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El 20 de noviembre, en el mismo momento en el que Vicente Gonzalo Massot caminaba arrogante hacia el despacho de Álvaro Coleffi para su segunda indagatoria, este juez se enteró -casualmente a través de LU2, la radio de Massot- que quien lo había antecedido en esa misma causa, Santiago Ulpiano Martínez, y que había sido corrido de allí debido a que prejuzgó en favor del dueño de La Nueva Provincia, lo había denunciado penalmente por la filtración a un programa bahiense de las escuchas de la causa contra Juan Suris, el supuesto narco ex novio de la vedette Mónica Farro. La Cámara ya había hecho un movimiento sospechoso poquito tiempo antes: habían corrido a Coleffi –un cuadro judicial de 20 años de actividad en el área penal- al ámbito de las causas tributarias. Se olía que Coleffi había empezado a molestar al establishment bahiense, aunque no sólo a ese.

Allí reside una de las explicaciones de por qué un -hasta hace nada- ignoto secretario a cargo de un juzgado pasó a ser el enemigo público número uno de los rincones más conservadores de los Tribunales bahienses. La primera puntada había sido dada con la impunidad de los que se creen (saben) intocables: desde el entorno de Martínez se acusaba a Coleffi de filtrar información a los medios, mientras ellos mismos filtraban a LU2 el dato de la denuncia penal a un magistrado que empezaba a ser molesto por eficaz.

El botón de muestra estaba sobre la mesa. Coleffi lo había escuchado y se lo habían contado, además. Una de las personas encargadas de vigilar su comportamiento judicial lo había dicho a voz en cuello: “Álvaro no puede pretender meterse con una institución de 2000 años y encima con la prensa”. A Coleffi no le tembló el pulso ni con el ex sacerdote Aldo Omar Vara ni con el arzobispo Guillermo Garlatti, y todo indicaba que también iba a atreverse frente al otro poder civil socio de los uniformes en la dictadura cívico militar: La Nueva Provincia, que en su editorial del 19 de noviembre de 1977 sostuvo que “más que hablar de la guerra, hay que hacer la guerra. De entre todas las profesiones le cabe al periodismo un puesto de avanzada en las trincheras de la Patria”.

Complicidad eclesiástica

Coleffi no tuvo miramiento con la Iglesia. Buscó, encontró y capturó –a través de Interpol en Ciudad del Este, Paraguay- al capellán militar prófugo Vara, acusado de cometer delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Escuelita. Y procesó al arzobispo Garlatti, por encubrir y colaborar con Vara para que éste siguiera cobrando mensualmente sus cheques. El obispo que ocultó en Ciudad del Este, Rogelio Livieres Plano, reconoció que lo había escondido por pedido de Garlatti.

Tampoco le tuvo temor a otras complicidades civiles: fue el único juez bahiense que en 31 años de vida institucional se atrevió no sólo a hincar el diente en la complicidad eclesiástica con la dictadura. También tenía en la mira al ex secretario del Juzgado Federal 1, Hugo Sierra, que además de compartir abogado defensor con Massot (Rubén Diskin), escribió un libro de Derecho Penal con el dueño de La Nueva Provincia.

Mientras algunos colegas del Poder Judicial bahiense, como el camarista Pablo Candisano Mera, el fiscal federal Alejandro Cantaro y Martínez, entre otros, disfrutaban de la ruta del vino en España, Coleffi no sólo logró traer de vuelta a la Argentina a Vara sino que sumó cada vez más pruebas contra Massot.

El juez Martínez, el fiscal Cantaro y, cuarto en ese orden, Candisano Mera. Los otros son abogados también.

La familia judicial decidió actuar rápido: a la improbable acusación de filtración de información contra Coleffi le sumaron luego una imputación que no sólo es técnicamente indefendible, sino que roza lo ridículo. Todos los especialistas coinciden en ello: sólo puede aplicarse porque quienes lo hacen tienen el poder para realizarlo. Acusaron al juez de parcial porque se reunía con los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia. “Da risa”, dijo una eminencia del Derecho Penal. “Si un juez que lleva adelante una investigación y no se reúne –entre otros- con los fiscales, ¿cómo obtiene la información necesaria para seguir avanzando en una causa?”, se preguntó.

La movida fue así: el secretario de Derechos Humanos del Juzgado Federal 1, Mario Fernández Moreno, disparó con supuesta “violencia moral” por parte de Coleffi y el argumento fue tomado de inmediato por la defensa de Massot. Esta movida hizo casi imposible a Coleffi mantenerse a cargo de la causa y dio un paso al costado. En gran medida, su decisión estuvo basada en que si se atornillaba a esa causa era muy probable que la suciedad, además de lanzársela a él, la tiraran sobre todo un expediente que no había sido en nada cuestionado ni siquiera por la defensa del propio Massot.

La celada procesal había sido elaborada con precisión, con conocimiento de los personajes y con enorme sentido de la oportunidad. Para que se entienda: el Poder Judicial tradicional y conservador y el poder permanente pueden permitir que los uniformados carguen una sobre otra las condenas de perpetua. Algunos hasta pueden llegar a aceptar que ciertos miembros de la Iglesia paguen algunas culpas. La Cámara de Bahía Blanca –valga como ejemplo- obligó a la detención de Vara, pero no se atrevió jamás a dar la orden de llamar a indagatoria a Massot.

