Infojus Noticias

Un grupo de organismos de derechos humanos, querellantes, víctimas y testigos de la megacausa Jefatura II Arsenales II presentaron 50 habeas corpus individuales y uno colectivo por el riesgo que corren víctimas y familiares tras la liberación y envío a prisión domiciliaria de 30 represores condenados el año pasado.

La decisión de liberar a 17 represores y enviar a prisión domiciliaria a otros 13 fue tomada en noviembre pasado por la Cámara de Casación Penal. Ambas medidas llegaron un año después de la condena, porque la decisión de la Sala III de la Cámara fue que los condenados volvieran a la situación procesal previa al juicio hasta que la sentencia quede firme. El Tribunal los había enviado a prisión de manera preventiva para el desarrollo del debate.

Cuando se conoció la decisión, los fiscales y querellantes del caso intentaron revertirla, pero el Tribunal Oral Federal tucumano no hizo lugar al pedido. Los jueces Juan Carlos Reynaga, Carlos Montilla y Gabriel Casas, rechazaron el pedido y en el mismo fallo ordenaron el estricto control de las prisiones domiciliarias y disponer al Programa Nacional de Protección de Testigos que releve a los testigos, víctimas y sus familias para la preservación de su integridad.

Los diferentes organismos de derechos humanos –entre los que está la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), HIJOS, y la Asociación de ex Presos Políticos, la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán; Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)- sostuvieron que la medida pone “en riesgo la integridad física, psíquica y moral de quienes atestiguaron sobre los vejámenes a los que fueran sometidos por quienes hoy deambulan en libertad por la provincia”.

"Es necesario remarcar que todos los excarcelados fueron condenados por delitos de lesa humanidad, los más graves que prevé el ordenamiento jurídico y que muchos de estos sujetos revestían cargos de oficiales de inteligencia. Eran los encargados del armado logístico del plan represivo", resaltaron.

También recordaron las constantes amenazas que testigos y querellantes sufrieron a lo largo durante el debate que se desarrolló en 2013 y que "dan cuenta de la necesidad de requerir el resguardo a la integridad física de quienes fueron puestos en riesgo por la Cámara Nacional de Casación Penal".