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En Bahía Blanca se produjo hoy una sentencia histórica: en la causa "Armada", el Tribunal Oral Federal condenó a perpetua a 18 represores y a otros cuatro sentenciados a penas de entre 8 y 18 años de prisión. Además, se hizo lugar al pedido de los fiscales de que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia.

Los condenados a perpetua son: el ex vicealmirante Eduardo Rene Fracassi; ex capitán de corbeta Luis Alberto Pablo Pons; ex capitán de navío Enrique de León; ex capitán de navío Oscar Alfredo Castro; el ex capitán de navío Alberto Gerardo Pazos; el ex capitán de navío Edmundo Oscar Núñez; ex prefecto Luis Ángel Bustos;  ex prefecto Néstor Alberto Nougues; ex prefecto Francisco Manuel Martínez Loydi; ex capitán de navío Leandro Marcelo Maloberti; ex capitán de navío Tomás Hermógenes Carrizo; ex capitán de fragata José Luis Ripa; ex coronel Carlos Andrés Stricker; ex teniente coronel Óscar Raúl Otero; ex teniente coronel Guillermo Julio González Chipont; ex suboficial mayor del Ejército Víctor Raúl Aguirre; ex suboficial Felipe Ayala; ex suboficial del Ejército Raúl Artemio Domínguez.

Y fueron condenados, además: 18 años para el ex prefecto Pedro Alberto Pila; 8 años de prisión para el ex oficial Alejandro Lawless; 8 años de prisión para el ex jefe de la Unidad Penal N°4, Héctor Luis Selaya; y ocho años de prisión para el ex comisario mayor Víctor Oscar Fogelman.

“Es la primera sentencia después de las elecciones y hay una carga simbólica”, dijo el fiscal José Nebbia a Infojus Noticias, antes de conocer el veredicto. En la ciudad hubo una manifestación de organismos de derechos humanos y también de hijos y familiares de represores, pidiendo la libertad de los acusados. “El desenlace del juicio es un ladrillo más en la construcción del fin de la impunidad, pero es una coyuntura compleja por la asunción de un gobierno que no aseguró la continuidad de la política de memoria, verdad y justicia”, agregó Eduardo Hidalgo, secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca.

Es el tercer proceso por crímenes cometidos por la última dictadura militar que se realiza en Bahía Blanca. Y el primero en poner la lupa sobre el accionar de la Armada y que, además, incluye los delitos sexuales como delitos de lesa. En el marco del extenso juicio, que comenzó el 8 de julio de 2014, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido la pena de prisión perpetua para 18 de los 22 imputados. Los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.

En el alegato, los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani  pidieron que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia, principal diario de Bahía Banca. También solicitaron penas de 19 años de prisión para un integrante del Ejército, 25 años para otro acusado quien integraba la Prefectura, 10 años para un ex policía bonaerense y 18 años para un ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

“Esperamos una sentencia ejemplar. Creemos que la prueba reunida confirmó el rol de los integrantes de la Armada, y marca la interacción de las fuerzas”, había dicho Nebbia. El proceso demostró el funcionamiento del circuito represivo: cómo, por ejemplo, algunas víctimas fueron secuestradas por Prefectura para luego ser trasladadas a centros clandestinos de la Armada. De cómo se cruzaron información entre la policía bonaerense, el Ejército y la Marina. “Se demostró con documentos de inteligencia que la información circulaba con fluidez en las reuniones operativas entre las distintas fuerzas”, explicó el fiscal. 

Bahía Blanca fue centro estratégico de la represión en la Patagonia. Los fiscales, además, dirigieron la acusación contra un protagonista principal: el diario La Nueva Provincia, dirigido por el empresario periodístico Vicente Massot. "Hemos escuchado, a lo largo de este juicio, cómo víctimas y familiares hicieron constantes referencias al papel desplegado por el clan Massot con el diario La Nueva Provincia en la región y las implicancias de aquella comprobada campaña de desinformación y propaganda negra”, expresaron en los alegatos.

La base naval Puerto Belgrano ocupó un lugar central no sólo para la zona sino para la planificación y ejecución del plan represivo de la Armada en todo el país. “El caudal de documentación es amplia, están los de Plan Cintara y del archivo de la DIPPBA. Es el único juicio en el país donde hay imputados de Armada y Ejército en un mismo banquillo y se comprueba la represión conjunta”, enfatizó Palazzani y explicó que el circuito preferencial era construir una comunidad informativa con Mar del Plata, el centro clandestino “La Escuelita” y Rawson. Y agregó: “Esos puntos eran los centrales en el raid delictivo. Hay muchos casos de traslados a Mar del Plata, de ahí a Bahía Blanca y por último a Rawson”.

“Los organismos de derechos humanos, que fuimos los que instalamos los juicios, tenemos que reafirmar el compromiso con convicción y alegría. En Bahía Blanca ya nadie puede decir que el terrorismo de Estado no existió”, dijo Hidalgo.

Entre las 66 víctimas consideradas en la causa, 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina. Algunos de esos centros clandestinos funcionaron en el ya desaparecido crucero 9 de Julio, mellizo del Belgrano y en la Base de Infantería de Baterías, ambos de la Armada, y en dependencias del V Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca.

JMM/PC/RA