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El fiscal Alberto Nisman fue encontrado sin vida el domingo por la noche en el baño de su departamento de junto a un arma de fuego y un casquillo de bala calibre 22.  Tenía 51 años, vivía en el piso 13 del edifico Le Parc, de Puerto Madero y tenía 10 custodios.  

Íntimo amigo de Mario Kohan –juez del Tribunal de Casación de la provincia, muy cercano a Sergio Massa-, Nisman dio sus primeros pasos en los tribunales del distrito de Morón. En ese distrito, recuerda el abogado –y otra fuente memoriosa-, tuvo un paso con el juez Juan María Ramos Padilla y también coincidió con Guillermo Montenegro, cuando el actual ministro de seguridad porteño fue secretario de un juzgado. Finalmente recaló como secretario del juez Gerardo Larrambebere, que tenía a su cargo el expediente por el ataque del Movimiento Todos por la Patria al cuartel de La Tablada, en la década del ‘80. Los periodistas Felipe Celesia y Pablo Waisberg, en el libro La Tablada. A vencer o morir, contaron que el magistrado le asignó a Nisman la investigación de los casos de Iván Ruiz y José Díaz, brutalmente torturados y vistos por última vez en un Falcon donde se los llevaron unos tipos de civil. Y que el joven secretario y el juez apoyaron la versión oficial del Ejército de que habían muerto en combate.

Muchos años después de aquellos primeros pasos, tras una década al frente de la causa más importante de la historia judicial argentina, Nisman era un hombre que sufría de una antigua soriasis, no fumaba, flaco y atlético, y le gustaba jugar al tenis. Eso, los ratos escasos que tenía libres, porque quienes compartieron mucho tiempo de trabajo con él confían que podía enfrascarse en los expedientes largas jornadas, y rara vez asistía a una audiencia sin haber preparado cuidadosamente las preguntas.

“Nisman era una persona muy obsesiva, muy meticulosa, muy preparada. Estuvo sentado al lado mío durante los tres años del juicio por el encubrimiento, estaba muy consustanciado con la resolución del caso”, dice Pablo Jacoby, letrado de la asociación civil Memoria Activa en la causa que investiga el atentado a la AMIA. El abogado se mostró impactado por la noticia de la muerte del fiscal. “No era un tipo depresivo, eso es lo raro de todo esto”, sugirió el abogado.

Su llegada a la causa Amia

De Morón se mudó a San Martín, donde fue nombrado fiscal frente a los tribunales orales de ese distrito. En el viejo edificio de Comodoro Py, cuando ya estaba en la justicia federal porteña, conoció a una defensora oficial que se convertiría en la madre de sus dos hijas, la influyente jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. 

Ahí estaba, en julio de 1997, cuando el Procurador General Nicolás Becerra lo convocó para sumarse a la dupla de fiscales que por entonces investigaban el atentado a la AMIA, José Barbaccia y Eamon Mullen. Fue un pedido expreso de los dos –ahora procesados por actuaciones irregulares en la causa- al jefe de los fiscales, a quien le trasmitieron la necesidad imperiosa de contar con alguien que analizara la prueba que iba a elevarse a juicio.

En el pedido formal no había nombres, pero ante la consulta de Becerra, dieron el de Nisman. “Él se abocó a todo lo que tenía que ver de la causa “Brigadas”, de la detención de los policías, Barbaccia a la prueba respecto de Telleldin, y Mullen de la mecánica del atentado”, cuenta una fuente que vivió muy de cerca aquella investigación.

El juicio oral

Aquél equipo de Nisman, Barbaccia y Mullen trabajó hasta el juicio oral, pero no terminó bien. Durante el juicio oral por la llamada “conexión local”, muchos testigos dijeron que ellos y el juez Juan José Galeano habían cometido una serie de irregularidades. Lo más grave, era la orden de Galeano de pagarle 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que implicara en el atentado a policías bonaerenses. Al final del debate, el Tribunal Oral absolvió al desarmador Carlos Telleldín y a los policías. Y en los fundamentos del fallo, acusó a Galeano –que terminó destituido y procesado- y a los fiscales Mullen y Barbaccia, que también fueron procesados. “En el juicio oral quedó demostrado que no se investigó absolutamente nada”, afirmó a Infojus Noticias el abogado Juan Carlos García Dietze, defensor de Ariel Nizcaner, un hombre que fue absuelto de haber participado en la adulteración de la Traffic.

