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El Tribunal Oral Federal N° 1 de Neuquén deberá fijar nuevas penas para los represores juzgados por delitos de lesa humanidad en la causa “Escuelita II”, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal hiciera lugar a las apelaciones presentadas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). Los imputados habían sido absueltos por el mismo tribunal, en el juicio que se realizó en 2012.

Hoy tuvo lugar la primera de las audiencias, con la participación de cuatro de los imputados. Los jueces Orlando Coscia, Mariano Lozano y Eugenio Krom deberán fijar nuevas penas para el ex jefe de la Comisaría de Cipolletti durante la última dictadura cívico militar, Alberto Camarelli; el ex jefe militar Gustavo Viton; y Miguel Ángel Quiñones, condenados por la detención y tormentos que sufrieron, entre marzo y abril de 1976, Raúl Soto, Ricardo Novero y Emilio Contreras.

También deberán condenar al gendarme retirado Emilio Sachitella por la detención y torturas sufridas por Ernesto Joubert, en mayo de 1976, en Junín de los Andes. En tanto tendrán que aumentar las condenas por delitos de lesa humanidad contra Raúl Guglielminetti, Enrique Casagrande, Máximo Maldonado y Francisco Oviedo.

En 2012, se realizó en Neuquén el segundo juicio a represores acusados de delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura cívico militar.

Se lo denominó "Escuelita II" en alusión al centro clandestino de detención que funcionó en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 de Neuquén, que dependía de la subzona 52 y tenía asiento en el Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña. Durante el proceso oral y público fueron juzgados 24 acusados por 33 víctimas.

“Esto es un acontecimiento importante porque hubo una sentencia, las partes no estuvieron de acuerdo con algunos aspectos, se apeló, la justicia funcionó y hoy estamos llegando a una respuesta final para este juicio que se inició en el 2012”, expresó Noemí Labrune, dirigente de la APDH de Neuquén, a la agencia de noticias Télam.

Además, destacó que “los puntos discutidos de la sentencia fueron porque no correspondían al pedido de pena o de calificación del delito ni lo que realmente había sucedido”.

El viernes próximo, a las 9, se realizara la segunda y última audiencia para la fijación de nuevas penas, aunque no se sabe aún si el Tribunal resolverá ese mismo día o se tomará una semana de plazo como lo establece la normativa.

Télam/EV/LL