Infojus Noticias

El caso de Jonathan “Kiki” Lezcano creció a la sombra mediática, luchando contra la impunidad y el olvido de una Ciudad que mira al norte pudiente como el único lugar en donde el sol brilla. Sólo la politización del caso, de esa muerte, encarada por Angélica Urquiza, su madre, y jóvenes vecinos de la edad de Jonathan que fundaron y militan en la “Agrupación Kiki Lezcano” pudo contra la negación de una problemática cotidiana que vulnera los derechos de cientos de jóvenes frente a nuestras puertas, nuestros límites geográficos y nuestra cápsula mental de consumo televisivo enlatado y bienestar material.

La mayoría de las víctimas de la violencia policial, son jóvenes, varones y vienen de los sectores populares, como “Kiki” que era de Lugano, al sur de la Ciudad y estaba recuperándose de su adicción al paco. Sus muertes no parecen, a primera vista, muertes políticas. A pesar de que es el Estado el que apretó el gatillo, los prejuicios y la estigmatización que pesan sobre estos jóvenes desvían la mirada sobre los victimarios y las causas reales de una problemática que no ha tenido solución en 30 años de democracia. No es solo la Justicia la que ralentiza los procesos judiciales y no ayuda a reparar el dolor de las familias. La corporación mediática no está libre de estos violentos convencionalismos, cayendo en arbitrarias fórmulas a la hora de informar a la sociedad sobre casos de gatillo fácil.

La politización de esas muertes recae sobre las espaldas de los familiares por medio de la protesta y la denuncia. Angélica Urquiza inició el camino de la única dirección que nos deja el Estado frente a este tipo de excesos: la visibilización del crimen cometido la representación de la voz, la continuidad de la representación de un individuo negado por las instituciones y expulsado a los márgenes de una sociedad en donde la policía administra la necesidad a su antojo, sobre la base del abuso de autoridad. Angélica llega a esta conferencia de prensa con una causa frenada que en una primera instancia sobreseyó al policía responsable de la muerte de su hijo.
El muerto que habla y que, desde la foto y la leyenda con su nombre, nos recuerda que esta sobrevida virtual se construye sobre las espaldas de los principales interesados en que el crimen se resuelvan a fin de evitar la impunidad; su familia.

El caso de Kiki se emparenta con otro similar, la desaparición de Luciano Arruga desde 2009 en La Matanza. Otra causa sin imputados ni procesados. Bastó una conferencia de prensa en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en diciembre de 2012, encarada por Vanesa, su hermana, para que la causa pasara a la Justicia Federal y los policías implicados son separados de sus cargos.

En el extremo opuesto está el caso de mi hermano, Mariano Ferreyra, por tratarse de una muerte política que genera una repercusión social acorde al estremecimiento dentro de un período histórico y de un gobierno. El 20 de octubre de 2010 comienza un camino, no exento de desvíos pero más bien parejo, que recorre un trayecto de 2 años y medio para llegar a la sentencia final y la consabida reparación que genera, desde la legítima óptica familiar. La actuación de la fiscal que intervino en la investigación construyó los cimientos de una enorme pirámide que tiene en su punta a los jueces y su enorme responsabilidad social y política, y en el medio, la actuación del Ministerio Público Fiscal para garantizar que ninguno de los bloques de piedra ceda espacio a la impunidad.

Mariano Ferreyra, como muerte política, contrasta con esta tragedia en donde la encargada de politizar la muerte de “Kiki” ha sido su familia y su entorno social, siendo esta responsabilidad una constante en la mayoría de los casos de crímenes de jóvenes por gatillo fácil. Los familiares no hacen más que desnudar con su participación una realidad: que el fusilamiento de sus familiares y amigos representan asesinatos y muertes políticas por haber sido producidas por miembros del aparato estatal y por el camino que emprenden sus familiares enfrentando su versión del crimen contra la visión de los agentes policiales y la de fiscales y jueces que buscan proteger a esa fuerza del Estado.

La transformación del familiar como un tipo específico de activista hace posible encarar, a través de diferentes métodos, la politización de una muerte, y en paralelo, ese familiar inicia un camino de politización personal.

* Varios de los conceptos vertidos en este artículo son producto de reflexiones a partir del texto "Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial" de la antropóloga Maria Pita.