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15 de Marzo 2016 - 10:49 hs
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5-8-2015|19:46|Lesa humanidad Nacionales
Se amplió la acusación por delitos sexuales

Justificaron el accionar de los jueces de Mendoza durante la dictadura

Los testigos propuestos por los acusados en la causa donde se investiga la complicidad civil con el terrorismo de estado defendieron a los imputados. “La justicia no supo de los delitos”, dijo uno de ellos, que se definió como “amigo personal” de Otilio Romano, uno de los ex funcionarios judiciales procesados.

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Por: Juan Manuel Mannarino

En el “juicio a jueces” de Mendoza el centro de la escena lo ocupan los testigos propuestos por las defensas. Dos de ellos defendieron a los imputados porque, dijeron, “la justicia no supo de los delitos de la última dictadura”. El primer convocado fue el ex juez Luis Alberto Leiva, quien aclaró que era amigo personal de Otilio Romano –lo acompañó  a fugarse a Chile cuando fue perseguido por la justicia- y conocía a los otros ex magistrados procesados. El otro fue el abogado Juan Carlos Aguinaga, que presentó habeas corpus por secuestrados aunque era amigo de los jueces implicados. “Aguinaga no investigó más allá de presentar los recursos. Y ambos testigos justificaron el accionar de los jueces, pero no van a tener eficacia jurídica porque las pruebas acumuladas contra ellos son demoledoras”, dijo a Infojus Noticias el abogado Carlos Varela Álvarez, que representa a una parte de la querella.

Hace unas semanas, el Tribunal aceptó la ampliación de la acusación de los imputados por delitos sexuales. Son más de treinta policías, militares y cinco ex miembros de la justicia federal durante la dictadura, los que están imputados. Otilio Romano, que era fiscal, Luis Miret y Rolando Evaristo Carrizo, que eran jueces, y Guillermo Petra Recabarren, quien tenía cargo de defensor. Otro ex juez, Gabriel Guzzo, fue apartado del juicio por su estado de salud.

El testigo Leiva entró a Tribunales Federales en 1976 y después pasó a la Secretaría Penal hasta 1978. Su testimonio minimizó  la intervención de la justicia mendocina en ese período, y dijo que sobre el terrorismo de Estado “por entonces no se sabía absolutamente nada”. En defensa de los funcionarios, enfatizó que no tenían jurisdicción para intervenir cuando los implicados eran “fuerzas de seguridad y fuerzas armadas” porque “la normativa de la época” las sometía a la justicia militar. “No había manera de saber, ni advertir irregularidades”, dijo, desconociendo la presentación de habeas corpus por personas detenidas.

Aseguró, además, que la justicia estaba amenazada “por izquierda” y  por el Grupo de Oficiales Jóvenes –GOJ- que “presionaban” a los funcionarios. Su testimonio negó la posible connivencia de la justicia con los militares. “Es claro que tuvo la intención de defender la actuación corporativa de los imputados. Estamos hablando de jueces que no sólo no investigaron habeas corpus sino que, directamente, fueron en persona a los centros clandestinos de detención. El vínculo con los represores es contundente”, subrayó Varela Álvarez.

Luego de la declaración de Leiva, llegó el turno de Juan Carlos Aguinaga, propuesto por la Fiscalía y la Defensa. Dijo haber conocido a Romano, Carrizo, Petra y Miret. El testigo contradijo la versión de Leiva en el sentido de que no se conocía nada durante el terrorismo de Estado. “Había mucho comentario. Era un hervidero”, dijo. Y agregó: “Algunos morían, otros estaban presos. Había desapariciones”, aunque admitió que se enteró después de la real dimensión de los delitos de la dictadura.

Sin embargo, a la hora de hablar de la justicia, defendió a los jueces diciendo que “el poder de los militares era muy avasallante”. Precisó que los ex jueces “podrían haberse declarado incompetentes”, sobre los hechos de la represión ilegal.

Aguinaga dijo que, en dictadura, llevó la defensa de varias personas detenidas, entre ellas a Luz Faingol,  a la que se refirió como “Lucecita”. Defendió a Miret, que  intervino sobre la averiguación del paradero de Luis Rodolfo “Chino” Moriña Yung, sobre quien también presentó un habeas corpus. Le dijeron que estaba prófugo. En esa línea, admitió haber conocido algunos espacios de detención como el Comando aunque no así el D2. “Confesó cruzarse en un centro clandestino al escritor y periodista Antonio di Benedetto, porque fue a la cárcel en calidad de ser amigo de Romano y de Miret”, apuntó el abogado querellante.

Al cerrar su declaración, y en sintonía con el relato de Leiva, Juan Carlos Aguinaga dijo que los ex jueces acusados “no fueron cómplices de la dictadura”, sino que actuaron “bajo presión”.

Las audiencias continuarán el lunes próximo, con más testigos presentados por la defensa. “En definitiva, los testigos no aportaron nada nuevo, sólo se limitaron a defender la coartada de los jueces acusados. Y los jueces de este Tribunal saben que es una posición para nada creíble”, cerró Varela Álvarez. 

JMM/PW

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