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A comprar frutas y verduras: a eso llegaron a Fernández, un pueblo apacible a 55 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, a fines de 1972, los hermanos Carlos, Rodolfo y Alejandro Iaccarino. Tenían menos de treinta años, cuatro empresas prósperas y seis puestos de abaratamiento exitosos en La Plata, apadrinados por la CGT. Todo lo que siguió fue abrupto: treinta y dos meses después ya eran dueños de dos establecimientos agrícola-ganaderos-forestales de 25.000 hectáreas en la localidad de Campo Gallo, un avión ejecutivo Rockwell bimotor, y una empresa láctea con la que habían formado una cuenca lechera con seis provincias del noroeste. El “Tratado del NOA” le quitaba tamberos y consumidores a Sancor, y les había costado acaloradas negociaciones con Carlos Juárez, el señor feudal. Veintiocho meses después fueron despojados para siempre de sus bienes y terminaron en los sótanos del “Infierno”, un centro clandestino de la policía bonaerense. Ese fue el final, por el que hace poco fueron condenados a tres y cuatro años de cárcel dos jerarcas de la Brigada de Avellaneda.

Por el inicio, en Santiago, cuatro policías de esa provincia serán indagados antes de octubre. Y también José “Pepe” Figueroa: es el ex secretario de Desarrollo Social de Carlos Menem, y senador en la década del ‘90, que integraba el grupo empresario más poderoso de Santiago del Estero cuando los Iaccarino llegaron por las frutas y las verduras.

Después de comprar 25.000 hectáreas de campo a los Zabaleta, una familia de alcurnia que les vendía un pedazo de su latifundio, no los advirtieron que estaba por caerle un embargo. Los Iaccarino tuvieron el primer contacto con la familia más poderosa: los Figueroa. Les vendieron tractores, arados, sistema de iluminación y muchas otras maquinarias para trabajar en la cosecha de sus hectáreas.

Después, por sugerencia de un amigo, los jóvenes Iaccarino compraron ILSA, una industria láctea deficitaria que luego de seis meses volvieron rentable. Los tamberos, a quienes pagaban un 30% más que el pulpo Sancor, empezaron a confiar en ellos. En esos meses empezaron a seguirlos: el jefe de la Dirección de Inteligencia de la policia de Santiago, Musa Azar, le pidió información a la policía bonaerense sobre el directorio de ILSA, pero sólo de 5 de los 12 miembros: la familia Iaccarino.

El 24 de marzo los detuvieron con su avión en el aeropuerto de Campo Gallo. Ocho meses más tarde, el 4 de noviembre de 1976, policías santiagueños los fueron a buscar a Carlos, Rodolfo, y el padre de los Iaccarino. Les dijeron que estaban en poder de los “verdes”. Pero el informe que pidió la policía al Primer Cuerpo de Ejército confirmó que no había ningún motivo para detenerlos.

Muchos años después, los hermanos Iaccarino supieron dos cosas: que el día de su detención les iniciaron una causa por compra fraudulenta de los campos (dos años antes), y que un hombre, Roberto Ávila Otrera, contaría en un juicio como fue que se gestó su secuestro.

Ávila Otrera, militante del PRT, dijo que había estado en una reunión de estudios, donde Pepe Figueroa “restregándose las manos” había contado de un asado en el que se había planificado el despojo de los hermanos. Habían participado Carlos Jensen Viano, vicerrector de la universidad, con otro profesor de apellido Drueta y el empresario Bruno Chezzi. El hombre que tres años después, en los calabozos del “Infierno”, les diría amigablemente que se desprendan del avión y los campos si valoraban sus vidas.

Las cuentas de Pepe

La familia Figueroa es oriunda de Suncho Corral, un pueblito agrícola que no supera los 10.000 habitantes. Sus padres eran descendientes de los fundadores del pueblo: Doña María -la madre de Elías Miguel, Eduardo Antonio, Tomás y José Oscar Figueroa y algunas hijas mujeres- manejaba un modesto almacén de ramos generales. A fines del siglo XIX, con la llegada del trazado del ferrocarril, los Figueroa entraron en un espiral de prosperidad vendiendo leña y durmientes para la construcción de los rieles.

Con el tiempo los Figueroa y un puñado de familias de linaje –como los Zabaleta, que habían querido estafar a los Iaccarino con la venta de las tierras de Campo Gallo- se convirtieron en los grupos económicos más poderosos de la provincia. Durante la dictadura, también cultivaron vínculos muy estrechos con el poder político y militar. Tomás Figueroa y el teniente coronel Carrasco, por caso, andaban siempre juntos. Carrasco, además de gran aficionado al whisky, era uno de los jefes del Batallón de Ingenieros de Combate 141, y tenía línea directa con Musa Azar y su grupo de tareas, condenado por la desaparición de opositores políticos. Ambos comandaron el secuestro, en plena calle, de Ana María Mrad, una joven profesora de filosofía.

