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Un acto simbólico. Eso se pretende sea el encuentro de jueces federales del Norte Grande que se hará el jueves en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en el centro geográfico de la provincia de Salta. Con sus diferencias, desconfianzas y convicciones, los jueces federales de las nueve provincias del NOA y el NEA están de acuerdo: deben producir un hecho que llame la atención sobre la problemática del narcotráfico en el país. Y se deben coordinar acciones para optimizar el aprovechamiento de los recursos que se emplean en la lucha contra el narcotráfico.

Buscan la atención de las autoridades, judiciales y políticas, y de la sociedad. Por eso esta reunión de magistrados de primera instancia (veinte) y segunda (ocho) viene tan publicitada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y Jujuy, que preside Jorge Villada. Al término del encuentro difundirán un documento. Contendrá, ya se sabe, una solicitud a la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidiendo que haya un mayor intercambio con los otros sectores del Estado que trabajan en el tema del narcotráfico y también la creación de más agencias dedicadas a este tema. Otra parte del documento será una apelación a la sociedad. Quieren que se sepa cómo ven los magistrados el problema del narcotráfico en el país, para tomar “real dimensión del problema”. También para que las instituciones, padres y madres se comprometan en la lucha. En palabras de Villada, “de modo tal que el combate se dé en todos los frentes”. 

Aunque algunos jueces tienen sus dudas, la mayoría de los magistrados de la zona confía en que la reunión ayudará a optimizar el trabajo. Para empezar, a coordinar acciones entre jueces de distintas jurisdicciones y evitar planteos que demoran los procesos judiciales. Por su misma característica, los delitos de narcotráfico suelen comprender distintas jurisdicciones judiciales. Se vio claramente en junio del año pasado, cuando un control de la AFIP, la Aduana y Gendarmería en el playón de carga de Orán, motivó que bagayeros (pasantes de mercadería en la frontera) tomaran de rehenes a 15 gendarmes. La investigación posterior determinó que se trataba de una red de contrabando que comprendía las jurisdicciones de Orán, Salta Capital, Santiago del Estero y otras provincias (porque la mercadería hasta llegaba a La Salada, en Buenos Aires). El cabecilla de la red era de Tucumán.

¿Cómo hacer? Fue la pregunta ingente que convocó a la primera reunión de jueces del NOA, realizada el año pasado en la ciudad de Rosario de la Frontera, al sur de la provincia, y a medio camino entre las capitales de Salta y Tucumán. El caso, finalmente quedó en manos del juez federal de Salta Julio Leonardo Bavio. Él ordenó la detención de José Luis “Cabudo” García, a quien se vincula con la banda de los Ale.

A diferencia de aquel primer encuentro en Rosario de la Frontera, el segundo -incluyendo a los jueces del NEA- ha sido más planificado, con mayor revisión del escenario y las acciones que se despliegan en los territorios. El fin de semana pasado, Villada recorrió la extensa frontera internacional salteña lindante con Bolivia y Paraguay (la frontera Chile es, tal vez, la menos conflictiva en lo que a narcotráfico se refiere).

Una frontera salteña de más de 600 kilómetros

Los datos duros indican que Salta es la provincia que concentra la mayor problemática de narcotráfico. Su extensa frontera terrestre dificulta los controles. Visto desde la organización del Poder Judicial Federal, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y Jujuy comprende una “extensísima” frontera de más de 600 kilómetros. Como en el caso de los bagayeros mayoristas, las ramificaciones de las bandas narcotraficantes abarcan distintas jurisdicciones. Por caso, la cocaína que entra a Salta por la frontera con Bolivia llega a Formosa, donde “se están haciendo transacciones importantes” con la marihuana que entra de Paraguay. Son datos que reveló la jueza federal de Sáenz Peña, Zunilda Niremperger, que subroga un Juzgado en Formosa y en marzo pasado estuvo hablando con el Papa Francisco de los problemas de la droga.

“Debe haber por lo menos seis rutas que se interconectan entre el NOA y el NEA y que se meten en Santiago del Estero, Santa Fe, sur del Chaco y Tucumán, y el Litoral, Entre Ríos y Corrientes”, describe Villada para concluir: “Con lo cual tenemos que tener una mirada menos sesgada, menos tabicada de toda nuestra geografía y un diseño de estrategias comunes para todo el Norte Grande y a partir de allí proponer algún tipo de medidas que fortalezcan desde los distintos sectores involucrados esta acción contra el narcotráfico”.

