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En Junín, el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la Universidad Nacional del Noroeste dio un giro inesperado.  Dos testigos que declararon la semana pasada dijeron que la Sociedad Rural participó en el circuito represivo que se montó en esa localidad del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Se trata del ex comisario de la bonaerense, Benito Almada y del periodista Héctor Pellizzi, autor del libro “el Orden de la Tumbas”, un trabajo de investigación que recorre los años del terrorismo de Estado en Junín.  Ante el Tribunal Oral en los Criminal Federal 1 de La Plata, que preside el juez Carlos Rozanski, Almada afirmó que un hombre que trabajaba para el Poder Judicial de la ciudad, llamado José Luis Camarro, trasladaba detenidos al terreno en el que funcionaba la Sociedad Rural.

"Por esos años, me contó entonces que participó en un operativo que trasladó a Adrián Romié --uno de los tres desaparecidos que figuran en la causa-- al punto 1, que era donde estaba la Sociedad Rural”, repasó el testigo.
Y aportó: “Después de llevar a Romié, me contó que le pidieron que vaya con el auto a efectuar otro operativo junto con otros policía”.

Por ese testimonio, el fiscal federal Hernán Schapiro solicitó la imputación de Carraro, quien no se encontraba entre el grupo de siete acusados que comenzó a ser juzgado el 26 de noviembre. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se impute también a Luciano Guazzaroni, un hombre vinculado a la ultraderecha peronista y sindicado por testigos como “un parapolicial que participaba en detenciones y secuestros”.

En tanto que el pasado martes, Pellizzi detalló los pormenores de su investigación y citó el testimonio de Benito de Miguel, integrante de un familia tradicional de Junín y secuestrado junto a un grupo de 14 personas en los días posteriores al golpe del 24 de marzo de 1976.

“Por esos días, se llevó a cabo una reunión de las denominadas fuerzas vivas de Junín en la sede del club social, y allí se votó pedir el fusilamiento de los 14 detenidos, que se encontraban en la cárcel en construcción”, apuntó el periodista. Y además consignó: “La votación salió empatada cuatro a cuatro, y uno de los que se pronunció en favor de la ejecución fue Jorge Cogorno, presidente de la Sociedad Rural”.

“Entre estos detenidos había artistas, escritores y personalidades de la cultura. Eran un grupo de personas consideradas peligrosas por que se decían 'que le llenaban a la cabeza a la gente con ideas raras' y por eso los querían eliminar”, aseguró en diálogo con Télam Oscar Farías, un histórico dirigente de los derechos humanos de la ciudad.

Farías, uno de los impulsores de las investigaciones que llevaron a la realización de este juicio, observó que “el tema de la complicidad de la Rural con el terrorismo de Estado era algo que se conocía desde hace mucho” .
“Ahora, todo eso que se decía quedó declarado en un juicio; salió a la luz. Se tendrán que investigar todos esos datos que brindaron los testigos”, recalcó. Por su parte, la Sociedad Rural emitió un comunicado en el que le pide a la Justicia “una pronta investigación para determinar si en las instalaciones de la entidad se cometieron secuestros y asesinatos”.

En este juicio oral están acusados los ex policías Edgardo Mastandrea, Abel Oscar Bracken, Julio Ángel Estelrich, Francisco Silvio Manzanares, Miguel Ángel Almirón y Aldo Antonio, y el ex militar Ángel José Gómez Pola. Se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron el la Comisaría Primera de Junín, en la Unidad Penitenciaria Número 22, por entonces en construcción, y el destacamento de Puesto Morse. Además de Romié, Gilberto Mesa y Hugo Torreta son las víctimas que figuran en el expediente de esta causa como detenidos desaparecidos.