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Todavía no eran las cuatro de la tarde y la sala de audiencias estaba llena. Familiares de víctimas del terrorismo de Estado y sobrevivientes ocupaban un lado del recinto. Una fila de gendarmes separaba el espacio dispuestos para los parientes de los imputados. El clima era tenso, las expectativas no eran demasiado optimistas porque todavía quedaba el sabor amargo de la última resolución de la Cámara de Casación Penal. Esa que hace un mes dispuso que los condenados en la megacausa Jefatura II Arsenales quedaran unos en libertad y otros cumpliendo arresto domiciliario.

“Condenar a Roberto Heriberto Albornoz a la pena de ocho años de prisión”, leyó Mariano García Zavalía, secretario del tribunal. El público escuchaba casi inmutable. El fallo concordaba con la pena pedida por el Ministerio Público Fiscal. En la primera fila de asientos los hijos de Alberto César Ferreyra sostenían la foto de su padre, una de las tres víctimas desaparecidas en esta megacausa. Con los labios apretados y tomados de las manos asentían con la cabeza.

La fotografía color que ellos sostenían resaltaba entre todos los retratos en blanco y negro. Los testimonios de los hermanos Ferreyra fueron dos de los más emotivos que se escucharon durante el debate oral y público. Dos niños que dedicaron su vida a buscar al hombre que les había dado la vida. Dos adolescentes que abrumados por el dolor trataron de quitarse la vida. Dos adultos que decidieron luchar y esperaron este acto justicia.

Las condenas a prisión perpetua fueron para Juan Carlos Medrano, Pedro Fidel García y Héctor Manuel Valenzuela. El ex militar Jorge Omar Lazarte fue condenado a 18 años de prisión, Daniel Arturo Álvarez a 25 años;  Ángel Armando Audes a 20 años, Augusto Wertel Montenegro y Francisco Alfredo Ledesma a 16 años, Santos González a 12 años y Roberto Heriberto Albornoz a 8 años. En todos los casos el tribunal resolvió que las penas sean de cumplimento efectivo y en cárcel común.

Resolutiva producto de la lucha

Sobre el final, el secretario del tribunal anunció que los fundamentos de la sentencia se conocerán el 27 de febrero próximo. No obstante dispuso que los condenados sean recluidos en el penal de Villa Urquiza en tanto la sentencia quede firme. Respecto a este punto dio una extensa y profunda fundamentación partiendo por aclarar que “el Tribunal tiene sentada posición en el sentido de que una condena no firme en materia de delitos de lesa humanidad, genera la necesidad de neutralizar el peligro de fuga”.

Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga presentaron expresaron que el temperamento adoptado se halla en el voto (en disidencia) de la doctora Ana María Figueroa en la resolución del 6 de noviembre de 2014 de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

 “Esta cuestión inédita que el tribunal siente una postura en disidencia con casación, tomando las palabras de la doctora Figueroa, creo que tiene que ver con las acciones las acciones que llevamos adelante en este último mes”, dijo a Infojus Noticias la militante de la agrupación HIJOS, Natalia Ariñez. En ese mismo sentido se expidió la abogada querellante Julia Vitar: “La sentencia de hoy es el producto de la movilización de la sociedad tucumana que hace una semana y media ha marchado pidiendo que la justicia tenga fallos acordes con los delitos cometidos por los imputados”, aseguró en diálogo con esta agencia de noticias.

Luchas que terminan y que continúan

Después de conocida la sentencia, las lágrimas convivían con las sonrisas. Los saltos y los abrazos extensos y apretados eran la manera de expresar la alegría de no sentirse vencidos. “La lucha de tantos años valió la pena”, se escuchaba en boca de más de un sobreviviente. “Yo creo que es una de las mejores sentencias, estamos muy felices, estábamos abrazándonos y besándonos porque teníamos cierto temor”, explicó Lilián Reynaga miembro de la Asociación de Ex Presos Políticos – Tucumán.

El fiscal Patricio Rovira dijo a la prensa que se encontraba satisfecho por la sentencia. Sin embargo dejó claro su malestar con el comportamiento de uno de los abogados defensores. “Lo que sucedió acá con uno de los abogados defensores es una vergüenza”, sostuvo el letrado haciendo referencia al alegato de José Chaván. El defensor particular citó un párrafo de la novela El Quijote para expresar que una la víctimas de abuso sexual habría prestado su consentimiento. “Es una falta de respeto”, despachó el fiscal que evalúa la posibilidad de iniciar acciones ante los improperios del defensor. “Una falta de respeto para el tribunal, para las partes, pero sobre todo para la víctima”, concluyó con indignación.

A pesar del comportamiento del abogado Chaván, el tribunal también sentó posición al declarar dentro de la resolución “que las mujeres alojadas en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza, conforme a los testimonios vertidos en la audiencia de debate, fueron víctimas de actos que según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, constituyen formas de violencia contra la mujer”. Es por esto que ordenó se ponga en conocimiento de estos hechos a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Tucumán y al Consejo Nacional de la Mujer y a la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG).

El juicio, que comenzó a mediados de septiembre, fue el décimo por delitos de lesa humanidad que se celebró en esta provincia, el segundo de la magnitud de un megaproceso (el primero fue "Arsenales II-Jefatura II") y la mayoría de las 39 víctimas son ex funcionarios, militantes justicialistas o ex sindicalistas.