Además del primario objetivo de facilitar el conocimiento entre los magistrados, la reunión se propone lograr un intercambio de información, afectar algunos sistemas operativos, cotejar el progreso de las causas en todas estas jurisdicciones y coordinar aspectos con las fuerzas de seguridad. Y como cada vez que se reúnen los jueces federales, habrá un espacio para hablar de los reclamos de la cobertura de las vacantes, y la necesidad de creación de un juzgado federal en la ciudad de Tartagal (en el extremo norte de la provincia, también cercana a la frontera con Bolivia), otro en Formosa, otro en Misiones, otro más en el Chaco y dos en Jujuy. Y volverá a plantearse la necesidad de construir una cárcel para el NOA y el NEA, ubicada en Orán, para los presos federales de toda la región y los que detenidos por causas vinculadas a los estupefacientes que dependan de la provincia de Salta.

Este es el otro gran tema que se conversará en el encuentro: la desfederalización en la provincia de las causas por delitos de narcotráfico leves (tenencia simple, distribución y venta al menudeo), que desde enero de este año se tramitan en el Poder Judicial de Salta. Representan alrededor del 60 por ciento de las causas abiertas por narcotráfico en Salta. Para tener una idea, en 2013 en Salta y Jujuy se tramitaron 30 mil causas por delitos vinculados al narcotráfico, la mayor parte son de Salta.

La provincialización de estos delitos menores es bien vista por los jueces de Salta. Según los magistrados, la cárcel federal de General Güemes (a unos 50 kilómetros de esta capital) tiene menos detenidos y los jueces federales pueden ocuparse de las causas de narcotráfico a gran escala. Bavio considera que el cambio les permite realizar investigaciones más profundas de bandas organizadas para el narcotráfico a gran escala, como la que se desarticuló recientemente, con un secuestro de más de 150 kilos de marihuana y ocho detenidos.

La investigación y prevención de la venta al menudeo ya estaba a cargo de la Policía de la provincia, lo que cambió es que ahora resuelven magistrados provinciales. En lo que va de este año el Poder Judicial de Salta intervino en 400 investigaciones de microtráfico; aunque no se conoce el número exacto de detenidos, el solo repaso por los partes de prensa que dan cuenta de operativos policiales acerca el número a 200, y ya se dictaron varias sentencias, en muy cortos plazos.

Villada rechaza terminantemente la idea de que se esté criminalizando a consumidores pobres que caen en el delito para sustentar su adicción. Reconoce que quienes venden al menudeo “son los perejiles del sistema”, fácilmente reemplazables en la red de narcotráfico, opina que al “incrementarse la cantidad de justicia actuando sobre la problemática, se incrementa la presencia del Estado”. Otro punto en el que parece haber coincidencias entre los magistrados es en que deberían existir convenios de cooperación con Bolivia y Paraguay, para facilitar también la coordinación de las acciones contra el narcotráfico.

¿Y de despenalización de la droga? Mejor no hablar entre los jueces. Sí hay opiniones encontradas, y ánimo de debatir, sobre qué hacer con los aviones que violan el espacio aéreo con cargas de estupefacientes. Para algunos, la ley de derribo aprobada recientemente en Bolivia, sumada a la ley promulgada en 2004 en Brasil, empuja a los narcotraficantes a surcar aire argentino. Hay aeronaves que no necesitan aterrizar para depositar sus cargas: un claro en el monte les señala el lugar donde dejar caer los bultos. Esta habría sido la operatoria en el caso de los 388 kilogramos de cocaína secuestrados en abril en los campos de Las Lajitas, 190 kilómetros al sur de Salta capital. 

Los investigadores en el terreno afirman que por esta vía entra una importante cantidad de droga desde que se detectó el primer vuelo sobre el territorio salteño, en 1987, cuando una avioneta que traía droga desde Paraguay colapsó (aparentemente por el peso) en San Antonio de los Cobres, ya recostada sobre la Cordillera. Las provincias de la región están comprendidas dentro del Escudo Norte, un operativo de control en las fronteras del NOA y NEA lanzado en 2011 por el gobierno nacional, que incluye radares y sensores. En general, en ámbitos de la Justicia Federal esta iniciativa es bien vista, pero consideran que hace falta más. Aunque este tema no ha sido planteado entre los que se conversarán en Orán, es de esperar que también sea parte del intercambio.