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Tres jueces de larga trayectoria en el juzgamiento internacional de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos disertaron sobre la posibilidad de juzgar a los civiles que hayan sido cómplices de delitos de lesa humanidad. Fue esta mañana, en la sala Parodi de la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ex juez español Baltazar Garzón afirmó que cuando se juzgan delitos de lesa humanidad, muy pocas veces se enfoca en los expedientes judiciales a los poderes económicos y financieros “como si fuera una figura inferior, y nos centramos en los militares que ejecutaban las órdenes”, y habló de algunos vacíos legales que permiten actuar con impunidad a poderes especulativos, como el de los fondos buitres. La última exposición fue la de Fausto Pocar, un juez italiano que presidió el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), que juzgó a 161 militares, paramilitares y civiles por violación a los derechos durante la guerra de los Balcanes.

La conferencia tenía como objeto la presentación del libro “Cuestiones actuales en la investigación de graves violaciones de derechos humanos”, editado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La actividad se dio en una semana agitada en lo que se refiere al juzgamiento de los civiles cómplices del terrorismo de Estado en la Argentina. No sólo porque se pidió la indagatoria de directivos del grupo Clarín, La Nación y La Razón por la apropiación de Papel Prensa, sino porque hubo fallos que desvincularon transitoriamente a otros empresarios sospechados de colaborar activamente con los militares, como Vicente Massot en Bahía Blanca y Carlos Blaquier, dueño del imperio Ledesma en Jujuy.

Fausto Pocar.

Con la ausencia del diputado nacional Remo Carlotto, enfermo de gripe, el panel estuvo compuesto, además de Garzón y Pocar, por el  juez de la Cámara de Casación Penal Pedro David.

“Con la creación del TPIY el 25 de mayo de 1993, Naciones Unidas lanza este tribunal sin calibrar realmente los graves problemas que enfrentaría, entre ellos, inaugurar una nueva cooperación internacional y decidir, pasados varios décadas del tribunal de Núremberg, hacia cuestiones más esenciales del derecho internacional penal”, dijo el camarista Pedro David a modo de breve inauguración.

A su turno, Garzón fue directamente al grano. “Cuando hablamos de crímenes económicos y responsabilidad civil en el financiamiento de la actividad criminal de lesa humanidad, nos encontramos con un vacío importante en las sentencias del derecho internacional”, dijo el ex magistrado español. “Nos tendríamos que remontar a los juicios de Nüremberg para ver que denunciaron temas relacionados con los componentes económicos y financieros”.

Pedro David.

Los responsables civiles

El ex magistrado –que actualmente es asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya y colabora con órganos jurídicos de varios países-, también habló de la importancia de reactivar el principio de jurisdicción universal, bajo el cual cualquier juez puede investigar delitos contra la humanidad si no hay una investigación –por decisión política o impedimento legal- judicial en el lugar donde ocurrieron los crímenes. “Los primeros casos (en las últimas décadas) fueron el de Argentina, que se inició en España, y el caso Pinochet”, enumeró. “Hay que orientar el enfoque de los responsables civiles hacia las fuentes de financiación o el aprovechamiento de este tipo de crímenes. Esto es más fácil de lograr en la justicia interna que en un tribunal internacional”, agregó.

Garzón aseguró que está siendo objeto de un arduo debate si “una empresa, una sociedad o una corporación pueden cometer crímenes de lesa humanidad”. Y explicó que podrían cometerlos mediante un financiamiento: “Desarrollando actividades legales e ilegales económico y financieras, que estén promoviendo actividades que incidan directamente en la pérdida de vidas humanas”, detalló el ex juez español. En ese vacío legal, ubicó la acción del año pasado de los fondos buitres. “Hemos visto aquí, la refriega y la acción problemática que ha tenido Argentina con los llamados fondos buitres. Esos límites se tienen que configurar, y una de las herramientas es la inclusión de este tipo de crímenes en el artículo 7 del Estatuto de Roma”, la norma internacional que regula los delitos de lesa humanidad.

En último lugar tomó la palabra Pocar, que además de presidir el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, integra la Cámara de Apelación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y es considerado una eminencia en el tema. “En principio la responsabilidad penal de los civiles no presenta diferencia con las responsabilidad de los militares. Ambos pueden ser responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad”, dijo Pocar. En el proceso de juzgamiento, el juzgó a 161 personas, incluido Slobodan Milošević, ex presidente de Yugoslavia, quien fue entregado en 2001 pero falleció el 11 de marzo de 2006 cuando estaba cerca de la condena.

Algunos de los condenados por el tribunal eran civiles, aunque Pocar destacó las dificultades: “Uno de los problemas en la práctica es que el juzgamiento de estos crímenes se ha restringido a los crímenes de lesa humanidad cometidos en tiempos de guerra”, dijo.

Otro de los problemas, enumeró el jurista, es obtener las pruebas: por los cuadernos militares y las cadenas de mando, las órdenes de los superiores militares quedan en muchos casos escritas. “En materia civil es mucho más difícil. Porque aunque el civil político planeé los crímenes, dé las instrucciones, es difícil conseguir la prueba en juicio de que está detrás de ellos”, concluyó.

LB/RA