Infojus Noticias

“Orlando Pepe Menthe es el corazón de todo”. La frase pertenece a una alta fuente de la investigación acerca de la estructura logística y financiera que puede estar sosteniendo la clandestinidad del mayor retirado Jorge Antonio Olivera y el teniente retirado Gustavo De Marchi, prófugos de sus condenas por crímenes de lesa humanidad desde el 25 de julio, cuando escaparon del Hospital Militar Central.

Orlando Eduardo Pepe Menthe es uno de los nombres nuevos que se barajan en los despachos judiciales y oficiales para llevar a buen puerto la investigación para dar con el paradero de los prófugos. Aunque no quiso dar detalles, el fiscal Eduardo Taiano confirmó a Infojus Noticias que la composición empresarial es “sin dudas una línea importante de la investigación”. Y luego precisó: “Estamos viendo si las empresas tuvieron responsabilidades”.

El 26 de agosto de 2008, y Jorge Humberto Appiani –un represor detenido que navegaba desde su celda plácidamente en Internet-, constituyeron un fideicomiso que nominaron “SJ2”. En ese fondo de inversión –una herramienta financiera que convoca inversores para un fin determinado-, los abogados y ex militares comenzaron a depositar honorarios de dos orígenes: el patrocinio legal de otros represores que enfrentaban juicios por violaciones a los derechos humanos, y la representación de militares en actividad que reclamaban ante el Estado una reactualización salarial. Con un detalle de peso: en el momento de constituirlo, hacía nueve meses que Olivera estaba prófugo. Sería detenido en Vicente López recién tres meses más tarde.

De todos modos, la operación siguió adelante, aunque luego –quizás con la intención de diluir sus huellas filiales- la propiedad del fideicomiso fue pasando a algunas empresas que cumplieron diferentes roles sin que aún esté claro, para la Justicia y para la Unidad de Investigación Financiera, si actuaron con complicidad o fueron también estafados. Una de ellas, la que más llamó la atención de los investigadores, es CarVal Investors Argentina, la subsidiaria de la división extranjera de la multinacional Cargill.

CarVal Investors le compró el fideicomiso a los represores en dos millones de dólares: lo hacían como una inversión de riesgo, con la posibilidad de reunir, si concretaban el cobro de las promesas adeudadas, unos diez millones. Según la documentación colectada en la investigación judicial, esta empresa se desprendió del fideicomiso luego de cerrar sus oficinas en Argentina (junto a las de Brasil e India), en diciembre de 2011, por una suma de... 400 dólares. Un negocio pésimo para un pulpo productor de granos y alimentos que no son recién llegados a la materia. “Es todo muy raro", admiten desde la UIF. "Es probable que hayan hecho alguna maniobra consensuada para blanquear esa plata. Pero eso deberá determinarlo la Justicia”.

Pepe Menthe es el presidente de Pemesa S.A, una de las empresas de no muy buena fama incluso dentro del establishment. Pemesa S.A. ingresó al fideicomiso como colocador –buscador de inversores-, y fue, según el comunicado que hace dos días publicitó Cargill Argentina, quien contactó a CarVal Investors Argentina para ofrecerle comprar el fideicomiso. Con un detalle que vuelve la operación aún más extraña. Pemesa SA y su presidente no eran precisamente clientes de fiar.

Una resolución de la Comisión Nacional de Valores los había penado el 17 de junio de 2008 –lo reiteraría el 6 de agosto de 2009- por captación ilegal de inversores. “El ‘SJ2’ era un fideicomiso privado, por eso nunca fue inscripto ni aprobado por la CNV. Los fideicomisos privados son convocatorias más íntimas -para la construcción de un edificio, por ejemplo-, no necesitan pasar por ese organismo, pero no les está permitido hacer una difusión masiva para captar a los inversores. Pero Pemesa, utilizando la estructura de la mutual de Genadarmería, violó esa regulación. "Se sancionó a Pemesa porque a través de Ayuda mutual de personal de Gendarmería Nacional, les ofrecían a todos sus clientes que les dieran sus bonos de actualización salarial y ellos se los iban a cambiar por dinero, como servicio. Eso implicaba una publicidad de fideicomiso público”, explicaron a Infojus Noticias desde la CNV. Esos bonos nunca fueron pagados a los militares.

Pero además, según el comunicado de Cargill, los represores estafaron al monstruo desviando los fondos del fideicomiso ya vendido hacia sus arcas personales, tal vez con la intención de financiar un plan de fuga. La empresa dijo que denunció penalmente a Pemesa. “La causa existe, y los abogados, a quiénes se les hizo un poder, eran del estudio Nicholson, actuales titulares del fideicomiso, que cuando se retiró Cargill se los compraron en 400 dólares”, confirmaron desde la UIF.

Pepe Menthe está denunciado en varios sitios de internet, por mensajes anónimos, como un estafador compulsivo. Las denuncias virtuales son verosímiles: hablan de una estafa a 5.000 ex-militares de las fuerzas armadas y de seguridad en complicidad con la mutual Amugenal -algo que corroboraron a este portal desde la CNV- y del blanqueo millonarios a empresas importadoras. Pero además, una resolución disciplinaria del 6 de mayo de 2008 del Mercado de Valores del Litoral castiga a Delta Bursátil Sociedad de Bolsa, cuya titularidad era también de Pepe.

Esas mismas denuncias consignan que Orlando Eduardo es el hermano de Armando Pepe, el fundador de la Cámara Inmobiliaria Argentina y miembro de la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios. Además, asiduo columnista del diario La Nación, con una visión pesimista sobre la actividad económica del gobierno.

Las otras dos empresas mencionadas como fiduciarias (administradoras) del fideicomiso también tienen datos curiosos: Prepaga legal SRL, según un artículo de prensa de 2004 de “Análisis Digital”, era el nombre del estudio jurídico de Jorge Appiani Olivera, los titulares del fideicomiso. Mientras que DPA SRL –según las fuentes cercanas a la causa- es la que sigue activa, y donde ha quedado documentada, con fechas y nombres, la historia de la cuenta. Los cinco titulares de la cuenta son Alejandro Almarza, Alejandro Carlos Piazza, Horacio Roberto Della Roca, Carlos Javier Piazza y Leonardo Pablo Cortigiani. Con otra coincidencia: todos son, a su vez, síndicos del Banco Macro, de Jorge Brito, uno de los empresarios más ricos de Argentina.