Infojus Noticias

Miguel Palazzani y José Nebbia, fiscales de la Unidad de Asistencia para Causas por los Derechos Humanos, dieron el puntapié de los alegatos en el tercer juicio de lesa humanidad en Bahía Blanca. El proceso, conocido como “Armada Argentina”,  tiene una dimensión singular: es la primera vez que se prueba el rol de la Armada en la región. Y la referencia no es menor: Bahía Blanca fue centro estratégico de la represión en la Patagonia. Los fiscales, además, dirigieron la acusación contra un protagonista principal: el diario La Nueva Provincia, dirigido por el empresario periodístico Vicente Massot. 

“Quedó demostrado a través de la reglamentación interna del Plan Cintara cómo fue la coordinación represiva entre la Armada y el Ejército. Lo que se probó es que no fue un plan abstracto si no que se materializó en hechos represivos. Los grupos de tareas se constituyeron para el secuestro, la desaparición y los tormentos”, dijo Palazzani a Infojus Noticias. Nebbia, luego, hizo una mención especial a los jueces: "Hemos escuchado, a lo largo de este juicio, cómo víctimas y familiares hicieron constantes referencias al papel desplegado por el clan Massot con el diario La Nueva Provincia en la región y las implicancias de aquella comprobada campaña de desinformación y propaganda negra, como bien lo definieron ustedes". Los alegatos continuarán este miércoles, y se extenderán entre el 24 y el 25 de agosto.

La base naval Puerto Belgrano ocupó un lugar estratégico no sólo para la zona sino para la planificación y ejecución del plan represivo de la Armada en todo el país. Los fiscales expondrán  la “información de contexto” para entender el accionar represivo y, después, se explayarán sobre las responsabilidades de los imputados y el detalle de las víctimas. “El caudal de documentación es amplia, están los de Plan Cintara y del archivo de la DIPPBA. Es el único juicio en el país donde hay imputados de Armada y Ejército en un mismo banquillo y se comprueba la represión conjunta”, enfatizó Palazzani y explicó que el circuito preferencial era construir una comunidad informativa con Mar del Plata, el centro clandestino “La Escuelita” y Rawson. Y agregó: “Esos puntos eran los centrales en el raid delictivo. Hay muchos casos de traslados a Mar del Plata, de ahí a Bahía Blanca y por último a Rawson”.

El Tribunal, integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, es el mismo que participó de los dos primeros juicios. De los 25 imputados, 13 pertenecían a la Armada, cinco a la Prefectura Naval, otros cinco al Ejército, un oficial al Servicio Penitenciario Bonaerense y un policía de la provincia de Buenos Aires. Hay 66 víctimas.

El fiscal José Nebbia.

Los imputados y las víctimas

El juicio empezó en julio del año pasado y la causa caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)". En los anteriores procesos, sucedidos en 2011–2012, y el otro en 2013, se había juzgado sólo la responsabilidad del Ejército.

Ahora, se encuentran imputados los integrantes de la Armada Oscar Alfredo Castro, Guillermo Félix Botto, Tomás Hermógenes Carrizo, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Manuel Jacinto García Tallada, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, Domingo Ramón Negrete, José Luis Ripa, Luis Alberto Pablo Pons y Raúl Artemio Domínguez. Por el Ejército, están imputados Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre. En el caso de la Prefectura Naval, Félix Ovidio Cornelli, Francisco Manuel Martínez Loydi, Luis Angel Bustos, Néstor Alberto Nougués y Luis Alberto Pila.

Uno de ellos, Guillermo Félix Botto, falleció insólitamente horas antes de la primera audiencia. Otros, ya recibieron condena en alguno de los dos juicios anteriores.

También se analiza la conducta del integrante de la Policía Bonaerense Víctor Oscar Fogelman –el mismo que condujo la investigación del asesinato de José Luis Cabezas– y de Héctor Luis Selaya por el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires.

De las 66 víctimas que están en la causa, 13 personas se encuentran desaparecidas, otras cinco fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos ubicados en la zona de Puerto Belgrano, jurisdicción de la Armada Argentina, como así también en el V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.

Entre los casos se encuentran los de los obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados el 30 de junio de 1976. Aunque su director Vicente Massot no está como acusado en esta causa, en el futuro podría existir una conexión directa por su rol en los asesinatos.

El fiscal Miguel Palazzani.

Massot y el plan criminal de La Nueva Provincia

En la apertura de los alegatos, Nebbia dijo que "han sido 39 años de espera, de impunidad, que hoy comenzamos a saldar y son ustedes señores jueces quienes han tenido el privilegio histórico de ser los jueces de la República, de un Estado democrático de derecho, quienes juzgaron por primera vez a los integrantes del Ejército Argentino que masacraron a su propio pueblo en esta jurisdicción".

Para  el fiscal, "este juicio es necesario para una toma de conciencia colectiva" y agregó que aquí "se está reescribiendo la historia y decimos que con este juicio se completa la historia de la región ya que en los dos primeros debates solamente se analizó lo actuado por el Ejército, el Servicio Penitenciario y la Policía Federal".

El fiscal hizo referencia, además, al rol en el plan criminal que tuvo el diario La Nueva Provincia donde "ese multimedio ha sido tan cardinal como ustedes mismos lo han señalado, señores jueces, y han dado cuenta en aquella histórica primera sentencia que es imposible silenciarlo". En el marco de su exposición, Nebbia habló de las complicidades civiles, empresariales, judiciales y eclesiásticas, "sin los cuales no se podría haber llevado a cabo el plan criminal que aquí se ventila".

Organismos de derechos humanos y las partes querellantes, presentes en la sala y en los alrededores del Tribunal, calificaron como "un paso importante" el inicio de la jornada. "Acá hay mucha prueba y hay un hecho fundamental que se instaló, el tema de los delitos sexuales, que no es una cuestión menor y éste es el tribunal que lo ha introducido, que es muy importante", dijo Eduardo Hidalgo, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH). 

JM/LL