Los contactos políticos y militares los ayudaron a levantar un pequeño imperio con empresas del rubro automotor, minero, forestal y financiero. Los generales Rogelio Villarreal –secretario general de la presidencia de Videla- y Llamil Reston –ministro de Trabajo- eran coterráneos y ayudaron a los Figueroa a llegar a las empresas, que siempre terminaron en la quiebra. Entre los principales figuraba Crybsa –la empresa rionegrina de maquinaria pesada más grande de Sudamérica- y el Ingenio La Esperanza, que hasta hace poco manejaba el grupo Roggio. Fermín Ochoa, el general que fue interventor militar de Santiago luego del golpe de Estado, era gerente de compras del grupo en Capital Federal.

Con la democracia, los Figueroa incursionaron en entidades bancarias. En 1985, llegaron al Banco Iguazú, que presidía Eduardo Figueroa, y que fue quebrado dejando a la buena de Dios un tendal de ahorristas. La estafa fue probada por la investigación del fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas. A través de un manual que repartieron en las sucursales, y con la ayuda de los gerentes, incitaban a los clientes a invertir en una cuenta marginal que tenía más tasa de interés, y llamaban mesa de dinero. Para eso, libraron más de 100.000 cheques truchos. Todo ese dinero líquido en negro iba a parar a una única cuenta: la de Eduardo Antonio Figueroa.

El Banco Iguazú no sería la única estafa financiera del menor de los Figueroa. En la década del ’90, abrazado al menemismo –de quien llegó a ser secretario de Desarrollo Social-, José Oscar Figueroa volvió a repetir la historia en el Banco Platense, que ayudaría decididamente a quebrar. Mientras estaba en la función pública, José Oscar era vicepresidente primero de la entidad. Pero además de funcionario y banquero, era además director ejecutivo del Ingenio La Esperanza, en Salta. A su propia empresa, Figueroa le otorgó dos préstamos por más de un millón y medio de pesos, estando ya quebrado. Es decir que nunca devolvió la plata. A través de una red de testaferros y empresas vinculadas, más de 20 millones de pesos –decisivos en la quiebra del Banco en 1997, que dejó a 2.000 ahorristas sin nada- fueron destinados a amigos o parientes: su hermano Eduardo, procesado por el banco Iguazú, era el presidente.

En su breve pero intensa trayectoria política, Pepe Figueroa labró algunos hitos imborrables: cuando Menem ganó la primera presidencia, el santiagueño mandó a llenar la pileta de la estancia de su amigo íntimo, el catamarqueño Ramón Saadi, con champán. Un funcionario del gobierno actual recordó –risueño- que cuando era secretario de Desarrollo Social hubo un escándalo porque llegó a inventar una comunidad indígena para desviar los fondos de una partida de dinero una ONG alemana. Como senador, en el segundo mandato del riojano, le abrió su despacho a Saadi, cuya captura por corrupción pedía un juez catamarqueño. Luego, en 2005, fue candidato a gobernador. Sin embargo, siguió siendo leal con su antiguo jefe: el Grupo Figueroa colocó 90.000 hectáreas en la cordillera catamarqueña como caución para el regreso al país de Menem, cuya captura internacional había pedido el juez Norberto Oyarbide. Las tierras tenían escrituras irregulares en la escribanía de la tía de su compadre, Ramón Saadi.

Su situación judicial

La historia narrada por Infojus Noticias  –las peripecias de los Iaccarino en Santiago- consta en un expediente en la justicia federal de Santiago que está en plena instrucción. “Ahora se ha terminado la recolección de pruebas”, respondió telefónicamente el fiscal del caso, Gustavo Gimena. Antes de la feria judicial, Gimena pidió la declaración indagatoria de cuatro policías que tuvieron responsabilidad de mando en la detención de los Iaccarino, por privación ilegítima de la libertad y tormentos, entre los que incluye al jefe de inteligencia de la fuerza Muza Azar, además de Juan Bustamante, Felipe García, Francisco Laitán.

Pero la novedad es la pata civil y empresarial: el poder en las sombras. Pepe Figueroa. “Es uno de los civiles que habría estado en la organización de las acciones de desapoderamiento”, dijo el fiscal Gimena a Infojus Noticias. “El testimonio de Ávila Otrera es contundente, pero hemos podido documentar aún si esos bienes pasaron a los Figueroa”, agregó. “La situación de José Figueroa es una especie de gris. Yo estoy convencido de su participación. Desde la fiscalía vamos a pedir su procesamiento, pero no sé cuáles van a ser los fallos de las instancias judiciales. Cuando se trata de la pata civil o eclesiástica piden más pruebas”. “Aún tiene muchos campos, y es empresario comercial”, contó una fuente que lo conoce de los pasillos de Tribunales.

El lunes el juzgado federal de Santiago del Estero, deberá decidir cuándo toma indagatoria a cuatro. “Si no lo resuelve antes del diez de agosto, vamos a pedir un pronto despacho”, advirtió Gimena. La suerte del ex ministro, diputado, empresario, terrateniente y banquero, está echada.