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Cerca de las diez de la mañana, y a sala llena en el Centro de Congresos y Exposiciones, empezó el segundo juicio por crímenes de la dictadura de San Rafael y el quinto en la provincia. Los jueces leyeron los requerimiento de elevación a juicio, donde se detallaron las imputaciones a los 26 represores. "La audiencia transcurrió con normalidad, con una alta presencia de los familiares de las víctimas. Tras un cuarto intermedio, en unas horas se le dará la palabra a los imputados y a sus defensas", dijo a Infojus Noticias Juan Manuel González, subsecretario de Derechos Humanos de Mendoza.

No es un juicio más. Hubo, allí, un acontecimiento singular: el edificio del Poder Judicial de San Rafael funcionó como lugar de detención de personas secuestradas durante la dictadura. Se lo conoció como La Departamental. “También es una megacausa, porque se juzgarán hechos en torno a lo que pasó en el centro clandestino, que es una experiencia única por haberse tratado de una alcaidía dentro de Tribunales. En principio, se trató de un expediente de 360 cuerpos, pero se redujo a 100, porque de lo contrario el proceso corría riesgo de seguir demorado y sin fecha de inicio”, dijo González. Junto a La Departamental, el juicio también pondrá la lupa en otros dos centros clandestinos de San Rafael: la sede de Bomberos y la Radio Municipal.

Que un juicio comience a fin de diciembre es una rareza. Sin embargo, hay una explicación.  El Tribunal Oral Federal resolvió hacer ese día la audiencia inicial para leer la extensa acusación a los 26 imputados y de allí saltar a los primeros días de febrero para continuar con el debate oral. Y, además, hay otra cuestión central. “El 29 se caían las prisiones preventivas de los imputados”, confió una fuente judicial.

"Será el juicio más grande de la jurisdicción de la zona sur mendocina y abarcará a la mayoría de los responsables, tanto de la Policía como del Ejército, en sus roles dentro del aparato terrorista en el marco de una fuerza de seguridad del sur de la provincia", precisó el fiscal Pablo Garciarena. En las audiencias se juzgarán a 26 represores -10 del Ejército y 16 de la policía mendocina- por 72 hechos como desapariciones, detenciones ilegales, torturas, robos y otros delitos.  Son, en total, 73 víctimas en cinco causas acumuladas, que incluye lo que sucedió también en localidades cercanas como Alvear y Malargue. Sólo los fiscales Vega y Garciarena han pedido que declaren 120 personas, que incluyen a víctimas, testigos que declararon en la instrucción, en el juicio anterior y también nuevos testigos: se espera que, en los próximos meses, la querella acerque más pruebas testimonial.

Un intendente de facto que trabajó con Cobos

De los 26 imputados se destaca  LuisStuhldreher, nacido en San Luis, quien fue detenido en 2013. Sobre él caía un pedido de captura nacional e internacional por delitos de lesa humanidad y se ofrecía una recompensa de 100 mil pesos y fue encontrado en la casa de una de sus hijas, en un barrio privado de Luján de Cuyo.

En democracia, el ex intendente de facto regenteó una empresa de seguridad privada que tuvo a cargo hasta 2002 la vigilancia de los edificios municipales de la capital mendocina. Durante el gobierno de Julio Cobos, en la gestión de Roberto Grillo como ministro de Seguridad, tuvo a su cargo la Dirección de Logística hasta 2005.

En el primer juicio por delitos de lesa humanidad en San Rafael, Stuhldreher logró eludir el proceso a través de artilugios jurídicos, como la la falta de mérito dictada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones de Mendoza, lo que le permitió que fuera desvinculado de 20 causas que pesaban sobre él.

Sin embargo, ese beneficio le fue revocado por decisión del juez Eduardo Puigdéngolas, a cargo del Juzgado Federal, ante una nueva denuncia en su contra que fue realizada por el hijo de una de sus víctimas, Mariano Tripiana.  Ahora, cuando comience este juicio, Stuhldreher deberá rendir cuentas de sus actos.

