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En el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación se presentó hoy un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país y luego se entregó un reconocimiento a los nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo. El acto fue encabezado por del diputado nacional Remo Carlotto, titular de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el titular de la Cámara de Diputados Julián Domínguez , integrantes de Madres de Plaza de Mayo, HIJOS y el fiscal Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Como nietos restituidos estuvieron, entre otros, Victoria Montenegro, Pablo Sandoval, Guillermo Pérez, Pablo Gaona y los mellizos Reggiardo Tolosa.

Uno de los ejes principales fue el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, a tres días de los actos por el Día de la Memoria. “El pueblo no olvida, el pueblo resiste. Este homenaje a los 110 nietos recuperados va de la mano con el avance de las causas en todo el país. Faltan recuperar los 400 nietos”, dijo Estela de Carlotto, que entregó placas de reconocimiento a nietos restituidos: Catalina de Sanctis Obando, Martin Angerosa, Juan Pedro Sandoval, Ezequiel Rochistein Tauro, Guillermo Pérez Roisinblit, Victoria Montenegro, José Abdala, Jimena Di Camero, Gonzalo Reggiardo Tolosa, Andrés La Blunda, Juan Pablo Moyano, Manuel Goncalves Granada y Pablo Gaona.

Domínguez subrayó que “todavía hay testigos que tienen miedo de declarar y nos llaman jueces de las provincias para solicitar protección por la presión de los grupos violentos. La batalla no está ganada. Los socios civiles siguen caminando impunes por nuestras calles”.

"Hubo un 24 de marzo de 1976 -golpe militar- porque existió complicidad civil. No están vencidos los que no quieren una sociedad inclusiva. Porque todavía hay testigos que tienen miedo de declarar", aseveró el titular de la Cámara baja, al tiempo que afirmó que "todavía los socios civiles siguen por nuestras calles".

Remo Carlotto presentó el "Informe de la situación legislativa de los derechos humanos en la República Argentina". Dijo que lo más grave del diagnóstico es que “se encuentran resabios de la dictadura militar en el accionar cotidiano de las justicias provinciales”. El diputado enfatizó que la Justicia Federal deberá profundizar la investigación sobre la complicidad civil en los años de la represión. “En el informe hay elementos que señalan la lentitud de la justicia para con los delitos de lesa humanidad ligados a empresas, diarios, y personas de la sociedad civil.”

El informe  traza un panorama de las legislaciones provinciales en materia de derechos humanos del país, en el marco del cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales en esa área. A la hora de hablar sobre los puntos principales, Remo Carlotto destacó que es la primera vez que se realizó un informe “con carácter federal sobre la situación de los derechos humanos” y remarcó que uno de los puntos más preocupantes “es cómo se piensa la cuestión de la seguridad en algunas provincias, porque hay ciertas atribuciones que se toman que son abusivas, como las detenciones arbitrarias a personas de bajos recursos por la aplicación abusiva del código contravencional”.

El documento refleja diversos temas sobre la problemática de los derechos humanos: el derecho internacional aplicado a la Argentina; Garantías del ciudadano; Seguridad y Justicia democrática; Leyes de ejecución penal; la vigencia de los derechos políticos y la libertad de expresión; los derechos y protección de sectores especiales, como la niñez, la mujer y los pueblos originarios; la Memoria, la Verdad y la Justicia; y la política exterior de Derechos Humanos.

“La intención que orientó el informe, además de cumplir con lo estrictamente legal, fue dar un primer paso en un relevamiento que permita tener un estado de situación a nivel nacional de importantes temas de derechos humanos”, dijo Domínguez. A su lado, Remo Carlotto remarcó que será una herramienta de trabajo para sancionar, derogar o modificar leyes.  “Queremos reconocer una agenda federal  este  primer  paso  es  parte  de  un  proceso  más  largo,  que  debe  ser seguido por una etapa de devoluciones, críticas y correcciones a partir de las observaciones de los órganos de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil”, dijo.