Infojus Noticias

El fiscal Rafael Veis Ruiz solicitó la prisión perpetua para el represor Ángel Ricardo Pezzeta por los crímenes de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville. En su alegato, el representante del Ministerio Público lo responsabilizó de los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio doblemente calificado, todos ellos en dos hechos y en concurso real en calidad de autores mediatos. La sentencia se dará a conocer el 18 de marzo.

Además, las dos querellas representadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los abogados de la hermana de una de las víctimas, Cristina Murias, coincidieron con las penas solicitadas por el fiscal. Según informó el sitio Fiscales, en el momento de los hechos Pezzeta era alférez en la Base Aérea Celpa de la ciudad de Chamical, provincia de La Rioja. Durante los alegatos, también se solicitó la pena se cumpla en una cárcel común, que sea destituido de su cargo y que los testimonios se remitan a los tribunales correspondientes para que continúe la investigación sobre los servicios de inteligencia de la regional Córdoba que tenía a cargo la Base Aérea Celpa y que dependía de la Jefatura II del Comando Mayor de la Fuerza Aérea.

La muerte de los sacerdotes se conoció por la declaración en sede policial del ciudadano Julio Carabajal, quien dio cuenta del hallazgo de dos cuerpos a la vera de las vías a la altura del kilómetro 660/650 el 20 de julio de 1976 cuando regresaba de la refacción de las vías férreas.

Según la causa, Murías y Longueville "fueron llevados con sus ojos vendados y maniatados hasta la ladera opuesta del terraplén a la vera de la ruta nacional 38 en donde fueron sometidos a disparos con armas de fuego largas y cortas de distintos calibres por varias personas". Fue en la noche del 18 de julio de 1976. Los sacerdotes Murias y Longueville habían sido privados ilegítimamente de su libertad en un  lugar que hacía las veces de sede de Guarnición Aérea de Chamical. Ahí, según el fiscal, "los sacerdotes fueron sometidos a severo interrogatorio por su militancia, vinculación con (monseñor Enrique) Angelelli, además de ser sometidos a malos tratos y torturas tanto físicas como psicológicas".

El fiscal agregó que "los ejecutores actuaron dentro del marco del accionar de las fuerzas armadas durante la pasada dictadura militar y se infiere de tal suerte que la cadena de mando superior a sus ejecutores materiales, encomendaron la labor de inteligencia para llevar a cabo la maniobra al personal de las fuerzas de seguridad que existían en ese momento".

El Tribunal que juzga al represor está integrado por los jueces subrogantes José Fabián Asís del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba; Juan Carlos Reynaga del Tribunal Federal de Catamarca y Mario Eugenio Garzón Juez Federal de San Francisco, Córdoba. Por su parte, las querellas están representadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la provincia en forma conjunta y las letradas Viviana y María Elisa Reinoso en representación de María Cristina Murias, hermana del sacerdote asesinado.

Este proceso es un "residual" del que condenó a prisión perpetua en 2013 a los represores Luis Fernando Estrella, Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Benito Vera por los asesinatos de los llamados "Mártires de Chamical".