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El juicio que busca poner en blanco sobre negro acerca de lo sucedido en Junín durante la dictadura resultó ser una caja de pandora. La semana pasada, dos testigos involucraron a la Sociedad Rural de Junín en la represión ilegal en la ciudad, y desnudaron aún más el entramado civil que apoyó al golpe de Estado de 1976. Un ex comisario, Benito Almada, reveló que en un lugar dentro del predio de la entidad, conocido como el Punto 1, se alojaron prisioneros ilegales. También acusó a José Luis Camarro, actual chofer del fiscal general de Junín, Juan Manuel Mastrorilli, de haber participado en la desaparición de Adrián Romié y Gilberto Mesa, dos víctimas del juicio.

Además, el periodista Héctor Pellizi relató los pormenores de una reunión en la que ocho hombres de la aristocracia local votaron si debía fusilarse o no a 14 detenidos que eran acusados por el Ejército de ser una célula del ERP. “La votación salió empatada cuatro a cuatro, y uno de los que se pronunció en favor de la ejecución fue Jorge Cogorno, el presidente de la Sociedad Rural de entonces”, testificó Pellizi.

En este juicio oral están acusados los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio, y el ex militar Ángel José Gómez Pola. Se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Comisaría Primera de Junín, en la Unidad Penitenciaria Número 22, por entonces en construcción, y el destacamento de Puesto Morse. Las víctimas son Romié, Mesa y Hugo Torreta: figuran en el expediente de esta causa como detenidos desaparecidos

Las imputaciones del juicio en Junín parecen haber quedado muy cortas. Durante los debates, los testigos han mencionado casi una decena de policías involucrados en la represión que todavía caminan por la calle: Menestarco, Scasiano, Di Giulio, Maisterra, Amengual y Bevilacqua son algunos apellidos. “Tanto para éstos como para el resto de los nombres involucrados en la represión que no están imputados, pedí que se remitieran copias a la fiscalía de primera instancia para que se investigue si cometieron delitos”, confirmó a Infojus Noticias Hernán Schapiro, el fiscal del juicio. Además de Camarro, Luciano Guazzaroni y los hermanos Cecchi son civiles mencionados como colaboradores.

Ahora, es el fiscal federal de instrucción de Junín, Eduardo Varas, quien debe decidir qué hace con todas esas acusaciones que surgen de los testigos del juicio. Podrá tomar los testimonios y abrir investigaciones individuales, concentrarlas en un solo expediente o anexarlas a causas que ya están en instrucción. O tiene, también, otro camino posible: pensar que las menciones no alcanzan para sospechar de un delito, y dejarlas juntar polvo en su despacho. “Cuando se inició la causa, en marzo de 2007, Varas no se movió mucho. Todavía estaba en la justicia local, no la tenía Rafecas en la causa de Primer Cuerpo, y él era tibio, soñoliento. Esperemos que ahora investigue las responsabilidades civiles que están surgiendo en las audiencias del juicio”, dijo Pellizi.

Punto 1

El ex comisario Benito Almada fue llamado de improviso a declarar en el juicio el martes de la semana pasada. Un testigo le había atribuido tener “datos de Romié y de Beto Mesa”. Su declaración termino por ser vital.

El verano de 1976, Almada había vuelto a Junín a pasar las fiestas. Se encontró con José Luis Camarro, un policía de la comisaría primera de Junín, que le confesó que había participado “en la detención de dos subversivos”.

Había sucedido el 17 de diciembre. Romié salió en taxi del “Automotor Club Junín”, donde era mozo, con dos compañeros, cuando se le cruzó un auto con la patota a la altura del teatro La Ranchería. A bordo iba el policía Camarro. Lo bajaron de los pelos y se lo llevaron. El resto de lo que sucedió esa noche se lo contó el propio Camarro a Almada. “Lo sacó de un taxi, una semana antes de nuestro encuentro, en inmediaciones de Coronel Suárez y Saavedra. La comisión policial estaba integrada, según sus dichos, por el oficial inspector Mainsterra, que era el jefe de servicio de calle. También un oficial de apellido Vega, de Los Toldos, y era el chofer un allegado al coronel del regimiento (Camblor), de apellido Balmaceda”, le dijo el ex comisario a los jueces.

Cuando se dirigían al regimiento, llegó la contraorden por el radio. “Que los llevaran a Punto 1 que era el terreno de la Sociedad Rural de Junín, camino al balneario. Ahí ingresan, donde había otras personas armadas esperando y dejaron al detenido”, aseguró Almada. Camarro también le contó que esa misma noche lo asignaron al operativo de Mesa junto a un oficial de apellido Carnevale; otro de Chivilcoy de apellido Beatrice; un militar llamado Obreña, y Roberto Leone, de Junín. Según Almada, a Mesa lo llevaron a una quinta que estaba atrás del regimiento, propiedad de una persona de apellido Bocassio.