En 2004, Nisman quedó a cargo de una unidad especial creada para concentrar todas las investigaciones vinculadas al atentado. “Siempre hubo un tema paradojal: Barbaccia y Mullen quedaron imputados, y él siguió a cargo. Es extraño”, reflexionó García Dietze. Pero no dio detalles.

Una fuente que pide reserva contó que Nisman estrechó entonces sus vínculos con el espía Jaime Stiuso, que había sido desplazado de la causa Amia pero recuperó terreno trabajando codo a codo con el fiscal. Stiuso había salido airoso de una puja interna con otra facción de la Side conocida como Sala Patria, que conducía el ex agente Patricio Pfinnen.

En la Unidad Especial de Investigación de la causa Amia, quedó al frente de una estructura que no escatimaba gastos: una oficina con grandes medidas de seguridad, cinco secretarios y más de cincuenta personas a su cargo. Jacoby opina que “su participación en el pedido de difusiones rojas de los ocho imputados iraníes fue decisiva”, y cuenta que una de las decisiones importantes fue “ordenar todos los legajos que tenía Galeano reservados, y los puso a disposición de las partes”.

Nisman y la embajada

Durante una década, los expedientes que investigaba Nisman navegaron en las turbulencias de la coyuntura política. En 2006 acusó al gobierno iraní de planificar el atentado, y al Hezbollah de ejecutarlo. Cuando WikiLeaks sacó a la luz los cables secretos del Departamento de Estado norteamericano, quedó desnuda la relación estrecha del fiscal con la embajada de Estados Unidos, que lo llevó muchas veces a anticipar sus pasos en el expediente con los diplomáticos. Aquello dio nuevos elementos para entender la pista iraní que Nisman siguió con tanto ahínco y favorecía los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

La situación quedó patente el 22 de mayo del año 2008. El despacho de Buenos Aires a Washington decía: “Los Oficiales (norteamericanos) de nuestra Oficina Legal le han recomendado al Fiscal Alberto Nisman que se concentre en los que perpetraron el atentado y no en quienes desviaron la investigación”. Ese mismo día, Nisman había pedido al juez federal Ariel Lijo  la detención e indagatoria del ex presidente Carlos Menem, de su hermano Munir –ya fallecido–, del entonces titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, y su segundo Juan Carlos Anchezar, del magistrado Juan José Galeano y del ex comisario Jorge Palacios, por encubrir el atentado.

Al contrario de lo que solía hacer, Nisman no informó de aquella movida a la embajada. En los cables que envió la embajada ese mes de mayo de 2008, los diplomáticos reportaron que Nisman había pedido disculpas por no haber anticipado los pedidos de detención. Tuvieron que enviar tres cables para ampliar el reporte, por la cantidad de veces que el fiscal insistió con sus disculpas.

Soltar la mano

Aunque con idas y vueltas, Memoria Activa y Familiares y Amigos de las Víctimas de a poco fueron restándole su apoyo. Al cumplirse los 20 años del atentado a la AMIA, el 19 de julio del 2014, no sólo reclamaron una vez más por el esclarecimiento del atentado. También pidieron su apartamiento del expediente.

“Nisman ha mostrado su total incapacidad para investigar en esta causa”, denunció Diana Malamud desde la organización independiente Memoria Activa. Unos meses antes, la organización Familiares y Amigos de las Víctimas, ya habían dejado de confiar en él. En noviembre de 2013, en una carta abierta al fiscal, respaldaron el acuerdo entre Argentina e Irán y cuestionaron “su falta de compromiso e inacción en la causa”, por considerarlo “funcional a los intereses de los que siempre nos quieren alejar de la verdad”.

El miércoles de la semana pasada, Nisman pateó el tablero judicial en pleno verano y denunció a la presidenta Cristina Fernández, su canciller Héctor Timmerman, y otros dirigentes políticos y funcionarios judiciales, por la presunta desviación de la pista iraní en la investigación del atentado. No aportó pruebas novedosas sobre la explosión que se llevó la vida de 85 personas, pero prometía dar a conocer escuchas telefónicas para justificar su acusación. Esta tarde iba a exponer su denuncia ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados