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Su nombre todavía aparece en las cartillas médicas más importante de las provincias de Chaco y Corrientes, pero desde hacía dos años y hasta su muerte –el lunes pasado- el médico policial Héctor Orlando Grillo estuvo detenido por cometer delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Cumplía prisión domiciliaria y esperaba el juicio oral.

A principios de abril de 2013, el juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky procesó a Grillo de 70 años “por el delito de conformar asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad”.

La Justicia acusó a Grillo de haber entregado certificados de defunción en la denominada masacre de Margarita Belén, donde 22 militantes montoneros fueron torturados y asesinados por el Ejército en diciembre de 1976.

El médico no fue una pieza más del engranaje de la maquinaria asesina que habilitó miles de muertes, sino que tuvo un rol protagonista: “Ponía su conocimiento profesional a disposición de los autores de las torturas”, sostuvo el juez Skidelsky en una resolución de la Secretaría de Derechos Humanos de la Justicia Federal de Resistencia.

Después de su fallecimiento, los organismos de derechos humanos lamentaron que Grillo no haya sido condenado y se haya muerto impune.

Una de sus víctimas, el ex preso político Miguel Molfino, escribió en su cuenta de Facebook: "Murió ayer nuestro Dr. Mengele provincial, Héctor Grillo", en referencia al médico nazi que envió a cientos de judíos a la muerte.

"Básicamente, este conocido médico recuperaba compañeros que se les iban a los torturadores en las sesiones de picana. Yo mismo fui atendido por el médico de los tormentos, cuando casi me les quedé en la parrilla (cama de metal acondicionada para las sesiones de tortura) por exceso de consumo de electricidad", agregó Molfino.

"Es una pena que la muerte nos lo haya arrebatado. Todas sus víctimas queríamos verlo sudar (y no de calor) sentado frente al tribunal oral, mientras los testimonios le recordaran los alaridos de sus pacientes atormentados", lamentó Molfino.

Al médico se lo acusó por no haber advertido en los certificados de defunción que los cadáveres que examinó tenían disparos de armas de fuego. También se le cuestionó que englobara en traumatismos las causas de la muerte de la mayoría de ellos, cuando algunos de los cuerpos estaban mutilados. Además, se le atribuyó presenciar las sesiones de tortura para evaluar el grado de tolerancia de los detenidos y evitar la muerte en la Brigada de Investigaciones, que por aquellos años funcionó como un centro clandestino de detención, hoy Casa de la Memoria de Chaco.

En un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en 1985, testigos y sobrevivientes nombraron a Grillo en relatos relacionados con vejaciones y violaciones de los derechos humanos.

En septiembre de 2012, los fiscales Patricio Sabadini y Diego Vigay pidieron la indagatoria de Grillo. Fue por la causa donde se investigaba la muerte del militante peronista Pablo Martinelli, ocurrida el 7 de noviembre de 1976 en plena vía pública. En el certificado de defunción, Grillo escribió que la causa de muerte había sido un accidente, pero la Justicia descubrió una comunicación interna del jefe de la Brigada de Investigaciones de aquella época, Carlos Thomas, dirigida al jefe del Área 233 del Ejército, en el que indicaba que Martinelli había sido asesinado por efectivos policiales.

El médico no sólo tenía en su contra denuncias sobre delitos de lesa humanidad, sino  también su empleada doméstica lo había denunciado por explotación laboral, amenazas y acoso sexual. Grillo también era dueño de la clínica médica Galeno, en la capital chaqueña, propiedad que ahora heredaron sus hijos.