No fue el único testimonio que reflotó el nombre de Camarro. María Elena Etchart, una de las sobrevivientes, lo incriminó en un relato desgarrador: “Camarro me levantaba en cualquier lugar y me llevaba al hotel Los Pinos, a un monte que está cerca de Roca, y me violaba. Hacían lo que querían conmigo”, contó en la segunda audiencia. “Me ponía la pistola en la cabeza y yo no podía decir nada. Me llevaba a un monte, que está pasando Roca, y hacía con migo lo que quería”, agregó. Fue uno de los testimonios más difíciles de escuchar para el público.

Camarro fue cabo de la policía entre mayo de 1976 y el mismo mes de 1986. En el ínterin fue contratado por el ex fiscal general Elio Lago, e inició una carrera judicial. En la década del ’80, cuando estaba en la fuerza, llegó a la tapa de los diarios por otro escándalo: su pareja le pegó un tiro. Un tiempo después se hizo pastor.

Hoy es el chofer del fiscal general de Junín. La Asociación Judiciales Clasistas (AJC), filial Junín, pidió que se lo expulse del sindicato al que está afiliado “ni bien se formalice la denuncia penal y acorde se desarrollen los hechos, se proceda a la inmediata suspensión de nuestro sindicato y posterior expulsión”. Romié y Mesa siguen desaparecidos.

El grupo de los ocho

Pellizi, ex militante de la Juventud Peronista, es uno de los periodistas de Junín que más investigó el terrorismo de Estado. La semana pasada fue su turno de declarar en el juicio. “En aquella época, además del Ejército, había cuatro polos de poder en Junín. El intendente, el Banco Junín, los tribunales y el Club Social. Esas estructuras del poder económico de aquella época siguen vigentes”, dijo entrevistado telefónicamente a Infojus Noticias. Pellizi es autor de “El orden de la tumbas”, una investigación periodística sobre la represión ilegal en la ciudad.

La madrugada del 24 de enero de 1977, una patota formada por militares del Comando de Artillería 101, policías y paramilitares secuestraron a once artistas que pertenecían a la Coordinadora de Arte (COART). Los días siguientes secuestraron a otras tres personas vinculadas al grupo. Uno de los 14 cautivos era Benito Gorgonio de Miguel, un apellido con cierta alcurnia en la ciudad. De Miguel era el máximo referente provincial del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) de Arturo Frondizi y el gerente general de Racing Club.

Los diarios –que reproducían los comunicados militares- publicaron que los prisioneros eran en realidad una peligrosa célula del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que había hecho atentados con bombas. Fueron trasladados a la cárcel que todavía estaba en construcción. Entonces el Club Social se organizó una reunión pequeña a la que asistieron ocho hombres de la alta sociedad juninense. En ese cónclave, los emisarios de las fuerzas vivas votaron sobre una cuestión delicada: si había que fusilar a los guerrilleros o no.

Los detalles de esa reunión se los contó Benito De Miguel a Pellizi en una extensa entrevista que le hizo para su libro. “La votación salió empatada cuatro a cuatro, y uno de los que se pronunció en favor de la ejecución fue Jorge Cogorno, el presidente de la Sociedad Rural”, declaró Pellizi ante los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Al día siguiente de esa reunión, Cogorno sacó una solicitada en el diario horrorizándose de que operaran militantes de organizaciones revolucionarias en la ciudad.

Pellizi –en diálogo con esta agencia- recordó otro asistentes al cónclave: el agrimensor Croscetti y el terrateniente Juan Ignacio Borchex, que se opusieron al ajusticiamiento. “Borchex dijo que conocía a Benito de Miguel y que era imposible que fuera un jefe del ERP, por una cuestión ideológica pero también física: De Miguel era un hombre muy gordo, incongruente con el entrenamiento militar que debían tener los jefes guerrilleros”. Pellizi olvidó las otras dos personas que De Miguel le dijo que habían votado para que conservaran su vida.

A favor de fusilar a los prisioneros estuvieron Cogorno –que ahora está internado- y el presidente del Club Social de entonces, de apellido Caviglia. “Hasta hace poco, su hijo (Gastón Caviglia) era el presidente del colegio de Abogados de Junín”, completa Pellizi. El actual presidente de la Sociedad Rural, Juan Esponda, pidió que la justicia investigue aquellas circunstancias.

Finalmente, el propio Frondizi intervino por De Miguel ante Carlos Guillermo Suarez Mason. Le dijo que se habían equivocado. El comandante del Primer Cuerpo de Ejército envió un oficial a corroborarlo. Volvió con un informe claro. Un tiempo después, un militar de apellido Melzner le confesó que se habían pero no podían liberarlos inmediatamente porque “no podían pasar el papelón de poner a alguien a disposición del Poder Ejecutivo y dejarlo luego en libertad antes de determinada cantidad de tiempo”. Seis meses más tarde, luego de torturarlos, los 14 fueron puestos en libertad.