Infojus Noticias

Las cuentas y bienes del prófugo Gustavo De Marchi, de su esposa y de sus hijos fueron congelados hoy, confirmaron desde la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a Infojus Noticias. De Marchi se profugó con Jorge Antonio Olivera la semana pasada del Hospital Militar Central. “Estaba muy vinculado a los negocios agropecuarios. Tenía parcelas de campo en Entre Ríos, una casa en Villa Gessell, una inmobiliaria y otros negocios como empresas de seguridad privada”, contó el director de la UIF, José Sbatella. De Marchi no era precisamente un improvisado: proviene de una familia ganadera, su hermano -el capitán retirado Juan Carlos De Marchi- presidió la Sociedad Rural de Corrientes y fue condenado en 2008 a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

Gustavo De Marchi, que fue condenado hace menos de un mes, ya había probado la adrenalina de la clandestinidad: en 2010, luego de que la Cámara Federal de Mendoza le dio la excarcelación, desapareció. Fue recapturado tres años después mientras caminaba por Villa Gessell, donde también tenía propiedades. Según contó a Infojus Noticias una alta fuente judicial, cuando fue detenido cambiaba de auto cinco veces por día para engañar a sus perseguidores. La UFI ya giró notificaciones a todos los organismos donde están inscriptos sus bienes.

“Lo que es importante que se sepa es que el financiamiento del terrorismo, en este caso de terroristas de Estado, está penado con 5 a 15 años de prisión, prevé multas de dos a diez veces el monto facilitado al prófugo, y el decomiso de todos sus bienes”, explicó Sbatella. “Además, no existe excepción por parentesco, como en el resto de los delitos”. Por eso, de comprobarse que las actividades económicas de sus familias o socios servían para financiar la vida al margen de la ley, podrían ir a prisión. Se trata del artículo 306 del Código Penal, incorporado por la ley que le permite al UIF congelar los fondos sin esperar la autorización del juez. La primera aplicación de la ley, aprobada a fines de 2011, fue el año pasado con el represor prófugo Jorge Vildoza.

Ayer, la UIF había congelado un fideicomiso de Olivera, el segundo prófugo. Estaba a nombre de Olivera y del capitán retirado detenido Jorge Humberto Appiani. La justicia y el Gobierno sospechan que podía tratarse de una estructura permanente para financiar prófugos de crímenes de lesa humanidad. Pero la trama tiene algunos detalles desconocidos. Entre ellos, uno que la UIF intenta desentrañar: la intervención de Cargill en uno de los traspasos del fideicomiso, después de fines de 2010. Y una ¿posible estafa a la multinacional?

Mejicanear a Cargill

El 19 de julio, Olivera y De Marchi se escaparon de la justicia cuando fueron trasladados al Hospital Militar Central a hacerse chequeos dermatológicos, kinesiológicos y psicológicos. A pesar de que durante los quince meses de juicio habían mostrado buena salud, los pedidos –hechos antes de la condena, por el mismo abogado, con turnos médicos casi calcados- fueron aprobados por dos jueces federales de San juan. Leopoldo Rago Gallo y Miguel Gálvez tampoco les avisaron a los jueces del Tribunal Oral con quienes compartían la custodia.

La investigación sobre lo sucedido recayó en el juzgado de Claudio Bonadío, que prefirió no dar información sobre el caso, pero admitió a Infojus Noticias estar esperando “una serie de documentación que fue solicitada, y en función de eso decidiremos la situación de los jueces. No tengo ningún criterio tomado aún”.  

Luego de la fuga, las alarmas de algunos despachos gubernamentales se encendieron. En el Ministerio de Defensa se intensificó una línea de búsqueda cuya tradición se inició en los tiempos de Nilda Garré: investigar, de los evadidos, los bienes patrimoniales. Así se dio con un expediente donde los abogados litigantes eran uno de los prófugos, el Mayor retirado Jorge Olivera, y su viejo socio en el estudio de abogados, Appiani.

Juntos, litigaban contra el Ministerio de Defensa patrocinando a militares en actividad que reclamaban una actualización de haberes. En su faceta judicial, presentaban una serie de amparos que muchas veces, según se comprobó en investigaciones internas en Defensa y Seguridad, tenían vínculos con algunos jueces que les regulaban –a través de diferentes maniobras- mucha más plata de la que debían cobrar. Como abogados de camaradas, habían patrocinado al criminal nazi Eric Priebke, y represores de la talla del ex general Carlos Suárez Mason.

Esa información fue remitida a la UIF, que comenzó a profundizar la pesquisa: además de los bienes de Olivera –una casa en Recoleta, y dos autos a nombre de la esposa-, averiguaron los movimientos del fideicomiso. Appiani y Olivera habían sido titulares hasta fines de 2010, cuando habían llegado a tener 9.500.000 y medio de pesos. “Después, ese fideicomiso es vendido al área de inversiones de riesgo de Cargill Argentina, que se lo paga dos millones de dólares”, contó Sbatella. Pero, según averiguaron hoy, la cerealera volvió a venderla porque los represores los estafaron: a pesar de haberle vendido el fideicomiso, seguían cobrándole ellos mismos a los clientes. “Ahí era todos de temer”, dijo Sbatella. “No sabemos si fue una estafa a Cargill o un arreglo que hicieron pasar como estafa. Lo cierto es que los dos millones fueron pagados”.

Finalmente el fideicomiso fue traspasado al estudio Nicholson, en cuyo staff figura el hijo del general Daso. Otro represor.