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La justicia volvió a estar en el primer plano de los juicios por delitos de lesa humanidad. Ricardo Lona, el único ex juez federal de Salta durante la dictadura, quedó a un paso del debate oral. La Cámara Federal de esa provincia confirmó su procesamiento por encubrimiento y prevaricato. Si bien no dio lugar al pedido de fiscalía, que había solicitado una acusación por ser partícipe secundario del homicidio del ex gobernador de esa provincia, Miguel Ragone, abrió el camino para que se lo juzgue por primera vez. “El fallo tiene dos interpretaciones. Por un lado, nos rechaza el cambio de calificación porque se sostiene que no hubo sistematicidad de Lona en otros hechos semejantes. Pero es cuestión de tiempo, tenemos las pruebas para revertir eso con otros casos como el de Ragone. Y por otro es una medida positiva porque confirma el procesamiento de Lona en delitos de lesa”, dijo a Infojus Noticias el fiscal general Francisco Snopek, que interviene en la causa.

Llevar a Lona al banquillo de acusados no es una tarea fácil para una parte de la justicia salteña. Durante casi una década, Lona salió indemne de todos los procesos por su actuación durante el terrorismo de Estado. En 2004, cuando todavía era camarista, fue sometido a un juicio político justamente por haber consentido y no investigado la Masacre de Palomitas. Desde 2011 que los fiscales intentan procesarlo, pero la defensa del ex juez se los impedía con apelaciones. Ahora, sin embargo, hay viento a favor para que Lona enfrente las preguntas de un Tribunal. La Cámara, además, confirmó la decisión de que continúe en libertad, aunque con la prohibición de salir del país, y le trabó un embargo sobre sus bienes por 500 mil pesos. En la presentación de fiscalía, se expuso que, en Salta, “el plan sistemático y generalizado de represión contra la población civil se manifestó, con evidencia, a partir de 1974”.

Según Snopek, está probado que el ex juez Lona no investigó, al menos, 11 denuncias que llegaron a su conocimiento como único juez federal de Salta, sobre desaparición de personas, homicidios y privaciones de la libertad antes y durante la dictadura, ya que “no realizó investigación ni diligencia alguna”. Para el fiscal, su rol fue determinante “porque era el único juez federal de la provincia y le permitió un pacto de impunidad a los represores. Y es el único funcionario judicial que puede ir a juicio en Salta porque el fiscal que lo acompañaba falleció en los ’80. Lona fue juez hasta hace unos años y gozó de privilegios. Pero ahora su situación es comprometida”, explicó.   

Acciones y omisiones del juez                                                          

El 11 de marzo de 1976, el ex gobernador de Salta, el médico Miguel Ragone, salió de su casa para hacer su habitual recorrida laboral: primero, la clínica Cruz Azul y, después, el hospital público San Bernardo, donde hacía guardias. Hacía un año que María Estela Martínez de Perón había intervenido la provincia. Ragone, alejado de la función pública, siguió militando en el peronismo, con cercanías a la Tendencia Revolucionaria, pero lejos de la lucha armada.

Se sabe que aquella mañana alcanzó a subir a su auto pero que, a la vuelta de su casa, fue secuestrado por un grupo de civiles armados que en la huida balearon a Margarita Martínez de Leal y a Santiago Arredes, testigos circunstanciales del hecho. Su auto fue abandonado en Cerrillos, a 15 kilómetros al sur de la ciudad de Salta. Su cuerpo nunca apareció.

El fiscal Horacio Azzolíni había pedido que se considere a Lona como partícipe del homicidio de   Ragone. Lo ubicó  “en colaboración” con los autores de los hechos. Entre otras acciones y omisiones, dijo que Lona no tomó declaración testimonial a la sobreviviente y testigo, Margarita Martínez; que entregó el cadáver de Arredes sin la previa realización de la autopsia; y dispuso el sobreseimiento provisional de la causa el 31 de mayo de 1976, sin ordenar ninguna medida de prueba, apenas doce días después de haber recibido las actuaciones en el juzgado. “El entonces juez –que convalidó la actuación policial– tampoco solicitó información a la justicia de Santiago del Estero, que investigaba hechos conexos, ni la colaboración de otras fuerzas para la realización de peritajes, ni convocó a los dueños de los vehículos robados que fueron utilizados en el procedimiento y ni siquiera buscó elementos para fundar la competencia federal que se arrogó para tomar la investigación, en el marco de la ley 20.840, que perseguía ‘delitos subversivos’”, argumentó la fiscalía.

Los familiares de Ragone aseguran que el ex juez los traicionó: “Ese día nos dijo: no se preocupen, vamos a hacer todo lo posible para saber qué pasó. Nosotras éramos ingenuas –dijo la mujer–, porque creíamos que nada menos que este juez tenía el caso, pero resulta que a los dos meses el caso estaba cajoneado”.

El 11 de octubre de 2011, el Tribunal Oral condenó a prisión perpetua a Carlos Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil, acusados en el marco de la primera “causa Ragone”, por su secuestro. En tanto, condenó a dos años de prisión de ejecución condicional a Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera, y absolvió a Andrés del Valle Soraire y Jorge Héctor Zanetto. En esa causa, también se investigó el homicidio de Arredes y las lesiones sufridas por Martínez de Leal. Este año, en la causa Ragone II, se volvió a condenar a prisión perpetua a Gentil y Guil, además del represor Virtom Modesto Mendiaz. En tanto fijó para Abel Guaymás y Néstor Liendro dos años de prisión de cumplimiento efectivo y tres para Antonio Saravia. 

La Masacre de Palomitas

En tanto, los familiares de las víctimas de la Masacre de Palomitas, como se conoce al fusilamiento de once presos políticos el 6 de julio de 1976 en una ruta del departamento de General Güemes, están  expectantes. En unas semanas, la Cámara Federal volverá a dictar dictamen sobre Lona, pero esta vez sobre su posible participación en el hecho. Si confirma el procesamiento, serían dos los juicios por los que el ex juez podría quedar imputado.

A Lona se lo acusa como cómplice primario de once homicidios agravados por alevosía y premeditación. “Una comisión del Ejército que procedía al traslado de presos subversivos hacia Córdoba fue interceptada y atacada por otros subversivos”, fue la escueta versión de los hechos que Carlos Alberto Mulhall, jefe de la Guarnición Militar Salta, le entregó entonces a Lona. Los presos habían sido sacados del penal de Villa Las Rosas y fueron fusilados al costado de la Ruta 34. Los fiscales Azzolín y Juan Manuel Sivila, además, lo acusan al ex juez en una tercera causa por deficiencias en los trámites de hábeas corpus y la no investigación de denuncias de víctimas y familiares.

“En la causa de Palomitas, Lona está mucho más comprometido, porque hay varias víctimas, más testigos y se prueba su participación directa. Se le acabó el tiempo de impunidad y la época donde ningún juez y fiscal quería juzgarlo porque eran sus amigos en Tribunales. Salta merece saber qué pasó con la justicia en la dictadura“, concluyó Snopek.

JMM/LL