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La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata rechazó ayer la recusación de los fiscales Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, y Horacio Azzolín, querellantes en la causa en la que se investiga la responsabilidad del suspendido juez Pedro Federico Hooft ante varios crímenes de la última dictadura cívico militar en esa localidad bonaerense.

Los abogados de Hooft, su hijo Federico y Mariano Ayesa, recusaron a los fiscales y al juez federal Martín Baba hace varios días. Manifestaron prejuzgamiento, e intentaron probarlo leyendo declaraciones periodísticas de los integrantes del Ministerio Público, y hasta recurrieron a sus manifestaciones en la red social Twitter para justificar el ensañamiento.

Ayer, luego de una audiencia especial, los camaristas Jorge Ferro y Alejandro Tazza rechazaron la recusación de los dos fiscales. En los próximos días también deberán resolver sobre la recusación del juez Baba, y luego les quedará pronunciarse sobre el pedido de nulidad del llamado a declaración indagatoria de Hooft, también impugnado por el acusado.

Baba es el juez a cargo del expediente en el que se investiga el desempeño de Hooft como magistrado durante los años del terrorismo de Estado. El juez investigado habría rechazado sin ningún tipo de fundamento varios hábeas corpus presentados por familiares y amigos de desaparecidos, como forma de protección a los represores de la dictadura. En la misma causa se investigan los vínculos del juez con el coronel Pedro Barda, jefe de la subzona militar 15, que murió condenado a prisión perpetua por los crímenes de la “Noche de las Corbatas”.

La causa principal en la que se busca determinar el rol de Hooft como juez ante hechos como el de la “Noche de las Corbatas” recién se encuentra en etapa de instrucción, aunque comenzó a ser impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos desde 2006. A partir del pedido de nulidad del llamado a indagatoria, el juez suspendido todavía no se presentó a declarar ante el juez Baba.

Todos los incidentes ante la Cámara de Apelaciones, generados por Hooft a partir de recusaciones e impugnaciones, le permitieron al marplatense dilatar el juicio durante estos años, aunque son maniobras a las que tiene derecho en democracia, dado que la Constitución Nacional le reconoce el derecho a la debida defensa.