Con los tan grandes, parece que no se juega. Así fue que la planificación había comenzado a funcionarles: Coleffi ya ni estaba más a cargo de las causas de lesa humanidad, sino que lo corrían, incluso, del cargo de juez. A la intemperie dejaban al ahora secretario. Sin embargo, algo crujió en Bahía Blanca y Coleffi cobró cara su partida. Dejó un escrito para la antología de los dictámenes jurídicos porque de impenetrable, de impersonal y de desapasionado no tiene nada. En las 12 páginas de su texto se despacha con todo lo que –parece- andaba con ganas de decir desde hacía rato:

No es el aburrido lenguaje jurídico. “Elijo, definitivamente, escribir claro, llano y directo. Para que se entienda. Hay veces que la ocasión exige ser simple porque hay que hablar en voz alta. Porque resulta necesario que este concierto infame se conozca de una buena vez, se comprenda y se dimensione cabalmente. Es obvio que Fernández Moreno, ni tampoco Martínez están de acuerdo con el curso que siguen los trámites a mi cargo en materia de investigación de delitos de lesa humanidad, y que son aquellos en los que por entonces me asignaba la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad. Y eso me honra”, señala en uno de los primeros tramos.

“Es indigerible y bochornoso que el secretario Fernández Moreno intente desacreditarme y, a la par, se arrogue facultades para introducir en este proceso un juicio de valor en defensa de Martínez. Un verdadero paladín, ungido y entronado como el tutor de una moralina, en rigor, vacía de principios. En  términos de la querella, una exquisita subordinación. Evidentemente, el tutor cuenta con un aval para efectuar dicha presentación”, sostiene Coleffi en su escrito y se pregunta luego: “¿Quién es el autor que está detrás del autor? Y esa pregunta es la que queda flotanto. Es inevitable que así sea.

El camarista Pablo Candisano Mera y el fiscal federal Alejandro Cantaro (con la copa en la mano). De espaldas, el juez Santiago Ulpiano Martínez.

De copas en España

En paralelo con la acusación de “violencia moral” a un juez por reunirse con los fiscales de la misma causa tenían lugar dos particulares acontecimientos. Por un lado, el camarista Candisano Mera, el fiscal federal Cantaro y el juez Martínez recorrían juntos algunos de los sitios predilectos de los conocedores del vino tinto. Y eso no acarrea ningún inconveniente de tipo gastronómico o  turístico: el problema es que estos miembros del Poder judicial representan tres instancias distintas de decisión y apelación. Sin embargo, nadie se horrorizó por este paseo ni habló de “violencia moral” por ese viaje. Bahía Blanca está viendo en primer plano cómo actúan las espadas mandadas a punzar y está mostrando el recorrido que hace la impunidad cuando no tiene freno.

El embate sistemático contra Coleffi no es lo relevante de toda esta historia, porque si la causa Massot se lleva puesto a un secretario de una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, nada demasiado importante cambia ni en el derecho ni en la jurisprudencia argentina. Lo destacable de este encadenamiento de hechos que deben ser vistos juntos y en perspectiva es que Bahía Blanca es hoy el ejemplo más claro de cómo el modelo corporativo y conservador del Poder Judicial funciona cuando un miembro no reaccionario de ese poder se atreve a llevar al banquillo al poder civil de la dictadura. Están a la vista de todos allí los anclajes actuales que son los que siguen sosteniendo las aberraciones cometidas hace 40 años. 

Massot está acusado de integrar “junto con los mandos militares una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional”, para lo cual habría contribuido desde sus medios “de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales órdenes”. Está imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y de haber efectuado “aportes esenciales”, que “consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas. En criollo: acción psicológica y autoría intelectual o complicidad en asesinatos.

El dueño de La Nueva Provincia está judicialmente complicado: se mantuvo en lo suyo, pero la prueba documental hallada y procesada entre la primera y ésta indagatoria lo complica notablemente. No pudo explicar los documentos obtenidos en el allanamiento y que lo complican severamente.

Martínez, otro de los protagonistas de esta novela, ha sido uno de los jueces que más obstruyó el avance de las causas de lesa humanidad con imputados civiles. Estos días se hizo un poquito más famoso por procesar al periodista Germán Sasso, director del portal La Brújula, el que puso al aire las escuchas en Bahía que ya en el verano repetía hasta el cansancio TN. Fue cuestionado por negar la imputación de 70 militares acusados de cometer delitos sexuales durante la dictadura, por posibilitar la fuga del coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, por favorecer a Vara y por rechazar los pedidos de indagatoria a Massot y al fallecido jefe de redacción en los 70, Mario Gabrielli.

Pero el CV de Martínez no termina allí. Hasta la Presidenta de la Nación se refirió a este juez. Vía twitter, Cristina Fernández lo fustigó duro cuando otorgó una cautelar al grupo Clarín para que la AFSCA no pudiera llevar adelante la reorganización de la grilla. Y, memoriosa como es, recordó que fue él quien rechazó el pedido de extradición que Francia había hecho para juzgar a Alfredo Astiz por las desapariciones de las monjas Leónie Duquet y Alice Domon.

El final del texto de Coleffi da cuenta de todo ese poder. Escribe cinco puntos de aspecto resolutivo y en el primero reconoce la avanzada ganadora del establishment: hace lugar a la recusación. En los puntos 3 y 4, solicita se requiera a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca que sé intervención a la Oficina de Superintendencia de la Corte Suprema. Pero en el 2 abre la puerta a la posibilidad de que no se mantenga al statu quo de los ganadores de siempre: decide poner las piezas procesales en conocimiento del Consejo de la Magistratura, el único organismo que hoy en base a la gravedad institucional que implicaría que estas causas se hagan polvo, puede tomar las riendas y hacer que no sea el propio poder contaminado el que pretenda llevar adelante la desinfección.