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La reapertura de los procesos penales para juzgar a los responsables de delitos de lesa humanidad tiene su antecedente primordial en la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final (23.492) y Obediencia Debida (23.521) en marzo de 2001. Dos años más tarde, el Congreso de la Nación dictó la ley en la que se declaraba la nulidad de aquellas leyes y, finalmente, en junio del 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió su invalidez e inconstitucionalidad. Antes, los organismos de derechos humanos, usando todos los mecanismos legales y políticos a su alcance, habían logrado abrir el camino hacia la justicia con los juicios por la verdad y con procesos contra los represores en el exterior a través del principio de jurisdicción universal para crímenes contra la humanidad.

Desde aquellos primeros pasos hasta la actualidad han transcurrido más de diez años en los que se ha avanzado de manera significativa en el juzgamiento de los responsables de estos graves crímenes. Ello se debe, como se decía, a la inclaudicable lucha de los organismos de derechos humanos, y a la voluntad política en esta materia establecida por el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y que continúa en la actualidad bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Este avance se manifiesta en el número de procesados y de condenados por estos hechos y en la importante cantidad de jóvenes apropiados durante la última dictadura cívico militar que recuperaron su identidad –110 a la fecha– gracias a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo.


Números de 2013: procesamientos, juicios y condenas

En el año 2013, 1.069 personas fueron procesadas por crímenes de lesa humanidad. De esas, 525 ya tienen al menos una causa elevada a juicio y 123 tienen requerida la elevación por parte de alguna de las partes que intervienen en los procesos. 219 procesados se encuentran próximos a iniciar audiencias de juicio o ya se encuentran en la etapa del debate oral.

Otro dato relevante es el aumento de las personas condenadas por crímenes contra la humanidad: 521. Muchos de ellos con más de una condena firme. Durante 2013 se dictaron 160 sentencias condenatorias.
Hasta diciembre de 2013, se celebraron 122 juicios orales a lo largo de todo el país, de los cuales 24 finalizaron durante ese año, es decir, el 20 por ciento. Actualmente están en curso otros 12 juicios, encontrándose previsto para el resto del año, el inicio del debate de otras 11 causas.


El Programa Verdad y Justicia

Desde el Programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se coordinan y articulan con los demás poderes del Estado todas las tareas necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente los procesos de verdad vinculados con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

Una parte fundamental de este proceso de juzgamiento se encuentra vinculado con la obligación estatal de garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y funcionarios judiciales que intervienen en las causas judiciales o en investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad, así como de sus grupos familiares. En este sentido, el Programa elabora informes de riesgo y dictámenes técnicos vinculados a los testigos y a las partes que intervienen en los diferentes debates orales.

En 2013, se elaboraron 19 informes de riesgo, en los que se evalúan diferentes variables, tanto objetivas como subjetivas, a fin de ponderar distintos niveles de vulnerabilidad de los actores que intervienen en los juicios orales –víctimas, testigos, abogados, funcionarios judiciales–. La finalidad de esto es proponer medidas para reforzar su seguridad y contención. Previo al inicio del juicio oral, el Programa presenta estos informes de riesgo al Tribunal interviniente y al representante del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, se elaboraron 29 dictámenes técnicos en los que se evaluaron situaciones de seguridad específicas de actores judiciales y testigos que participan de los procesos en los que se investigan crímenes contra la humanidad.
El Programa también interviene en el proceso de verdad y justicia colaborando en la investigación de los hechos ocurridos durante la dictadura. Esos informes se basan principalmente en el trabajo sobre archivos y bases de datos para relevar elementos de prueba en los diferentes procesos judiciales que investigan crímenes contra la humanidad. En todas las investigaciones se hizo especial referencia a las estructuras organizativas vinculadas al terrorismo de Estado, identificándose los oficiales y suboficiales que las conformaron y sus correspondientes funciones desde 1975 a 1983.
 
Los Informes, además de presentarse ante las autoridades judiciales competentes, fueron remitidos a fiscales, querellantes y a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Durante 2013, se elaboraron y presentaron 4 informes de investigación y en ellos se identificaron a 1.745 oficiales y suboficiales.
El número de identificaciones surge de la totalidad de las personas que son mencionadas, por tener cualquier tipo de vinculación con el terrorismo de Estado. Sin embargo, su mención no implica, necesariamente, su efectiva imputación en crímenes contra la humanidad.

El trabajo mancomunado de diferentes actores y la incansable actuación de los sobrevivientes de los hechos más oscuros que nos tocó vivir como país están haciendo posible el juzgamiento de los responsables de estos crímenes. La tarea que queda por delante es ardua, por lo que se deben redoblar los esfuerzos a fin de hacer efectiva la política estatal y social en búsqueda de memoria, verdad y justicia.