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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, aseguró hoy que la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo de Marchi "estuvo planificada", y confirmó que de ahora en adelante equipos especializados profundizarán la evaluación de salud de los presos por delitos de lesa humanidad que se encuentran en los hospitales dependientes de las Fuerzas Armadas. El anuncio se centró en el resultado del primer informe de la Comisión interministerial creada para analizar la situación de los represores internados. "Quedó en evidencia que muchos traslados eran por temas médicos menores y que podían ser tratados perfectamente en su lugar de detención", dijo Alak en conferencia de prensa.

Alak reveló que un grupo de represores procesados y condenados permanecían internados en forma irregular y sin justificativo médico en el Hospital  Militar Central “Cosme Argerich”. Estaban allí por orden de los juzgados y tribunales orales a cargo de sus causas. "En solo tres días la comisión de asesoramiento interministerial integrada por médicos del Ministerio de Salud, Defensa y Justicia y Derechos Humanos detectó que once internados están en condiciones de alta médica", agregó Alak.

La comisión se creó después de la fuga de De Marchi y Olivera, la semana pasada del Hospital Militar Central. Fue luego de que la justicia Federal de San Juan ordenara sus traslados. Según Alak, fueron "por motivos secundarios que no merecían el traslado desde la provincia hasta el hospital”.

El ministro explicó que son los jueces intervinientes en cada caso particular los responsables del devenir de los represores internados. En los once casos relevados por la comisión, dos habían sido trasladados sin orden judicial y diez de ellos habían violado el alta médica y permanecían internados. "Hicimos un análisis de cada caso, que va a ser girado a los organismos judiciales. No es una atribución del Ejecutivo ni del Servicio Penitenciario", dijo Alak.

Alak informó que “la internación en estas condiciones constituye una grave violación a la Ley N° 24.660, de ejecución de la Pena Privativa de la Libertad”. “Configura -subrayó- un inaceptable trato desigual respecto del conjunto de las personas privadas de la libertad”.El ministro denunció, en ese sentido, la existencia de “una trama de complicidades médicas y judiciales que sostenían privilegios inadmisibles en el marco de un estado democrático y constitucional de derecho”, y reafirmó que “el Gobierno nacional no permitirá ninguna situación de impunidad”.

De acuerdo con lo anunciado por el titular de Justicia hoy dos de los represores detenidos internados por causas de lesa humanidad fueron trasladados a los penales de Marcos Paz y Ezeiza. En estos dos casos no había orden judicial para la internación y por ello se efectuó con mayor celeridad el traslado a una cárcel común. En el resto de los casos, Alak explicó que se reportará el informe de la Comisión a los juzgados pertinentes que han decidido la internación de los condenados. "Le hemos pedido a la justicia que proceda a trasladarlos a los centros penitenciarios que corresponde para cualquier persona que ha cometido un delito en la Argentina", dijo.

En el caso de los dos represores fugados,  De Marchi y Olivera, Alak explicó que los argumentos que motivaron la necesidad de ser trasladados desde San Juana la Capital Federal eran "menores". "En el caso de Olivera era por un problema dermatologico y en el caso de De Marchi por atención psiquiatrica. Dos tratamientos que podían hacerse en el servicio penitenciario", dijo

"El relevamiento de la Comisión puso en evidencia los privilegios de quienes han cometido estos crímenes son de altimisima gravedad y no son cosas del pasado", dijo el ministro.

Alak repasó las situaciones de algunos de los casos relevados por la Comisión: "Uno de ellos estaba internado solo porque debía realizar actividad en bicicleta fija, otro estaba internado por un lipoma, lo que se conoce como una bolita de grasa. Otro estaba internado desde febrero de 2012 por una fractura de tibia y peroné. Otro en una consulta de rutina tuvo presión alta o dolor de pecho. Todos podían ser atendidos perfectamente por médicos del sistema penitenciario sin necesidad de ser internados en Hospitales", expuso.

Alak confirmó que son 17 los detenidos por causas de lesa humanidad. La Comisión pudo evaluar once casos de represores internados en el Hospital Militar Central, de Palermo. Y avanzará en la evaluación de los internados en el Hospital Churruca y un caso particular de un hombre internado en una clínica privada.