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La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró mal concedido un recurso de casación que había presentado la defensa del represor Manuel Antonio Luis Cunha Ferré, considerado el jefe del centro clandestino “Sheraton”, que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable.

Eduardo Arias tenía 38 años en noviembre de 1977, cuando fue secuestrado por la dictadura cívico militar. Este psicólogo estuvo secuestrado hasta enero de 1978, pero fue uno de las últimas personas en ver con vida Héctor Oesterheld: “Héctor Oesterheld estaba allí desde hacía mucho tiempo. Su estado era terrible. Permanecimos juntos mucho tiempo. Uno de los momentos más terribles fue cuando trajeron a su pequeño nieto de cinco años”, contó Arias y después recordó el último momento con el autor del “Eternauta”:

“Uno de los recuerdos más inolvidables que conservo de Héctor se refiere a la Nochebuena del 77. Los guardianes nos dieron permiso para sacarnos las capuchas y para fumar un cigarrillo. También nos permitieron hablar entre nosotros cinco minutos. Entonces Héctor dijo que por ser el más viejo de todos los presos, quería saludar uno por uno a todos los presos que estábamos allí. Nunca olvidaré aquel último apretón de manos”.

Cunha Ferré fue sindicado como el jefe de aquel centro clandestino de detención. Fue procesado con prisión preventiva en agosto del año pasado por el juez federal Daniel Rafecas. El procesamiento fue confirmado en octubre del mismo año por la Cámara Federal, que también rechazó un pedido de la defensa del represor para obtener el arresto domiciliario.

La defensa del represor  argumentaba que debía acceder al beneficio porque tiene 70 años y por razones de salud (una cardiopatía coronaria crónica con antecedentes de cirugía cardiovascular).

Los jueces Mariano Borinsky, Juan Gemignani y Gustavo Hornos, consideraron que el hecho de que tenga la edad para poder acceder a la prisión preventiva “esta situación no comporta la concesión automática del instituto”.

Allí recordaron lo que había dicho la Cámara Federal, en base a un informe del Cuerpo Médico Forense, en cuanto a que “las afecciones que padece el imputado no le impiden continuar con el tratamiento en su lugar de detención”.