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En Mendoza, luego de la feria judicial, se retoman las audiencias del juicio en el que se investiga la responsabilidad de ex jueces, militares y policías involucrados en los procedimientos ilegales realizados en la provincia durante la última dictadura cívico militar. Los ex magistrados Otilio Romano, Guillermo Petra y Rolando Carrizo y una treintena de ex policías y militares están acusados por violaciones a los derechos humanos de más de doscientas personas.

Este es el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia. Por el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº1 se presume que pasarán más de 200 testigos que van a declarar sobre lo que ocurrió en el centro clandestino de detención y tortura conocido como “D2” -Departamento de Información 2 de la policía de la provincia de Mendoza-, el máximo centro clandestino de la provincia; el Liceo Militar General Espejo y la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer.

El megajuicio –que se estima durará dos años- incluye, en total, más de doce causas. Involucra a cien víctimas, de las cuales 37 están desaparecidas. Las demás personas sufrieron privaciones de la libertad, la mayoría fueron sometidos a torturas, algunos quedaron con lesiones y/o perdieron parte de su patrimonio debido a los robos, considerados “botín de guerra”. Además, por primera vez, llegaran a juicio los ataques sexuales contra cuatro militantes mujeres bajo la figura de “violación encuadrada como delito de lesa humanidad”.

Entre los imputados se encuentran el destituido Luis Miret, que fue subrogante y luego juez designado durante la dictadura, de la misma forma que ocurrió con Otilio Romano, también destituido por el Consejo de la Magistratura. A ellos se suma el ex magistrado Rolando Carrizo. El punto común de la acusación a los cinco jueces es por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron por centenares a sus juzgados en forma de hábeas corpus y demás recursos.