Por otra parte, miembros del Cuerpo Médico Forense se ocuparon esta semana de realizar las revisaciones médicas clínicas y psiquiátricas para que todos los imputados puedan estar presentes en la sala de debate. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) filial San Rafael, su presidente Richard Ermili opinó que este nuevo juicio "además de la necesaria administración de justicia por crímenes aún impunes después de 38 años, es fundamental para consolidar un cambio cultural en una localidad moldeada por la hegemonía de medios cómplices o indiferentes".

"Me parece que `ventilar´ los hechos terminará derribando una enorme cantidad de fábulas políticas e históricas increíblemente aún vigentes en San Rafael, y que hoy pretenden resurgir de la mano de los familiares de los represores genocidas", expresó Ermili.

Estas 26 personas imputadas, 15 de las cuales están detenidas, siete con prisión domiciliaria y cuatro en libertad, surgieron de la masiva orden de detención de 35 personas dictada en 2012 por el juez Federal Puigdéngolas, tras el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad desarrollado en el 2010 y que terminó con cuatro condenados.

Según el cronograma previsto para este nuevo juicio, las audiencias serán los martes y miércoles y se estima que el proceso se prolongará al menos unos seis meses. El tribunal que llevará adelante el juicio está integrado por Fátima Ruiz, de Capital Federal y quien presidirá el tribunal; Héctor Cortez, titular del Tribunal Oral Federal de Mendoza; Díaz Lacaba, de La Pampa; y aún falta designar al cuarto juez suplente, con la fiscalía a cargo de Dante Vega y Pablo Garciarena.

Mientras tanto, integrantes de la APDH y demás agrupaciones políticas y sociales planean una jornada previa de vigilia y acompañamiento a las víctimas y sus familiares, en un pedido unísono de justicia.

Los puntos clave del juicio a jueces

En Mendoza, con la audiencia 60 del “juicio a jueces”, se cerró la primera etapa de una megacausa emblemática por delitos de lesa humanidad. Juan Manuel González rescató la declaración del ex magistrado Luis Miret en el comienzo de las audiencias. Es un megajuicio con 41 imputados entre militares, policías y cinco ex integrantes del sistema judicial. Los procesados de la justicia son el destituido Miret, que fue subrogante y luego juez designado durante la dictadura, de la misma forma que ocurrió con Otilio Romano, también destituido por el Consejo de la Magistratura. A estos dos se suman otros tres ex jueces, Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Rolando Carrizo, todos funcionales a los procedimientos ilegales practicados a partir del golpe de Estado de 1976. El punto común de la acusación a los cinco jueces es por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron por centenares a sus juzgados en forma de hábeas corpus y demás recursos

“El testimonio de Miret ocupó cuatro semanas, y abrió nuevos panoramas. Por un lado, dio por sentada su vinculación con las fuerzas represivas. Luego confesó reuniones con los jefes militares, dijo que estaba armado, y admitió órdenes de allanamiento sin autorización judicial”, explicó González.

Como segundo eje, el subsecretario destacó el rechazo del Tribunal al pedido de autodefensa de Otilio Romano, “por entender que podía defenderse preguntándole a los que fueron sus víctimas. El gesto fue una demostración de fuerza de los actuales jueces”. Por otra parte, subrayó las visitas al D2 -Departamento de Información 2 de la policía de la provincia de Mendoza- y a Las Lajas, uno de los últimos centros clandestinos que se descubrieron en la región.

"La prueba de testimonios que surgieron del juicio reveló cosas nuevas, como que posiblemente existieran fosas comunes alrededor del centro clandestino, en un territorio muy extenso en el que se deberá excavar con mucho trabajo. Se trataba de una casita precaria, inaccesible, al pie de la montaña. Era propiedad de la Fuerza Aérea y las torturas eran feroces. Los que entraban, sabían que podían morir rápidamente. Por eso quedaron pocos sobrevivientes", dijo González.

Por último, rescató el apoyo de los organismos de derechos humanos hacia las víctimas y  los testigos. "Fue muy importante, porque sin un constante acompañamiento, los testimonios hubieran quedado en el camino. El afecto y la contención son clave en una megacausa tan larga como ésta", enfatizó, y aclaró que lo pendiente es una mayor continuidad de las audiencias. "Hubo mucha demora, pediremos que pase menos tiempo entre audiencia y audiencia. La dilación es una estrategia clásica de las defensa y la justicia no lo puede permitir. Esperamos la sentencia entre julio y agosto", concluyó.