Infojus Noticias

A treinta años de la recuperación democrática y once de la reapertura de las causas judiciales, es posible afirmar que no ha existido una política de persecución penal y juzgamiento de un fenómeno criminal comparable por su integralidad a la que se ha desarrollado en relación a los delitos contra la humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Los resultados difundidos que dan cuenta de las 613 condenas en 133 juicios orales, 23 de los cuales se iniciaron en 2014, son la consecuencia de una política llevada adelante por todos los poderes del Estado.

Cuando en 2003 se reinició la persecución penal luego de la expresión del fuerte compromiso político del Poder Ejecutivo y la sanción por parte del Congreso de la Nación de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, se abrió un nuevo tramo del proceso de verdad y justicia. Quedó claro que el sistema de justicia penal, incluyendo a todas sus instituciones, no se encontraba a la altura de las necesidades de la sociedad de reparar a las víctimas a través de la administración de justicia y el conocimiento de la verdad.

La experiencia también demostró que el único problema no era el de la falta de compromiso, idoneidad y honestidad de algunas de las personas que ocupaban posiciones de relevancia en ese sistema, sino que un obstáculo insoslayable estaba en las estructuras judiciales, preparadas exclusivamente para encarcelar a jóvenes pobres por delitos contra la propiedad.

El diseño de las estructuras de la administración de justicia se encontraba muy lejos de poder llevar adelante una política de juzgamiento de delitos cometidos desde el propio estado, de manera masiva y anclados en la oscuridad de las agencias de inteligencia militar y de las fuerzas de seguridad.

El tramo siguiente requirió de la reacción de las instituciones públicas involucradas, en particular frente a las dificultades para llevar adelante una reforma profunda del procedimiento penal y de sus órganos. El rol del Ministerio Público Fiscal fue fundamental a partir de la creación de una Unidad de Coordinación –luego Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad- que marcaría el inicio de este período, y que permitió la elaboración de una política centralizada de persecución penal, la detección de obstáculos y la socialización de soluciones.

El Poder Ejecutivo Nacional creó oficinas específicas para colaborar en las investigaciones en el ámbito del Ministerio de Defensa, del nuevo Ministerio de Seguridad, en la Secretaría de Derechos Humanos con el “Centro Ulloa”, la constitución de querellas en juicios clave, en la Comisión Nacional de Valores  y creó el Programa Verdad y Justicia en 2007 con el objetivo de procurar la coordinación de todos los esfuerzos estatales, en particular luego de la reacción de los criminales que estaban siendo juzgados con la desaparición de Julio López.

Estas instituciones se sumaron a otras que se adecuaron a las nuevas necesidades, como el Programa Nacional de Protección de Testigos. Se impulsó además una serie de importantes reformas normativas que buscaron agilizar los procesos judiciales que no lograban arrancar, y que fueron sancionadas con amplias mayorías en el Congreso.

El Poder Judicial también jugó un rol clave en esta verdadera política de estado. No sólo con la creación de una Unidad especial en la Corte Suprema, otras similares en el Consejo de la Magistratura y la Cámara Federal de Casación Penal, y la constitución de una Comisión Interpoderes. Sino, y en particular, por la realización de una cantidad récord de juicios orales en el ámbito federal, nunca antes experimentada.

No sólo es necesario realizar un balance de las acciones de gobierno y permitir una planificación con bases sólidas para el año que llega, sino también el de documentar las experiencias de un proceso que es efectivamente único en el mundo.

Argentina es observada por otros países de la región y de distintos continentes por su lucha contra la impunidad de estos graves crímenes. Muchos países tienen costosas estructuras judiciales pensadas para investigar y juzgar graves violaciones a los derechos humanos, pero carecen de agencias apropiadas para coordinar los esfuerzos, proteger a los testigos, contener a las víctimas, brindar reparaciones integrales. Es el caso de Brasil, por ejemplo, que ha publicado recientemente su primer informe sobre responsabilidad en el terrorismo de estado realizado por la Comisión por la Verdad, creada en 2012 con apoyo y asesoramiento del estado y organismos civiles de nuestro país.

En estos 30 años, y con especial intensidad y sin mayores retrocesos en la última década, Argentina ha desarrollado políticas que permiten que el proceso de verdad y justicia en relación con los delitos contra la humanidad avance y se intensifique. La documentación del trabajo en este informe, busca que estas buenas prácticas se repliquen en relación con otros fenómenos criminales, en particular otras graves violaciones actuales a los derechos humanos como la violencia institucional o la trata de personas. Por eso, resulta imprescindible profundizar estas políticas y multiplicarlas, y no guardarlas en el cajón de los recuerdos.

La necesaria reforma al proceso penal y a las estructuras judiciales que la democracia espera desde la década del 80 hubiera sin dudas facilitado este proceso y evitado muchos obstáculos. Su efectiva puesta en vigencia de manera urgente favorecerá a muchos otros procesos judiciales y, sobre todo, a las víctimas que aguardan justicia.

Uno de los mayores desafío del 2014 fue trabajar sobre el trato que reciben los testigos y las víctimas al momento de declarar. En este sentido, se contactó por requerimiento judicial a 1359 testigos para presentarse ante los tribunales, reemplazando de esta forma una tarea clásica de las fuerzas de seguridad, buscando evitar la revictimización y lograr que la comparecencia de las víctimas sea realmente una reparación a violaciones gravísimas como la desaparición forzada, las torturas, los delitos sexuales, los homicidios, entre muchos otros crímenes aberrantes. En paralelo, ha analizado la eventual exposición a riesgos de 2660 testigos y la situación de 195 imputados.

2015 se presenta con nuevos desafíos y proyectos de gestión, para intensificar el proceso de persecución penal y juzgamiento de los crímenes contra la humanidad, profundizar una opción ética expresada en políticas de estado y garantizar que la verdad y la justicia lleven a la no repetición de los hechos, concepto jurídico conocido en esta tierra como Nunca Más.