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“Estas son las pruebas de que también hubo terrorismo de Estado en democracia”, dijo esta mañana la abogada Angélica Escayola, viuda del abogado Alfredo Guevara, uno de los fundadores de la Asociación Gremial de Abogados. Fue la frase con la que acompañó una serie de documentación que dejó al Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza durante su declaración. En la causa se investigan las responsabilidades de ex jueces, militares y policías durante la última dictadura cívico-militar. Entre esos documentos, incluyó la ampliación del habeas corpus para conocer el paradero de un estudiante de Medicina secuestrado en 1975 y que el juez Luis Miret terminó girando a la justicia militar en 1985.

En la causa están siendo juzgados, además de Miret, los ex magistrados Otilio Romano, Guillermo Petra y Rolando Carrizo. También hay una treintena de ex policías y militares que están acusados por lo sucedido en el centro clandestino del Departamento de Información 2 de la policía de la provincia de Mendoza, que es conocido como “D2” y funcionó en el entrepiso del edificio, en pleno microcentro mendocino.

Escayola y Guevara, fallecido en 2005, debieron exiliarse en 1975. Fue poco después de la detención de él –un activo militante y abogado de presos políticos-, quien fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Ambos partieron al exilio, primero a Perú y luego a México, cuando les dieron la opción de salir del país.

Guevara, como recordó Escayola durante la audiencia, había sido detenido antes, en 1972. La dictadura lo había puesto en la mira por su rol como abogados de presos políticos, a quienes defendía ante la Cámara Federal en lo Penal (conocida como el “Camarón” y creada para juzgar en todo el país a los militantes políticos), y por sus actividades políticas como militante del peronismo.

A su regreso del exilio, Guevara participó de la reapertura de la causa por la desaparición de Luis Moriña, un estudiante de Medicina que había sido secuestrado y continuaba desaparecido en 1984. “Las respuestas del Ejército eran contradictorias y la familia del joven pidió, junto al Gordo –como Angélica le dice a Guevara- que se ampliara el habeas corpus”, explicó Escayola.

“Guevara le pidió al fiscal Romano y al juez Miret que ampliaran los habeas corpus. Las respuestas del Ejército fueron primero que no lo tenían, después que se había fugado, después que estaba en Córdoba. Finalmente mandaron la causa a la justicia militar. Eso generó una querella de Guevara y la familia pero fueron sobreseídos por Petra por prescripción”, dijo Escayola. Todo eso ocurrió entre 1984 y 1985.

Pero eso no fue todo lo que ocurrió con esa causa. También le aplicaron las costas a la familia de Moriña y a Guevara. “Nos vinieron a embargar las máquinas de escribir, los escritorios y el Gordo llevó el caso hasta la Corte Suprema. Las costas a la familia  y los abogados era parte del castigo adicional para hacernos sentir su poder, que continuó en democracia”, sostuvo Escayola.