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El ex jefe de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menen, el abogado Hugo Anzorreguy, está en condiciones afrontar el juicio al que llegó acusado por el encubrimiento del atentado en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2, basado en un informe que encargó a peritos médicos oficiales, ante el intento de Anzorreguy de evitar el juicio alegando problemas de salud.

El próximo jueves 22, a dos meses de inicio del debate, el ex jefe de Inteligencia deberá estar presente en la sala AMIA, para prestar declaración indagatoria. En caso de no hacerlo, el tribunal podrá disponer su comparecencia y obligarlo a asistir conducido por la fuerza pública. Además, los magistrados dispusieron la presencia de una unidad coronaria de emergencia en la sala, para garantizarle asistencia, en caso de que fuera necesario, y lo autorizaron a estar acompañado por profesionales de su confianza.

En el informe médico, un perito oficial y los que representaron a la fiscalía –las querellas de los familiares de las víctimas del atentado y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación– coincidieron en la evaluación clínica psiquiátrica e indicaron que Anzorreguy está en condiciones para responder en un juicio oral. Basado en estos estudios, el tribunal -encabezado por Jorge Gorini- entendió que el imputado “se encuentra en condiciones psíquicas de comprender los motivos y las implicancias de estar sometido a proceso”.

En el juicio, el ex funcionario de Inteligencia deberá responder por el desvío de la investigación que apuntaba a un empresario de origen sirio, Alberto Kanoore Edul, cuya familia tenía negocios y vínculos de origen con la del entonces presidente Carlos Menem. Reconocido amigo del ex presidente, los acusadores consideran que sin el aval de Anzorreguy, el entonces juez Juan José Galeano –también imputado en este proceso judicial–, no podría haber cumplido la orden presidencial de omitir esa línea de investigación.

En el pedido de elevación a juicio, el juez federal Ariel Lijo consideró probado que bajo las órdenes de Anzorreguy en la SIDE se fraguaron actas, se perdieron las transcripciones de las intervenciones telefónicas a los Kanoore Edul y otras se suspendieron, sin dar aviso al juez. Por esto, el ex funcionario menemista deberá responder como partícipe necesario del delito de encubrimiento y, también, por el de abuso de la autoridad que le confería su cargo.

Además, al igual que Galeano, enfrenta la acusación por el delito de peculado. En su caso, en calidad de autor, porque estaba a su cargo de la custodia de los 400.000 dólares de fondos reservados con los que se pagó a Carlos Telleldín –otro de los imputados–, para que implicara falsamente en el atentado a cuatro policías de la Bonaerense.

Salvo el médico nombrado por Anzorreguy, quien aseguró que el cuadro depresivo que lo afecta “requiere tranquilidad afectiva”, los otros peritos sostuvieron que presenta un “deterioro cognitivo leve fluctuante propio de la edad”, que “no limita, en estos momentos, su posibilidad de retener y procesar información y su capacidad de comprensión y comunicación durante un acto procesal”. Fueron coincidentes en su apreciación: “El imputado es capaz de comprender razonablemente aquello que se le enrostra” y “es capaz de defenderse de ello de manera razonable”.

Si Anzorreguy decide prestar declaración indagatoria, dado que tiene derecho a no hacerlo, será el tercer funcionario de la SIDE menemista que lo hace en este juicio. Su segundo, Juan Carlos Anchezar, y el director de Reunión Exterior del organismo de inteligencia, Patricio Finnen, fueron los primeros. En su caso, ambos optaron por dar su versión pero lo hicieron sin público, en virtud de la decisión de los jueces de proteger la identidad de agentes extranjeros o información que, a juicio del tribunal, pueda comprometer la seguridad del Estado. 

MB/LL