Infojus Noticias

El velo de los crímenes atroces sucedidos en La Perla cada vez se descorre más. Con la audiencia que se llevó a cabo ayer, la última del año, se completaron 199 días de juicio: 435 testigos pasaron por el estrado para evocar lo que sucedió en el centro clandestino más grande de la provincia de Córdoba hace 38 años, durante la última dictadura cívico militar. “Ha sido un año larguísimo. El cúmulo de pruebas que vamos receptando viene confirmando todos los requerimientos de elevación a juicio que hicimos, y nos encaminamos a una sentencia condenatoria”, evaluó ante Infojus Noticias Claudio Orozs, uno de los cinco abogados de la querella de Familiares e HIJOS.

Además del valor probatorio de los relatos, para el periodista Alexis Oliva, este año se cobraron fuerza durante las audiencias tres temas novedosos: “Uno es la cuestión de la esperanza de encontrar los restos, después del hallazgo de huesos en octubre, después de buscar durante 10 años. La segunda es la dimensión económica con la causa Mackentor, que habla del interés económico de la dictadura y del favorecimiento de ciertas empresas monopólicas (en este caso Supercemento). Y la tercera es la complicidad de la justicia, sobre el final de la dictadura y el principio de la democracia”, enumeró el periodista que se encarga de seguir día a día el juicio.

La última audiencia

En la audiencia de ayer declararon cuatro testigos que dieron detalles sobre los secuestros en sus familias durante la represión ilegal.

María Ester Landaburu fue a declarar por la desaparición de su hermana Elsa Alicia Landaburu y su compañero Osvaldo López. Fue el 27 o 28 de marzo de 1976, cuando la casa de las hermanas Landaburu fue allanada por un grupo de gente jóven, armados y vestidos de militar. El 4 de abril de 1976 salió un artículo en el diario donde se informaba que habían sido asesinados en un supuesto enfrentamiento. “En realidad no hubo ningún enfrentamiento, con posterioridad pudimos reconstruir todo lo que había pasado”. Por sobrevivientes, sus padres supieron que su hija fue uno de los asesinatos que se cometió de esa forma.

Silvia del Carmen Fonseca estuvo presente en el secuestro de Ruben Motta, la noche del 6 de enero de 1976 cuando se encontraba por casualidad en su casa visitando a la madre de los chicos que era su amiga. Era la novia de Oscar, el hermano de Rubén. Fue un secuestro colectivo, que la inteligencia cordobesa apodó “Operativo Moncholo”, que en la jerga policial era como le decían a la Tendencia Revolucionaria del peronismo. Secuestraron a más de treinta militantes y los tuvieron 48 horas en La Perla, torturándolos. Rubén está desaparecido.

Las últimas dos testigos fueron Elena Jorgelina Bustillo y Gustavo Bustillo. Eran la hija y el hermano de Ramiro Sergio Bustillo, aprendiz en la fábrica militar. Fue una caída en cadena de militantes del  Partido Comunista argentino, que Menéndez ordenó secuestrar entre el 17 y 18 de octubre de 1977. Primero fueron llevados a una dependencia de la policía, después trasladados a La Perla. Fueron torturados sin pausa, y los cinco fusilados un tiempo después. Ramiro era uno de ellos. “Más allá de su secuestro quiero poder dar cuenta de quién era él. Tengo la necesidad de poder humanizarlo y que no sea un numerito más que suma los 30.000”, dijo Elena. Su padre era cariñoso y alegre, y le gustaba jugar al básquet.

Enterramientos

Los jueces además clausuraron –al menos provisoriamente- la pista sobre tres sitios de supuestos enterramientos clandestinos que se había abierto con las declaraciones del ex mayor del Ejército Ernesto “Nabo” Barreiro el miércoles de la semana pasada. Ese día dijo saber de tres lugares donde habían sido sepultados algunos secuestrados de la dictadura y aportó una lista de 25 nombres. El defensor oficial Carlos Casas Nóblega, leyó 19 nombres en una entrevista radial y generó mucha expectativa en los familiares. Sin embargo, esta semana, cuando debía señalar los lugares con precisión, Barreiro –que declaró a sala vacía- fue muy vago y dijo que en el momento de los asesinatos estaba de vacaciones. Los jueces le preguntaron quién conocía de primera mano esos lugares: los ex policías Luis Manzanelli y José Hugo Herrera, contestó el “Nabo”.

A su turno, Manzanelli negó conocer esos sitios. A José Hugo Herrera –según los sobrevivientes, torturador feroz y violador serial en La Perla- lo acompañó ayer un secretario del Tribunal a una villa llamada ciudad América, pero no pudo precisar nada. Los jueces decidieron entonces dar por cerrada la búsqueda hasta que los acusados no aporten datos más concretos.

“No quiero que el árbol no tape el bosque”, concluyó Orozs sobre estas supuestas confesiones que por ahora resultaron un bluff. “No hubo víctimas que no hayan exigido dos cosas de los acusados: que digan dónde están los nietos apropiados y donde está el cuerpo de los desaparecidos. Yo me sumo a exhortación, pero no de esta manera que fue bastante cínica”.