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Los acusados en el juicio por el encubrimiento del atentado en la AMIA, entre los que se encuentra el ex presidente Carlos Menem y Juan José Galeano, el juez sospechado de desviar la investigación, no podrán salir del país. Así lo informó el Tribunal Oral Federal 2 que, a partir del 6 de agosto, encabezará cada jueves el debate que además de los nombrados tendrá entre los trece imputados al ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy; el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja; y a  Eamon Mullen y José Barbaccia, que actuaron como fiscales en la investigación del ataque que hace más de veinte años le quitó la vida a 85 personas, y dejó a cientos de heridos.

El tribunal presidido por Jorge Gorini, e integrado por los jueces Néstor Costabel y Karina Perilli, con Domingo Altieri, como cuarto juez, informó esta resolución con el fin de “garantizar la presencia de los encausados” que llegan a este debate sin que pesen sobre ellos medidas de prisión preventiva. Sin embargo, aclaran que lo hacen “con el único fin de que cada parte requiera ante el tribunal, fundadamente, la debida autorización para ausentarse del país”.

La causa que investiga el encubrimiento del atentado a la AMIA empezó hace quince años, cuando Claudio Lifschitz, uno de los prosecretarios del juzgado federal en el que recaló la investigación, contó que el ex juez Galeano y el gobierno de Menem habrían acordado “plantar” la pista que dirigía hacia los policías bonaerenses como autores del atentado ocurrido hace 21 años, el 18 de julio de 1994. Todo esto, en medio de un enfrentamiento entre el entonces gobernador Eduardo Duhalde y Menem y con intención de desviar la mirada de la llamada “pista Siria”.

Elevado a juicio en 2009, el juez federal Ariel Lijo, indicó que, orquestada (o gestionada) por Menem, a través de su hermano Munir, el gobierno de entonces acordó con el juez Galeano omitir la investigación de la pista llevaba a un hombre cercano a su familia: el ciudadano argentino de origen sirio-libanés Alberto Kanoore Edul. Y al ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, como uno de los artífices de la operación de encubrimiento. En la causa, Palacios está señalado como parte de la comitiva policial que le dio aviso a Kanoore Edul de un allanamiento en su domicilio, que finalmente resultó infructuoso para la causa.

La otra parte, elevada a juicio en 2006, involucra a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), como el brazo ejecutor que “habría ocultado y erradicado pruebas en torno a la presencia de unos ciudadanos iraníes en la Argentina”. E indicó a Telleldín como la vía para plantar en el expediente la versión que involucró falsamente a los integrantes de las brigadas de Investigaciones de la policía Bonaerense. En este tramo, además de Anzorreguy y Galeano, aparecen involucrados los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, y al abogado que representaba a Telleldín, Víctor Stinfale.

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MB/LC