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Los abogados y familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad durante el franquismo en España, resaltaron hoy la "trascendencia histórica" de la resolución adoptada por la jueza federal María Servini de Cubría, que ayer ordenó la detención con pedido de extradición de cuatro exmiembros de las fuerzas de seguridad franquistas, imputados como torturadores en la única causa que actualmente investiga esos crímenes en el mundo.

En ese marco Carlos Slepoy, abogado de la querella, afirmó hoy que "esta resolución es de trascendencia histórica" y añadió que "me hace acordar a la primera orden de (el juez español Baltasar) Garzón dictada contra (el dictador argentino Leopoldo) Galtieri el 25 de marzo de 1997".

El abogado rememoró también cuando "la justicia española envió -a través de Garzón- múltiples pedidos de detención (a militares argentinos acusados de crímenes de lesa humanidad en Argentina)" y subrayó que "el gobierno de los expresidentes Menem y De la Rúa, se negaron a tramitar estos pedidos y a prestar cualquier tipo de colaboración".

Junto a todo el equipo de abogados y familiares, Slepoy se mostró "esperanzado" en el nuevo impulso que tomó la causa a raíz del pedido de detención que emitió Servini de Cubría sobre cuatro policías acusados de torturadores. El abogado argentino, quien vivió durante su exilio en España y fue uno de los impulsores de las denuncias argentinas en el país europeo sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar argentina, se esperanzó en que "antes de fin de año se dicten nuevas detenciones".

"La resolución se hace en el marco de un pedido de extradición" aclaró Slepoy, y agregó que "lo que procedería es que por parte de las autoridades españolas se los detenga, se informe al juzgado argentino y en consecuencia la jueza pida la extradición de estas personas". En ese sentido, señaló que "hay una posibilidad desde el derecho internacional de que esto no se produzca, pero podrían ser sometidos a juicio en España -en el caso de que no se los extradite-. Nosotros celebraríamos esta posibilidad", afirmó el abogado.

Máximo Castells, integrante del equipo de abogados, advirtió que "si el gobierno de (el presidente de España Mariano) Rajoy no colabora, seguiremos produciendo más resoluciones de este tenor y España quedará como un estado que asila y ampara a este tipo de personajes". "Esta es la primera resolución de los primeros cuatro imputados, tenemos muchos más" subrayó Castells, quien además recordó que la causa iniciada en abril del año 2010 en el Juzgado nacional federal en lo Correccional y Criminal 1 de Buenos Aires a cargo "es la única en el mundo".

El abogado Castells recordó uno de "los escollos" que tuvo que afrontar la causa cuando no se pudo realizar la videoconferencia -a principios de mayo de este año- con Merçona Puig Antich, quien estaba citada a declarar en el consulado argentino en Madrid junto a otros familiares, aunque por "intervención del gobierno español" quedó inconclusa.

Ana María Campos, sobrina del primer querellante, Darío Rivas Cando -quien también estaba presente- dijo que "estoy emocionada de que mi tío con 93 años haya podido ser testigo de este momento" y añadió que "los crímenes de lesa humanidad no tienen ideología ni partido, no sé si los que mataron eran rojos o azules, lo importante es que está mal hacerlo y pedimos justicia por lo ocurrido".

Según informaron los abogados "se aportarán nuevas pruebas sobre la participación en crímenes de lesa humanidad de otros cinco imputados" y se sumarán más querellantes a la causa. El próximo lunes España recibirá la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU para determinar si el Estado español cumple con su obligación de investigar las desapariciones forzadas registradas durante la dictadura del general Francisco Franco y la Guerra Civil.