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El titular de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, Leonel Gómez Barbella, y el fiscal ad hoc y prosecretario letrado de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Claudio Pandolfi, pidieron el procesamiento de tres agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), acusados de cobrar coimas, bajo amenazas y violencia, a cambio de mejorar las condiciones de detención de personas privadas de la libertad en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

Según denuncias realizadas en noviembre de 2004, un grupo de detenidos extorsionaba a los nuevos internos para ubicarlos en celdas fijas o con mejores condiciones, bajo la tolerancia o la orden de los agentes del servicio penitenciario Gabriel Aquino, Roberto Aranda y Raúl Fernández, ahora a punto de ser procesados. A cambio de 250 pesos, los acusados aseguraban el traslado, que luego debía mantenerse a cambio de pagos mensuales en pesos o con tarjetas telefónicas. A punta de faca, era acceder o ser marcado para futuros “aprietes” o traslados a las “leoneras”.

Los detenidos acusados de la extorsión, Alberto “el turco” Deud y Braulio Gamarra, ya están procesados en el contexto de la causa y ahora Barbella y Pandolfi pidieron la elevación a juicio oral y público para determinar su responsabilidad.

En paralelo, los fiscales también solicitaron el procesamiento de los agentes del servicio penitenciario por considerar que estas prácticas extorsivas no podían realizarse sin su connivencia. Por ese entonces, Aquino era jefe de módulo de ingreso; Fernández, inspector de servicio y Aranda, jefe de turno.

El requerimiento destaca que “estos hechos, por sus características en lo que hace a la asignación de los internos y su movilidad dentro del establecimiento penal, hace que necesariamente deba intervenir personal penitenciario”.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, quedó “acreditado en forma contundente” que los agentes acusados “son los únicos que podían resolver la reubicación y/o el realojamiento de los internos víctimas de extorsión”.

También destacaron la declaración testimonial del Jefe de División de Asuntos Internos, quien declaró que “de haber ocurrido” los hechos criminales descriptos, “debieron contar como mínimo con la complicidad de algún o algunos agentes penitenciarios.”

Los fiscales solicitaron el procesamiento bajo la calificación legal provisoria de “delito de extorsión en grado de tentativa” porque las extorsiones que originaron las denuncias no llegaron a concretarse.