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El Memorándum de entendimiento Argentina-Irán es un acta que fue suscripta el 27 de enero de 2013 entre los gobiernos de ambos países en Addis Abeba, Etiopía, con el que se trató de buscar algún tipo de cooperación iraní en la resolución del atentado a la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 y en el que murieron 85 personas.

El acuerdo articula nueve puntos, cuyo eje principal gira en torno a la creación de una Comisión de la Verdad (luego rebautizada Comisión de Expertos) compuesta por juristas internacionales para cooperar con la investigación judicial y la posibilidad de que representantes de la Justicia argentina puedan interrogar a los sospechosos iraníes sobre quienes pesa una notificación de captura de Interpol, señaló la agencia Télam.

Las investigaciones realizadas por la justicia argentina determinaron, oportunamente, la responsabilidad del estado iraní. Así fue que la justicia argentina acusó el gobierno de ese país de planificar el atentado a la AMIA y ordenó la captura, entre otros, de siete ex funcionarios iraníes y un miembro libanés de Hezbollah.

El 7 de noviembre de 2007, Interpol emitió circulares rojas para dar con los fugitivos iraníes y llevar ante la justicia a Alí Fallahjan, ministro de Información y Seguridad hasta 1997; Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria; Imad Fayez Moughnieh, jefe del Servicio de Seguridad Exterior del Hezbollah; Mohsen Rabbados; Mohsen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires; Ahmad Reza Asghari, ex funcionario de la embajada, y Ahmad Vahidi, el ex comandante de los QUDS iraníes.

Dos días después de que se conociera el Memorándum, el canciller Héctor Timerman se reunió con dirigentes de DAIA, AMIA y familiares de las víctimas del atentado en un encuentro al que los participantes catalogaron como "muy satisfactorio".

En aquella oportunidad, Timerman llegó al edificio de la calle Pasteur pasado el mediodía y permaneció allí casi por dos horas, para realizar una conferencia de prensa luego de la reunión, en el hall central del edificio.

"El canciller planteó ante nuestras preguntas y las de los familiares que en ningún momento se pasará por encima de la justicia. Esto continúa en los marcos absolutamente legales de la justicia argentina y estas indagatorias a Irán, a los implicados o requeridos por Interpol con circulares rojas, es un logro muy importante", afirmó el entonces titular de la AMIA, Guillermo Borger.

"Lo único que hará la Comisión de la Verdad son recomendaciones al Ejecutivo, no a la justicia, que trabajará de forma independiente" remarcó Timerman -que se encontraba junto a otros participantes del encuentro- consciente de que este tema era el que más preocupaba a la dirigencia judía.

Sentados junto al canciller, Guillermo Borger, de la AMIA y Julio Shlosser, de la DAIA, con matices de opinión, destacaron las explicaciones recibidas y afirmaron que "una cuestión central es que se aclaró el alcance que tendrá el grupo de juristas", dijo Borger refiriéndose a la función de la Comisión.

Schlosser, por su parte, expresó que Timerman les había explicado “que esta Comisión, independientemente del nombre que le pongamos, no va a interferir en el accionar de la justicia, que la justicia que intervendrá será la argentina, a través del fiscal y del juez".

Por su parte, los familiares de Memoria Activa y de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA vieron el Memorando como una alternativa más a los esfuerzos de la justicia argentina.

Olga Degtiar, de esta última agrupación, explicó que "si no hay otra alternativa, si la única posibilidad es ir a Irán, lo apoyamos. Siempre y cuando sea bajo las reglas de la justicia argentina", remarcó.

Sergio Burstein, por su parte, agregó que "esta reunión enseña que antes de opinar hay que escuchar. Pedimos cambiar algunas cuestiones de forma. Aunque el juez diga que los imputados deben ser procesados y detenidos, dudo mucho que Irán acceda".

Consultado sobre el posible incumplimiento persa respecto del acuerdo, dijo que de suceder “quedará claro frente a la opinión pública internacional cuál es la postura de ese país. Se abrirá la posibilidad de hacer denuncias internacionales".

Rosa de Barreiros, mamá de Sebastián, el nene de 5 años que murió en el ataque mientras paseaba con ella por la vereda de enfrente de la AMIA, se mostró “conforme. Tenía dudas sobre el rol de este grupo de juristas internacionales que se formará y quedaron aclaradas".

El acuerdo indicaba que nada podría ponerse en marcha antes de la aprobación por parte de los poderes legislativos de ambos Estados.

Previo a su envío al Parlamento, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó al país de la remisión del proyecto al Congreso para su discusión y eventual aprobación, y aclaró la intencionalidad política de la negociación con los iraníes, ante las críticas que arreciaban desde las dirigencias de la AMIA y la DAIA, quienes cambiaron radicalmente su posición inicial y ahora sostenían que Irán no era "un interlocutor que nos dé confianza".

Cristina, entonces, advirtió: "¿Con quién quieren que negociemos? Con el único país que podemos negociar para conseguir estas cosas es con Irán".

El 21 de febrero de 2013, el Senado nacional aprobó el memorándum por 39 votos a favor y 31 en contra; y el 27 de febrero de 2013, luego de 14 horas de debates en el recinto, la Cámara de Diputados lo aprobó por 131 votos a favor y 113 votos negativos, convirtiendo al memorándum en ley nacional, quedando a la espera de su contraparte iraní para poder ponerse en marcha.

Sin embargo, el 1° de marzo de 2013, la dirigencia comunitaria decidió apelar al Poder Judicial para impedir su implementación y en su carácter de víctimas y querellantes del atentado, AMIA y DAIA expresaron su disconformidad y afirmaron que habían instruido a sus abogados para "iniciar todas las acciones legales que corresponda, con el fin de detener la aplicación del tratado”.

Esta medida cautelar fue rechazada por el juez Rodolfo Canicoba Corral al considerar que era improcedente declarar inconstitucional una ley que aún no funcionaba como tal.

En mayo de 2014, la Sala I de la Cámara Federal compuesta por los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por AMIA y DAIA y revocó el fallo del juez Rodolfo Canicoba Corral declarando inconstitucional el memorándum con Irán, por lo que dicho acuerdo quedó sin efecto.

La sentencia sostuvo que el memorándum avanzaba sobre la división de poderes al inmiscuirse en la competencia del Poder Judicial sin tener en cuenta a las víctimas.

En Irán, por su parte, el texto fue firmado por el entonces presidente Mahmud Ahmadinejad pero nunca recibió tratamiento parlamentario.

A dos años de la firma del memorando, su imposibilidad de ponerlo en marcha y la muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, Sergio Burstein afirmó ayer a Télam que su grupo de familiares sigue “apoyando el memórandum porque no tenemos una oferta superadora. Que no haya llegado a buen término no es por el gobierno argentino sino por la falta de respuesta de Irán”.

Y recordó que “el fallo de inconstitucionalidad no tiene sentencia firme porque está apelado. Nosotros necesitamos seguir más que nunca con la idea de la indagatoria y hasta ahora el único camino es el memorando porque no está contemplado el juicio en ausencia, que sí es inconstitucional e inapelable”, concluyó.