 1820; la danza de los millones luego de la 1ra Guerra Mundial; los petrodólares de los 1970s; y la globalización de los 1990s. Ésos períodos están íntimamente relacionados a crisis a las que el lector seguramente está familiarizado – el famoso empréstito de Rivadavia para modernizar el puerto de Buenos Aires, la Gran Depresión, la Crisis de la Deuda y de las más reciente secuencia de crisis Tequila, Asiática, Caipiriña y Argentina. Están completamente sincronizados.

Es decir, no es una patología de los dirigentes en países en desarrollo – o por lo menos no solamente-  sino también responde a procesos económicos en los países centrales que operan en estrecha colaboración con las elites de nuestros países. Cabe recordar que el último proceso de endeudamiento de la década del 1970, fue en su mayoría préstamos a dictaduras militares. En Argentina, el endeudamiento pasó de 8.000 millones a 45.000 millones durante el proceso militar y de ese monto se estima que 10.000 fueron para compras de armas a países desarrollados, y otro 5.000 fueron para nacionalizar deudas de las grandes empresas locales. Es importante estudiar y estimar la legitimidad de éstas deudas.

Derechos humanos

Otro aspecto fundamental en los debates sobre deuda es intentar ir más allá de aspectos economicistas y evaluar los impactos sociales que éstos conllevan. Como señala Bohoslavsky, “así como los créditos pueden ayudar al crecimiento y desarrollo social, también pueden condenar a millones de personas a la pobreza”.

África, el continente más pobre del mundo, en el último cuarto de siglo ha pagado en servicios de deuda lo mismo que lo que debía la totalidad de los países en desarrollo en 1980. Esto en un contexto donde más de trescientos millones de  personas viven con menos de un dólar al día, treinta millones de niños menores de cinco años sufren desnutrición y el 43% de la población no tiene agua potable. ¿Qué es más prioritario?

Es más, la decisión del juez Griesa de pagarles a los fondos buitre un 1600% de ganancia, incentiva a otros inversores a imitar ese comportamiento, lo que pone en riesgo a cualquier intento de reestructuración futura, sentando un precedente poco previsible para la solución de disputas.  Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó el 26 de septiembre de este año que las “excesivas demandas” de los Fondos Buitre “impide a los gobiernos a cumplir con obligaciones de DDHH, especialmente respecto a los derechos económicos, sociales y culturales”.

Esta es la agenda que el G77 más China está empujando en el seno de Naciones Unidas y logró que la Asamblea General de la ONU apruebe la necesidad establecer un marco jurídico multilateral.  La misma permitiría que los países en desarrollo tengan voz-y voto- en este proceso y no queden a la merced de los poderosos.  Un importante escollo es que entre los 11 votos contrarios que recibió la resolución pertinente se encuentran los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Japón, lo que hará que el proceso sea difícil.

Para muchos, hoy pareciera que la discusión no es pertinente porque no hay situaciones de riesgo, salvo el caso aislado de Argentina. La situación de endeudamiento está controlada en los países en desarrollo- según el Banco Mundial, la deuda ronda el 22% del producto, el nivel más bajo en 3 décadas. Sin embargo, no hay que confundirse, en un contexto donde los precios de las materias primas están bajando; hay un alto endeudamiento de países centrales; y países crecientemente periféricos como Italia, Portugal y España se encuentran en una situación muy frágil; son todos factores que deberían alertar a los países en la necesidad de avanzar con esta agenda.

Argentina está pagando el precio de dar esta batalla y todo parece indicar que esta agenda no le servirá en el corto plazo: es decir, si se adopta algún mecanismo, no será retroactivo, por tanto, no podrá resolver su cuestión con los llamados “Fondos Buitre”. Sin embargo, quizá éste sea un legado de la Argentina para la comunidad internacional.