Infojus Noticias

La investigación por el encubrimiento del atentado a la AMIA comenzó en 2000, cuando Claudio Lifschitz, uno de los prosecretarios del juzgado federal en el que recaló la investigación, contó que el desvió se pergeñó en el despacho del ex juez Juan José Galeano, su jefe entonces. Infojus Noticias repasa los orígenes de una causa que, aún incompleta –tres expedientes continúan en instrucción en el juzgado de Ariel Lijo–, está en condiciones de llegar a juicio en el segundo semestre del año, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2.

En este debate, hasta ahora, se acumularon los procesamientos dispuestos por el juez federal Ariel Lijo en 2006 y 2009 respectivamente. En estos expedientes aparecen involucrados desde el ex titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Rubén Ezra Beraja, hasta el ex presidente Carlos Menem, titular del Ejecutivo en el momento del atentado que tuvo ochenta y cinco víctimas fatales.

En agosto de ese año, Lifschitz comenzó un raid mediático. En el programa televisivo Punto Doc contó que había trabajado en el despacho de Galeano, colaborando en la causa A.M.I.A, y que a raíz de ello advirtió una serie de irregularidades.

Los hilos de la trama que denunció Lifschitz llegaban hasta la Casa Rosada, y enmarcan las derivaciones del encubrimiento en medio de un duro enfrentamiento entre el entonces presidente, Carlos Menem, y el también entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde. El segundo procesamiento indica que, orquestada (o gestionada) por Menem, a través de su hermano Munir, el  objetivo era desviar la mira de la llamada pista siria, que tiene entre sus hacedores al ciudadano argentino de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul.

Cuando realizó la denuncia, el ex secretario además señaló que la Secretaría de Inteligencia del Estado (S.I.D.E.), ahora disuelta por disposición presidencial, fue el brazo ejecutor que “habría ocultado y erradicado pruebas en torno a la presencia de unos ciudadanos iraníes en la Argentina”. E indico al ya conocido y nombrado reducidor de autos, Carlos Telleldín, como la vía para plantar en el expediente la versión que involucró falsamente en el atentado a los integrantes de las brigadas de Investigaciones de la policía Bonaerense de Lanús y de Vicente López, finalmente absueltos por estos hechos.

La versión comprada a Telleldín

En el primer tramo elevado a juicio se investigó el pago de cuatrocientos mil dólares, provenientes de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), al ahora abogado, Carlos Alberto Telleldín. La punta del ovillo lleva al 4 de julio de 1996, cuando el reducidor de autos se comunicó con Ana Boragni, su esposa entonces, para ponerla al tanto de los detalles del cobro acordado en el despacho de Galeano para cambiar su declaración.

En ese momento, Telleldín estaba detenido con prisión preventiva por ser el último tenedor y quien, días antes del atentado, puso a la venta la camioneta Renault Trafic que los investigadores habrían hallado entre los escombros de la mutual, como plataforma de la explosión. Las escuchas de las comunicaciones telefónicas que ese 4 de julio mantuvieron Telleldín, su abogado Víctor Stinfale, y Boragni son indicativas y fueron transcriptas en la instrucción.

―(…) Mira que el banco tiene que ser el Galicia, porque tiene sucursal en Uruguay ―, le apuntó Telleldín y Boragni respondió con cautela.

― Ah...¿ya hiciste eso? ―, le preguntó la mujer.

―Sí, le dije Citibank o Galicia , así vos directamente, te saca...o sea ya te expliqué el monto son veinte mil para Víctor (Stinfale), cuarenta mil para vos y... ―, empezaba a decir Telleldín cuando Ana Boragni lo interrumpió.

―¡Está! ¡No hables tanto! ―, le dijo Boragni, visiblemente afectada.

Ese mismo día, Telleldín estuvo en el despacho de Galeano, formalmente para ampliar su declaración indagatoria.

Los cambios en la versión de Telleldín

Al otro día de esos llamados, el 5 de julio de 1996, Telleldín amplió, por séptima vez, su declaración indagatoria. “Solicitó que sus dichos no fueran utilizados para incriminarlo en otras causas penales, como así también la eximición de pena en virtud de la figura del arrepentido”. Un año después, Stinfale, su abogado, presentó un escrito para que cobrara una recompensa por los dichos que pusieron en la investigación a los policías de la Bonaerense.

Mientras estaba siendo filmado por cámaras ocultas en el despacho de Galeano, Telleldín dijo que había sido “víctima de extorsiones” por policías de la Bonaerense. Aseguró que durante semanas lo hostigaron para que le vendiera la camioneta “a una persona que los acompañaba”.

Según señaló Lijo en la elevación a juicio, la versión habría sido acordada con el juez y los fiscales, Eamon Gabriel Mullen y José Carlos Barbaccia, a cambio de los cuatrocientos mil dólares, provenientes de los fondos reservados que manejaba la SIDE.

Antes, las gestiones para la compra del vehículo las habían hecho  “tres personas de rasgos orientales”. Y que el 10 de julio de 1994 –ocho días antes del atentado-, se acercó el “comprador” mencionado por ellos, y concretó la transacción en nombre de un tercero, al que Telleldín nunca habría visto. Pero dos años después, daba vuelta los hechos. Para salvar las formas aclaró que sus declaraciones anteriores debían tomarse en cuenta adecuándose a ésta y afirmó que algunas de las cosas que había dicho “no eran verdaderas”.

La declaración del 5 de julio de 1996 le valió el procesamiento que ahora lo ubica a las puertas de un juicio oral por peculado junto al ex juez Galeano, señalado además por “falsedad ideológica de documento público”, “privación abusiva de la libertad” y prevaricato. En el juicio también estarán en el banquillo de los acusados el ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y dos de sus agentes; el ex titular de la DAIA, Beraja; los ex fiscales, Mullen y Barbaccia. Y como instigadores del encubrimiento el ex presidente Menem y su hermano Munir, así como al ex comisario de la Policía Federal José “Fino” Palacios, entre otros.