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La defensa oficial de los represores Ignacio Aníbal Verdura y Omar “El Pájaro” Ferreyra pidió la absolución de sus clientes, pero en ningún momento negó que hayan estado involucrados en los crímenes de los que hablaron los testigos. María Isabel Labattaglia, la defensora oficial, hizo un alegato técnico de sus defendidos. “Pidió la absolución por varias cuestiones técnicas. Habló de la falta de responsabilidad por prescripción, y cuestionó el juzgamiento por el plazo razonable; es decir, que ha pasado demasiado tiempo desde la comisión de los hechos”, comentó a Infojus Noticias una fuente judicial de la causa.

La semana pasada, el fiscal federal Walter Romero pidió para ellos la prisión perpetua por los crímenes cometidos en el circuito represivo Tandil–Azul –Olavarría. La misma pena había exigido para Walter “Vikingo” Grosse,  mientras que para el cuarto acusado, Horacio Rubén Leites, reclamó 25 años de cárcel. Además, solicitó -junto a querella representada por el abogado César Sivo- la revocación de la prisión domiciliaria del ex general Verdura para que cumpla su condena en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal. Hoy Labattaglia se opuso, argumentando que era un derecho que tenía por su edad, y porque no se había fundado lo suficiente.

En su alegato, que duró tres horas, la defensora Labattaglia no negó los hechos –una defensa fáctica- ni los justificó –una defensa ideológica-. Fue una defensa técnica, en la que cuestionó algunos aspectos técnicos del juicio: el valor de los testimonios de los Juicios por la Verdad, la incorporación por lectura de la declaración del ex policía ya fallecido Miguel Ángel Fuhr, y arremetió contra los dichos del ex sargento Hugo Ivaldo.

Desde 2008, Labattaglia trabaja en la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mar del Plata, con sede en Azul. Además, según informó la agencia de noticias de Olavarría “Comunica”, es jefa de trabajos prácticos de la cátedra Introducción al Derecho de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), e integra equipos de investigación académica.

Sobre los testimonios de estos dos “arrepentidos”, que involucraron directamente a algunos de los imputados, Labattaglia cuestionó su valor probatorio y los acusó –al haber presenciado los hechos que relataban como testigos- de haber incurrido en falso testimonio o haber sido partícipes de esos delitos. “Esas cuestiones ya habían sido planteadas durante la instrucción de la causa, y se trataron en un incidente por separado, y ya fueron negadas y se encuentran firmes. Es decir, en este expediente la Justicia ya negó que alguna de esas dos posibilidades haya ocurrido”, explicó la misma fuente judicial.

El ex policía bonaerense Fuhr, que actuó en la comisaría 1era de Olavarría, habló por primera vez en la década del ’80, en la justicia federal de Azul, cuando contó haber presenciado sesiones de tortura en las que intervinieron policías -que están procesados en una segunda causa sobre Monte Peloni- y mencionó entre los militares las conducían al fallecido Juan Carlos Castignani y al propio Grosse.

Ivaldo, un suboficial del Ejército que actuó en el Regimiento de Caballería “Lanceros General Paz”, había dicho que Grosse “hacía ostentación de su salvajismo a cada rato” y contó cómo golpeaba con crueldad a un secuestrado de Trenque Lauquen. Ese relato lo repitió durante la videoconferencia que fue su declaración en este juicio.

En la segunda parte de la jornada, comenzaron su alegato Gerardo Ibáñez y María Laura Olea, defensores particulares de Grosse. El “Vikingo” había anticipado que la acusación en su contra estaba “inundada de falsos testimonios” y que su abogado iba a explicar “las causas de las muertes” que se le imputan. Gerardo Ibáñez es el hijo de un coronel que murió en 2005, y tiene un largo pedigrí en la defensa de militares acusados de crímenes contra la humanidad: el coronel Alejandro Duret –condenado por la desaparición de Carlos Labolita-, el capitán de navío Jorge Enrique Bautista –que fue quien instruyó el sumario en los hechos conocidos como “La Masacre de Trelew”- y el teniente retirado Ricardo Claudio Gandolfo, por su actuación en el V Cuerpo del Ejército en Bahía Blanca. También defendió al teniente de fragata Julio Alberto Poch, acusado de participar en "los vuelos de la muerte" de la ESMA.

A María Laura Olea, su compañera de defensa, también la une un apego ideológico y familiar sobre sus defendidos. Es hija de Enrique Braulio Olea, ex jefe del Batallón de Ingenieros donde funcionó el centro clandestino de “La Escuelita”, en Neuquén. Para asumir la defensa de su padre, que fue condenado a 25 años por los crímenes en ese lugar, tuvo que renunciar a su cargo como secretaria de la Cámara de Casación, después de que le iniciaran un sumario por incompatibilidad. Además, es vocera del grupo autodenominado “Hijos y nietos de presos políticos”, que pregonan que los juicios por delitos de lesa humanidad son una farsa jurídica para vengarse de una supuesta derrota militar en la última dictadura.