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“Buscan a una madre que abandonó a sus dos pequeños hijos en una guardería de Caballito”. Así tituló el diario La Razón el 16 de diciembre de 1976. En rigor, Claudia Josefina Urondo y su marido Mario Koncurat no abandonaron a sus hijos, sino que fueron secuestrados por un grupo de tareas y están desaparecidos. Graciela Murúa es la madre de Claudia y fue la primera esposa del escritor y periodista Paco Urondo, asesinado por la dictadura en la provincia de Mendoza en junio del ‘76. Murúa declaró hoy ante el Tribunal Oral Federal N°5 que juzga delitos de lesa humanidad ocurridos en la ESMA durante la última dictadura militar.  

 

Claudia y Mario militaban en Montoneros. Tenían dos hijos: Sebastián Carlos, de 3 años, y Nicolás Marcos, de 2. El viernes 3 de diciembre del ‘76 Claudia llamó a su madre. Estaba con Mario y habían dejado a los chicos en una guardería del barrio porteño de Caballito. Ese día, Nicolás cumplía años y estaban organizando una reunión familiar. “Me dijo que me iba a llamar a última hora y nunca más volví a saber de ella”, dijo, compungida. A pocos metros, seguían la declaración mujeres de su entorno familiar, que le daban ánimo a través de un vidrio. 

 

Tiempo después alguien le dijo a Graciela que su hija había llegado muerta a la ESMA y Mario, mal herido. “Son cosas que se dijeron, nunca supe con certeza qué les pasó”. Como muchas familias, los Urondo-Koncurat presentaron habeas corpus y visitaron a monseñor Emilio Graselli para lograr algún tipo de información que nunca recibieron.  

 

Murúa tiene 82 años. Con voz serena, le confío al tribunal que en aquel momento desconocía el domicilio de su hija y que su preocupación eran sus nietos. Ella no sabía en qué guardería estaban y salió a buscarlos. Durante días recorrió jardines de infantes sin éxito hasta que llegó a una guardería del pasaje El Maestro 155. La propietaria del lugar le confirmó que a los niños los había cuidado tres días en su casa, pero que después hizo la denuncia. Días después, por el diario La Razón se enteró que buscaban a la familia de los nenes en un juzgado de menores.  

 

Sebastián y Nicolás estaban en el hogar Riglos, de la localidad bonaerense de Moreno. “El mayor parecía estar más o menos enterito, pero al más chico lo trajeron alzado, medio dormido. Estaba como sedado. Los nenes se fueron a vivir con sus abuelos paternos en General Pico, La Pampa. Yo viajaba todos los meses a visitarlos porque tenían más relación conmigo”.

 

En 1972, su ex marido, el escritor Paco Urondo, fue detenido junto con Claudia y Mario en una quinta de Tortuguitas. A Graciela la fueron a buscar a su PH de Belgrano y también estuvo detenida cuatro días en una comisaría de Martínez. “Ahí se estaba deslumbrando un plan sistemático para castigar a la militancia”, dijo con voz firme. 

 

“Todos estos procedimientos hicieron daño en nuestra familia. Todavía nos estamos recuperando. Lo que es duro es duro aunque a uno se lo quieran remediar”, finalizó. Mientras, en una pantalla se exhibían las fotos de Claudia, Mario y los pequeños Sebastián y Nicolás. 

 

Hoy también declararon Analía y Alcira Villa por la desaparición de su hermana Patricia y su esposo, Eduardo Suárez. Patricia tenía 23 años cuando el 10 de agosto de 1976 una patota de la ESMA se la llevó de su lugar de trabajo, la agencia de noticias italiana Inter Press Service. Con ella se llevaron a dos empleadas administrativas italianas, que horas después recuperaron la libertad. Minutos antes había hablado por teléfono con su hermana, Analía, para contarle que estaba embarazada. La patota la obligó a buscar a su pareja, Eduardo Suárez, militante montonero y periodista de ANCLA, la agencia que había fundado Rodolfo Walsh. 

 

Analía en ese momento estaba exiliada en México. Muchas cosas del destino de su hermana se enteró por la periodista Lila Pastoriza, que estuvo secuestrada en ESMA, y por el director de Inter Press Service, José María Pasquini Durán. “Hicimos un montón de investigaciones: fuimos a Coordinación Federal y a la embajada de Italia. Mi madre habló con Graselli, que nos dijo que dejemos de buscarla. Familiares de mi abuelo habían sido navales y nos hicieron un contacto con Carlos Carpintero, que era prensa de (Jorge Rafael) Videla. Queríamos saber qué pasaba, no entendíamos nada”, dijo Alcira. 

 

Analía terminó su testimonio con un pedido sobre los 65 imputados de la megacausa: “Espero que estos roba chicos, violadores y asesinos reciban el castigo que se merecen y lo cumplan en una cárcel común. En mi familia hay diez desaparecidos. Me gustaría que en algún momento llamen a declarar a sus esposas: muchas son cómplices. Ellas durmieron con esos asesinos durante treinta años”.