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6-7-2014|13:00|Derechos Opinión
Trata de personas y narcotráfico

Los derechos vulnerados de los “soldaditos” de los bunkers

Para la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe es indispensable avanzar en la puesta en marcha de una Agencia Provincial contra la trata de los menores de edad. Los “soldaditos” son víctimas de las redes del narcotráfico y el eslabón más vulnerable de la cadena.

  • Foto: Ministerio de Seguridad.
 

Hoy forma parte de la vida cotidiana y mediática la situación de niñas, niños y adolescentes vinculados con el concepto de “soldaditos”, trabajando en la venta de estupefacientes en lugares conocidos como “bunkers”, donde la/os niña/os y jóvenes pasan horas o incluso días en situaciones inhumanas. Estos sitios –construcciones del tamaño de una habitación– se encuentran muchas veces cerrados desde afuera y custodiados, lo que determina la privación de la libertad de las chicas y chicos explotados. Es decir que no sólo se encuentran inmersos en el consumo de sustancias, sino también formando parte de redes de violencia armada en sus comunidades, donde existen enfrentamientos entre las distintas facciones que pujan por el dominio de los territorios de tráfico de drogas.

Por tal motivo, y considerando que esta problemática se encuentra dentro de nuestra esfera de competencia, desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe presentamos el 23 de septiembre de 2013 una propuesta al Poder Ejecutivo provincial para la puesta en marcha de una Agencia Provincial contra la trata de niñas y niños y adolescentes para el abordaje de las situaciones de explotación en contextos de venta, distribución y consumo de drogas. Su misión será garantizar derechos fundamentales a las niñas, niños, adolescentes y sus familias y tendrá como principales competencias:

1) la prevención de situaciones de trata hacia niñas, niños y jóvenes;

2) la acción inmediata para separar a los/as niños/as que se encuentren involucrados/as en estas situaciones ante la denuncia de las Instituciones del Sistema y

3) las actuaciones necesarias para restablecer los derechos vulnerados en un ámbito de convivencia familiar y social adecuados.

La propuesta resalta que estas chicas y chicos son víctimas de trata y explotación porque se encuentran privados de su libertad ilegal y arbitrariamente, ya que no pueden disponer de sus tiempos, movimientos y deseos y están en riesgo en su desarrollo personal por las situaciones de violencia vinculadas. Están desvinculados de sus familias, sin un marco de contención y socialización comunitaria adecuada y en muchos casos con sus familias impedidas de acercarse a ellos. Están explotados/as económicamente, cumpliendo funciones y tareas que no son sólo ajenas a su edad sino que, por la naturaleza de las mismas, los ubican en una situación de extrema vulnerabilidad.

Como Estado debemos centrar la mirada de manera crítica en los escenarios sociales que determinan, en la actualidad, situaciones de vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes en la Provincia de Santa Fe. Avanzar en miradas más complejas sobre la “cuestión social” que afecta a la niñez y la adolescencia implica poner en relación indicadores cruciales que posibiliten comprender de qué manera la pobreza y la exclusión –educativa, laboral, cultural, territorial– configuran contextos donde son vulnerados sus derechos humanos.

Existen escenarios que vuelven más vulnerables a las niñas, niños y adolescentes y que condicionan fuertemente su desarrollo. Las situaciones de pobreza y exclusión social –aunque no sean el único determinante– que afectan a mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes, setraducen en múltiples emergentes que incrementan esta condición porque debilitan vínculos y lazos sociales. También favorecen procesos de segmentación habitacional y territorial, dificultan el acceso a derechos básicos como consecuencia de largas desafiliaciones institucionales, distribución desigual de los ingresos y oportunidades, o directamente la ausencia de los mismos.

Las situaciones de exclusión educativa y laboral provocan insatisfacción ante la reducción de expectativas a mediano y largo plazo, hecho que se agudiza cuando se trata de realidades intergeneracionales desarrolladas en estos contextos. El deterioro del espacio físico y las redes comunitarias vuelven común la circulación de bienes y servicios situados por fuera de la legalidad, con el consiguiente involucramiento de los más vulnerables en redes asociadas a estas prácticas y a consumos perjudiciales como el de sustancias psicoactivas.

Por otra parte, la ausencia de políticas de prevención y seguridad adecuadas, así como de un sistema eficaz que garantice a las y los ciudadanos un acceso a la justicia en condiciones de equidad y respeto a los derechos humanos, contribuyen a perpetuar estas condiciones en el tiempo y favorecen su reproducción.

Los escenarios de la vulnerabilidad coinciden con los de la violencia, se entrecruzan o se superponen, y es en ellos donde los derechos económicos, sociales y culturales de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, familias, se ven afectados especialmente. Cada uno de ellos muestra especificidades que es imprescindible considerar a la hora de planificar políticas públicas.

Por todo ello, garantizar una adecuada calidad de vida a la niñez y adolescencia, así como condiciones de desarrollo a mediano y largo plazo implicará la puesta en marcha y consolidación de políticas que posibiliten eliminar las brechas de la desigualdad. También permitirá incorporar efectivamente la perspectiva de género a iniciativas diversas, programas y proyectos; promover la participación de niñas y niños; incluir sus voces en la construcción de conocimiento y acciones que los consideren no sólo destinatarios. Esto les dará la oportunidad de convertirse en protagonistas de la trasformación social y cultural que el tema requiere.

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