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En San Fernando del Valle de Catamarca, el frío invernal que opaca la primavera no afecta el ánimo de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, preparados para una nueva audiencia en los Tribunales Federales. En la Casa de la Memoria, que está emplazada en calle 9 de Julio 1276, el hogar desde donde secuestraron a Griselda Ponce y a su sobrino Julio Genaro Burgos, se respira alivio y la expectativa es que la sentencia llegue en pocas semanas. Una de las provincias más pequeñas de la Argentina -400 mil habitantes-, vive su tercer juicio de lesa humanidad, el más importante en la región por la cantidad de imputados: cuatro ex militares y el ex jefe de policía, acusados por el secuestro y la privación ilegal de la libertad de cuatro catamarqueños - Francisco y Griselda Ponce, Julio Burgos y Yolanda Borda-; y también, por la conformación de una asociación ilícita.

“Lo vivimos con mucho más distención y alegría que los juicios anteriores, donde todavía teníamos miedo de hablar sobre lo que pasó. Catamarca se encerró en un silencio pero, de a poco, la impunidad se va terminando. Los hechos de la dictadura van conociéndose y celebramos que los chicos de las escuelas vengan a presenciar las audiencias”, dijo a Infojus Noticias Noemí Toledo, sobrina de Francisco y Griselda Ponce, quien habló así del programa “La escuela va a los juicios”, la primera experiencia que se instrumenta en una provincia por fuera de Buenos Aires. Cerca de 20 estudiantes presencian semanalmente el proceso, que comenzó el 25 de septiembre y tiene previsto un total de 16 testigos.

Este viernes –las audiencias transcurren sólo ese día- en el juicio conocido como causa "Ponce-Borda II", declararán una serie de testigos propuestos tanto por la querella como por la defensa sobre hechos ocurridos entre el 6 de abril de 1976 y el 27 de enero de 1977. Entre otros, prestarán testimonio Estela Asaf, hija de un testigo que habría visto a Yolanda Borda en un centro clandestino de Tucumán; Hugo Padovani, primo de Yolanda; Carlos Illanes, ex soldado a cargo del represor Sergio Mujica; y otros testigos conocidos de los imputados.

En este juicio se trata, fundamentalmente, cómo fue la logística de los operativos de secuestro. Bajo el dominio del Tercer Cuerpo de Ejército, al mando de Menéndez, había un patrón que se repetía de forma sistemática: se secuestraba en Catamarca y luego se llevaba a los detenidos hacia Tucumán. Los centros clandestinos locales, como la jefatura policial, eran sólo de tránsito. “En este juicio tenemos los casos de Yolanda Borda y de Griselda Ponce, por ejemplo, que fueron llevadas afuera de la provincia. Tucumán estaba liderada por Antonio Bussi y tenía un poder específico porque dependía directamente de la Cuarta Brigada”, precisó a Infojus Noticias Guillermo Díaz Martínez, abogado querellante. Detrás de los secuestros de los militantes, hay un rasgo que se aclarará en el transcurso del juicio: cómo operó la inteligencia represiva en la zona y de qué modo coordinaron las distintas fuerzas la aniquilación del enemigo en la “lucha contra la subversión”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca está integrado por los jueces Julián Falcucci –presidente-, Jaime Díaz Gavier y Carlos Julio Lascano. Las partes que intervienen son el fiscal general Rafael Vehils Ruiz; las querellas de Guillermo Andrés Díaz Martínez -representa a Fresia Borda y Dercy Borda-, José Bernardo Lobo Bugeau -Secretaría de Derechos Humanos de la Nación-; María Sara Ponce y Dora Azucena Ponce -por Julio Genaro Burgos y por Francisco Gregorio Ponce y Griselda Ponce-, representada por la abogada María Isabel Baugngarter; y los abogados defensores Luis Guillermo Segura -Ruiz y Mujica-, Lucio Miguel Montero –Basso- y Javier Goane -defensor oficial Otero Aran y Ripoll-.

Los represores acusados por "privación ilegítima de la libertad" y “asociación ilícita" son los ex capitanes del Ejército Darío Otero Arán y Jorge Isaac Ripoll -oficiales de Inteligencia del Regimiento 17 Aerotransportado de Catamarca-; el ex mayor del Ejército, Enrique Henzi Basso; el ex jefe de la Sección Tiradores de la misma unidad, Rodolfo Sergio Mujica; y el jefe de la Policía provincial en los primeros cincuenta días posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Carlos Ricardo Ruiz.

Otero Arán es el único que se encuentra detenido en la actualidad, Basso sigue por videoconferencia desde Buenos Aires y en la causa también está imputado el varias veces condenado Luciano Benjamín Menéndez, pero fue apartado pues atraviesa actualmente otros dos procesos orales y públicos por crímenes de lesa humanidad en La Rioja y Córdoba.

Los hechos

Entre las víctimas de la causa está Francisco Ponce, militante de la Juventud Obrera Católica, y parte de Montoneros, secuestrado el 6 de abril de 1976 y aún desaparecido. También su hermana Griselda Ponce y su sobrino Julio Genaro Burgos, de 19 años, menor de edad para la época, secuestrados en diciembre de 1976. Griselda llevó adelante innumerables gestiones por Francisco como las que llevó a su familia a entrevistarse con el entonces obispo de Catamarca, Pedro Alfonso Torres Frías, de quien escucharon: “No se puede hacer nada. ¡Qué se le va a hacer! Si andaba en la subversión, ésa es la única forma de terminar”.

También se juzga a los represores por el secuestro y desaparición de Nelly Yolanda Borda, de 27 años, secuestrada el 27 de enero de 1977 en la ciudad de Belén. Yolanda estudiaba bioquímica en Tucumán y formaba parte del PRT. También ella permanece desaparecida.

Los juicios anteriores

En el primer juicio –que fue la primera parte del proceso actual- conocido como "Ponce-Borda I” y celebrado en 2012, los represores Juan Daniel Rauzzino y Juan Carlos Lucena, altos mandos de la dictadura en Catamarca, fueron condenados a 10 y 16 años de prisión. En aquella ocasión, el ex comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, no pudo ser juzgado debido a un problema de salud que lo alejó un tiempo de los tribunales federales. En tanto, el segundo juicio fue por la denominada "Masacre de Capilla del Rosario", donde los represores Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta fueron condenados a prisión perpetua por fusilamientos clandestinos contra militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo –ERP- en agosto de 1974. La sentencia fue en 2013.

Catamarca, después de un largo tiempo de impunidad, vive el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en tres años. Y la sensación, para las víctimas de la dictadura, es que se quebró el pacto de silencio. La sociedad, dicen, ya no permanece indiferente y los militares, aunque sigan cubriéndose, no pueden resistir a la evidencia que produce cada juicio.  “Es una provincia chica, acá no hubo la magnitud represiva de Tucumán o Córdoba, pero tenemos más de treinta catamarqueños que han sido detenidos antes y después del golpe en todo el país. Muchos permanecen desaparecidos. Acá hubo una complicidad de la jerarquía eclesiástica y un temor en la sociedad que favoreció el accionar represivo. De a poco, vamos logrando justicia. Y seguramente tengamos varios juicios más”, dijo Lila Macedo, la primera presa política de la provincia.

JMM/JC