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Con la negativa a declarar del ex jefe de la SIDE de Carlos Menem, Hugo Anzorreguy, finalizó la recepción de indagatorias en el juicio por el encubrimiento del atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El Tribunal Oral Federal 2 había dispuesto iniciar la audiencia del próximo jueves con el testimonio de Juan José Ribelli, uno de los cuatro ex policías que querella en este juicio porque estuvo más de cien meses preso acusado falsamente por el ataque a la mutual. La defensa de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, imputados por formar parte de esa maniobra, se opusieron. Las querellas rechazaron esa pretensión: la consideraron dilatoria. El tribunal no resolvió.

Anzorreguy llegó erguido hasta el estrado reservado en esta audiencia para su indagatoria. Cuando el presidente del tribunal Jorge Gorini le consultó sus datos personales respondió brevemente: primero dijo su mes y año de nacimiento y Gorini le preguntó el día, después dio los datos de sus padres, y cuando el juez le consultó su número de DNI hizo una pausa. Después dijo que no lo recordaba. El presidente del tribunal le restó importancia: aclaró que son datos que constan en el expediente.

Era el último de los 13 acusados que tenía opción de dar su versión de los hechos, porque ni bien comenzó el juicio el pasado 6 de agosto, planteó que cuestiones de salud le impedían afrontarlo. Pero, convocados por el tribunal los peritos médicos informaron que, pese al deterioro propio de la edad, el ex jefe de Inteligencia “es capaz de comprender razonablemente aquello que se le enrostra” y “de defenderse de ello de manera razonable”. Hoy, frente a los familiares de las víctimas que esperaban hacerle preguntas, se excusó, según dijo, “por recomendación” de sus médicos.

En el juicio, el ex funcionario de Inteligencia debía responder por el desvío de la investigación que apuntaba a un empresario de origen sirio, Alberto Kanoore Edul, cuya familia tenía negocios y vínculos de origen con la del entonces presidente Carlos Menem. Reconocido amigo del ex presidente, los acusadores consideran que sin el aval de Anzorreguy, el entonces juez Juan José Galeano –también imputado en este proceso judicial–, no podría haber cumplido la orden presidencial de omitir esa línea de investigación.

Como hoy optó por no declarar, los jueces indicaron que se leyeran sus dos declaraciones indagatorias durante la instrucción de la causa, cuando tampoco declaró. Entonces, por escrito había asegurado que no conocía a la familia Kanoore Edul, ni tenía vínculo con ellos. Pero, reconoció que había recibido la orden de Menem de poner a disposición de Galeano todos los recursos de la secretaría a su cargo. En el pedido de elevación a juicio, el juez federal Ariel Lijo consideró probado que bajo sus órdenes en la SIDE se fraguaron actas, se perdieron las transcripciones de las intervenciones telefónicas a los Kanoore Edul y otras se suspendieron, sin dar aviso al juez. Por esto, deberá responder como partícipe necesario del delito de encubrimiento.

Anzorreguy además está acusado por haber provisto los 400.000 dólares de fondos reservados para que Carlos Telleldín, también imputado en este juicio, involucrara en el atentado con datos falsos a cuatro policías de la Bonaerense. Durante la instrucción, también por escrito rechazó esta acusación. Dijo, entonces que Galeno le convocó a una reunión donde le pidió ese dinero para “garantizar la seguridad a Telleldín y su familia, para que aportara información para la causa”. Se excusó de mayores responsabilidades aduciendo que no le correspondía controlar la actividad jurisdiccional; aclaró que reunió el dinero en 15 días, y que convocó a otros de los acusados en ese juicio, Patricio FInnen –el jefe de Sala Patria- para que se lo alcanzara al juez.

Los pedidos de los fiscales

Mullen y Barbaccia están imputados porque habrían consentido el pago de 400 mil dólares de fondos reservados a Carlos Telleldín para que, dos años después del ataque, involucrara a los ex policías con una declaración falsa. En este juicio, cuando prestaron declaración indagatoria, los ex fiscales, ahora imputados, volvieron a apuntar contra los ex policías. “Aún hoy estoy convencido que en esta sala de audiencia se encuentra la conexión local del atentado”, dijo Mullen en referencia a Ribelli y los otros dos ex policías que representa.

Antes el defensor de los ex fiscales, Santiago Marino Aguirre había cuestionado que actuaran los ex policías actuaran como querellantes Ahora, el equipo de la defensa oficial que los representa, cuestionó a Ribelli como testigos. Argumentaron que el hecho de que Ribelli y los otros ex policías, Irineo Leal y Mario Bareiro, estén investigados en otras causas judiciales pueden escatimar detalles en su declaración para no “autoincriminarse”, y así afectar el derecho a defensa de sus representados.

El abogado y actual socio de Ribelli, Juan Manuel Ubeira le agradeció “su generosidad” y rechazó de plano la pretensión. El abogado Luciano Hazan, que representa la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, advirtió que al oponerse a una declaración testimonial se obstaculiza “el conocimiento de la verdad”. Los abogados de las querellas que representan a los familiares de las víctimas y la fiscalía también manifestaron su rechazo. Los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli no resolvieron aun al respecto, e informaron que el juicio continuará el próximo jueves 29 de octubre, como estaba previsto.

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